Existe en nuestro país y nuestra provincia una grave problemática estructural de violencia por motivos de género, y el Estado en todos sus niveles tiene la obligación de dar respuesta de manera efectiva, según los derechos establecidos, entre otras normativas internacionales, nacionales y provinciales, por la Ley Nacional N° 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia hacia las Mujeres.
En este sentido, resulta importante activar en nuestra provincia el Programa Nacional de Inclusión Socio-productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”, creado por Resolución 121/2020 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en relación a las personas en situación de violencia por motivos de género. Esto a partir de la inclusión como beneficiarias del Programa de personas en situación de violencia por motivos de género, a través de la intervención del Ministerio de las Mujeres, Genero y Diversidad de la Nación, establecida en el Anexo de la Resolución 121/2020 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: Programa Nacional de inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”. Objeto y lineamientos generales; y en el Anexo de la Resolución 285/2020 del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación: Programa Nacional de inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local “Potenciar Trabajo”.
Lineamientos operativos. La violencia de género es una problemática profunda y extendida que fue ganando visibilidad y presencia en las preocupaciones sociales durante los últimos años en nuestro país, en especial después del #NIUNAMENOS del 2015, consigna que movilizo y unió a miles de mujeres y disidencias en Argentina y en otros países. Si bien celebramos los avances en el tratamiento de esta cuestión en diversos niveles de las políticas públicas y la sociedad civil, poniendo en evidencia mayor sensibilización y reconocimiento de la violencia por motivos de género, sin embargo esto no se ha traducido en una disminución de los femicidios ni en acciones suficientes, claras y duraderas por parte de los diversos niveles del Estado para erradicar y prevenir dicha violencia. Siguen existiendo importantes dificultades y barreras de género que impiden la autonomía económica de las mujeres y disidencias para lograr construir condiciones de posibilidad real y efectiva para salir de situaciones de violencia por motivos de género. Es deber de los diversos niveles del Estado el compromiso en políticas públicas que pongan freno a esta violencia así como la construcción de dispositivos que permitan pensar otras formas de vivir, donde las mujeres y disidencias no seamos objeto ni propiedad privada de nadie, sino sujetas de nuestras propias decisiones. Desde el movimiento de mujeres y disidencias venimos reclamando por políticas y presupuestos que estén a la altura de las circunstancias, desarrollando propuestas, pero además venimos realizando una tarea enorme y muchas veces invisibilidad, acopiando a mujeres y personas LGTBI+ que atraviesan situaciones de violencia. La emergencia sanitaria y el aislamiento social, preventivo y obligatorio recrudecieron la situación de la mujeres y personas LGTBI+ en situación de violencia, los feminicidios son el único delito que no disminuyo su tasa durante el aislamiento y las demandas a los servicios de atenci6n por violencia de género, como la línea 144 a nivel nacional, incrementaron su demanda.