Por Carlos del Frade
El juez Fabián Lorenzini, al término de una audiencia pública de casi tres horas y media y con trescientas personas que participamos por zoom y muchas en el salón de actos, decidió pedir informes al directorio de Vicentin para que en el término de tres días presenten un panorama completo para realizar un plan de pagos para los trabajadores y acreedores; que den cuenta de los contratos vigentes y los saldos de cuentas en el exterior a través de Vicentin Uruguay y Vicentin Europa, el stock de mercaderías e insumos para elaborar un cronograma de pagos; una lista de bienes ociosos para que puedan tener una rápida resolución; cuáles son los problemas críticos de las plantas; un análisis de medidas paliativas para la reapertura de las plantas cerradas e invitar al gobierno provincial para incorporarse en este proceso.
Resulta llamativo que al borde de la quiebra y durante cinco años de concurso de acreedores recién ahora se repare en la necesidad de saber cuánto dinero tienen los integrantes del viejo y del actual directorio en cuentas bancarias del exterior. En julio de 2020 el fiscal federal Pollicita había demostrado la fuga de 788 millones de dólares que eran del Banco Nación a paraísos fiscales. Aquel dinero fugado es fundamental para mantener las fuentes laborales de Vicentin.
La deuda posconcursal de Vicentin ya asciende a 38 millones de dólares, 18 de los cuales es con Renova. Lo que se debe en sueldos suma 3 millones de dólares y en luz y gas, 5 millones de dólares. No hay actividad industrial. Para recuperar la actividad en San Lorenzo, por ejemplo, se necesita, como mínimo, un millón de dólares en mantenimiento, fueron algunos de las cifras vertidas por uno de los veedores, Andrés Schocron. Daniel Succi, secretario general de los aceiteros de San Lorenzo, denunció que la parada de las plantas fue ordenada por Pedro Vicentin y que no son seguras por la existencia de material inflamable y semillas de girasol. Igualmente los trabajadores tienen la plena decisión de seguir en las plantas y trabajar a cambio de algo de dinero.
El juez Lorenzini, al cierre de la audiencia, se mostró optimista porque no hubo agresiones y hasta existieron compromisos de aportes empresariales y laborales, aunque escuchó con atención dos ideas que hace años se vienen desarrollando en esta historia que lleva más de cinco años: desplazamiento del directorio e intervención de la empresa.