Informe de gestión anual de la Fiscalía General: desde 2014 a 2021 el Ministerio Público de la Acusación llevó adelante 120 casos de lavado de activos, se impusieron diez sentencias y 18 personas fueron condenadas en la provincia de Santa Fe. Piden que se continúe y profundice con el tema.
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Tras la presentación en el Senado de Santa Fe del fiscal general Jorge Baclini sobre el informe de gestión anual, uno de los temas que se discutieron en el recinto fueron las investigaciones de lavado de activos. En tal sentido, desde 2014 a 2021 el Ministerio Público de la Acusación (MPA) llevó adelante 120 casos de lavado de activos, se impusieron diez sentencias y 18 personas fueron condenadas.
Además, se aplicaron 170 millones de pesos en multas, de acuerdo a las cifras expuestas por Baclini.
Al respecto, el diputado del Frente Social y Popular (FSP), Carlos del Frade, señaló que, pese a parecer cifras pequeñas, “lo que dijo (Baclini) sobre el lavado de dinero no es sorprendente”, sino que “es importante”
“Una de las provincias que más causas abre sobre lavado de dinero es Tucumán y no Buenos Aires –que deberían ser más– y ahí está una de las grandes hipocresías de la provincia de Buenos Aires”, señaló.
Y agregó: “Efectivamente, son muy pocas las causas que se abren sobre lavado de activos, porque no se quiere investigar el flujo que alimenta cualquier negocio, legal o ilegal, que es, justamente, la circulación del dinero y su transformación en distintos bienes”.
No obstante, el diputado consideró que “la decisión tomada por el Ministerio Público de la Acusación de investigar el delito de lavado de dinero y de activos desde hace años es absolutamente correcta y hay que profundizarlo y llevarlo a todos los niveles, especialmente a la consideración pública de los partidos políticos tradicionales que generalmente no hablan de estos temas”.
Del Frade recordó, además, que “en la provincia de Santa Fe el primer hecho que se denunció en la Justicia fue el vaciamiento del Banco Integrado Departamental (BID) mil millones de dólares desde 1995”.
Y que “desde entonces tenemos la necesidad de cortar todo negocio que abarque la circulación de dinero”.
“Estas cifras que parecen tan chicas en función de lo que tiene que ver con la economía delictiva o informal es, sin embargo, diferente a lo que suele ocurrir en otros lugares del país. Lo que queremos es profundizar esto, democratizar que la pelea contra cualquier negocio ilegal es el combate contra el lavado de dinero y ojalá esto sea un punto de partida y nunca un punto de llegada”, concluyó.