Valentía política, no aumentos de tarifas.
Como se ve en estas cifras, el presupuesto para ASSA fue descendiendo en términos porcentuales desde 2018 a 2022, del 2,28 por ciento al 1,63 por ciento, siendo, igualmente, la novena partida en el volumen total del presupuesto anual santafesino de más de 851 mil millones de pesos.
El presidente de ASSA, el ingeniero Hugo Morzan, pide un incremento de la tarifa en dos etapas: 40 por ciento en el primer bimestre y 20 por ciento en el segundo. Un mínimo del 60 por ciento.
De acuerdo al informe remitido y que acompaña la convocatoria a la Audiencia Pública del próximo martes 18 de enero, la estimación del valor a recaudar por facturación en 2022 será de 5.396.951 millones de pesos. Si la intención es cobrar un 60 por ciento más, ASSA considera que la población debe pagar más de 3.100 millones de pesos.
En el documento se presenta la estructura de costos, el peso de la inflación y el tipo de cambio y la bajante extraordinaria del Paraná.
En 2007 los aportes del tesoro provincial alcanzaban a cubrir el 22,6 por ciento de los gastos operativos mientras que en 2022 esos aportes del tesoro de la provincia tendrán que cubrir el 69,7 por ciento de los mismos gastos.
El mayor incremento en gastos está en el rubro vigilancia destinados a adicionales policiales y también a contratar seguridad privada. Una de las causas que se señala para explicar esta partida creciente en seguridad son hechos de vandalismo
“La representatividad de la tarifa no solo es del interés del prestador sino que es también una herramienta para asegurar la continuidad del servicio cuya titularidad ostenta el estado provincial”, se lee en los fundamentos.
Nosotros entendemos que garantizar el acceso al agua es un derecho humano que debe seguir produciendo el estado santafesino y que no se trata de un producto mercantil. Por lo tanto la empresa no puede estar sujeta a las variables de costos, déficit y ganancias.
Para eso entendemos que el estado provincial tiene las herramientas para generar una búsqueda de 3.200 millones de pesos que, según nuestros cálculos, supone el aumento solicitado del 60 por ciento sin agregar un peso más a la mochila que carga sobre las espaldas de las familias santafesinas.
Utilización de parte de los fondos de la deuda que tiene la nación con la provincia.
O reforma impositiva progresiva para que paguen más los que más tienen.
Es inaceptable que las 16 principales exportadoras de la provincia no paguen ingresos brutos porque el estado santafesino está imposibilitado por el artículo 126 de la Constitución Nacional.
Y también existe la posibilidad de redireccionar las partidas del propio presupuesto 2022.
Necesitamos ética pública: lo que es de todos debe ser cuidado y conocido por todas las personas que viven en Santa Fe.
Democratizar la democracia, sumar ciudadanía con pensamiento crítico al ENRESS o a las propia empresas del estado santafesino, por ejemplo con las universidades públicas del Litoral y la de Rosario.
Y audacia política para generar una reforma impositiva progresiva y cuestionar el modelo de país unitario que prevalece cada vez más en la Argentina.
Los aumentos pedidos por la EPE, de alrededor de 12.300 millones de pesos y por ASSA, de 3.200 millones de pesos, bien puede obtenerse del monto total que le debe la Nación a la provincia o redireccionar fondos del actual presupuesto o pagar con letras de cancelación garantizadas por esa deuda que tiene el ejecutivo nacional con Santa Fe o buscar que solamente menos de 20 exportadoras paguen el 5 por ciento anual en concepto de ingresos brutos.
Se trata de valentía política y no de aumentar tarifas.