A 200 años del intento de entregar Famatina a capitales ingleses, el proyecto de ley del Ejecutivo nacional busca desregular la venta de tierras rurales, frontera e incendios a extranjeros. Más de 13 millones de hectáreas ya están en manos externas; la soberanía y los recursos, en riesgo.
Por Carlos del Frade.
4Palabras – La historia oficial sostiene que el primer presidente de la Argentina fue Bernardino Rivadavia a partir de febrero de 1826. El hombre había sancionado a Belgrano por izar la bandera, persiguió a San Martín y hacia 1820 comenzó a cobrar miles de libras esterlinas de la empresa inglesa River Plate Mining Land Company, la compañía de minas y tierras del Río de la Plata. Lo primero que hizo cuando asumió fue enviar a un reconocido soldado de la independencia, Gregorio Aráoz de Lamadrid, a conquistar el cerro de Famatina, en La Rioja, para entregar el oro, la plata y otros metales a sus patrones ingleses. La gente del lugar se organizó en montón pariendo la montonera de Facundo y aquel intento de saqueo fue rechazado.
Hoy, exactamente doscientos años después, Rivadavia retorna a través de Javier Milei para malvender la tierra, bien común del pueblo argentino, al extranjero. Saqueo institucionalizado y legalizado.
Esa historia está en el fondo del proyecto de ley 13/26 mediante el cual propone modificar sustancialmente el régimen jurídico que regula la adquisición y tenencia de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
Hoy existen 13 millones de hectáreas en manos extranjeras, equivalente a toda la superficie de la provincia de Santa Fe o el mapa entero de Gran Bretaña. El límite actual es del 15%, hoy están en el 5%. Todavía con la ley vigente se podrían vender otras 26 millones de hectáreas más. La extranjerización se concentra sobre el río Paraná y la cordillera de Los Andes.
Hoy los principales capitales o ciudadanos extranjeros que manejan la mayoría de las tierras compradas son de los Estados Unidos, 2,7 millones de hectáreas; Italia, 2 millones de hectáreas y España, 1,7 millones de hectáreas.
En el caso del departamento Garay en la provincia de Santa Fe, el 16% del territorio pertenece a capitales estadounidenses, con un equivalente a tres veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
La experiencia internacional demuestra que los procesos de concentración y extranjerización de la tierra generan una creciente pérdida de capacidad de decisión de los Estados sobre sus propios recursos naturales, favorecen la especulación inmobiliaria y dificultan el acceso a la tierra por parte de pequeños productores, cooperativas y emprendimientos familiares.
Por otro lado, el proyecto de ley deroga el decreto de 1944 que reservaba las tierras de frontera exclusivamente para ciudadanos argentinos.
La defensa de la propiedad privada no puede convertirse en fundamento para eliminar las facultades regulatorias del Estado cuando se encuentran comprometidos bienes comunes, recursos estratégicos y la integridad nacional.
La iniciativa se presenta bajo el argumento de fortalecer el derecho de propiedad y promover inversiones. Sin embargo, el texto implica la flexibilización de herramientas que históricamente fueron concebidas para resguardar la soberanía territorial, evitar la concentración de la propiedad y preservar el control nacional sobre recursos estratégicos.
La tierra rural no constituye un bien económico más. Es un recurso estratégico estrechamente vinculado con la producción de alimentos, la preservación ambiental, la protección de las fuentes de agua, el desarrollo de las economías regionales y el arraigo de las comunidades que habitan el territorio nacional.
La experiencia internacional demuestra que los procesos de concentración y extranjerización de la tierra generan una creciente pérdida de capacidad de decisión de los Estados sobre sus propios recursos naturales, favorecen la especulación inmobiliaria y dificultan el acceso a la tierra por parte de pequeños productores, cooperativas y emprendimientos familiares.
Asimismo, existe una preocupación creciente respecto del eventual impacto que este tipo de políticas puede producir sobre el acceso público a ríos, lagos, nacientes de agua, caminos rurales y otros espacios de utilización comunitaria, afectando derechos colectivos vinculados al ambiente y al uso social del territorio.
Por otro lado deroga los artículos 22 bis y 22 ter de la ley de manejo del fuego, la 26.815, diseñada para desalentar los incendios intencionales, eliminando la restricción ahora los terrenos quemados pueden ser convertidos en expansiones agropecuarias o para desarrollos inmobiliarios.
El saqueo que quiso garantizar Rivadavia hoy reaparece con este proyecto de la administración Milei.
Si las tierras y las riquezas argentinas terminan en manos extranjeras no habrá posibilidad de felicidad para los que amamos.
* Carlos del Frade es presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Amplio por la Soberanía de Santa Fe, escritor y periodista de investigación.