Los gobiernos nacionales y provinciales niegan la violencia altamente lesiva en la geografía del sur del mundo mientras se multiplican los negocios del narcotráfico y el contrabando de armas y los suicidios adolescentes. Como contrapartida, se profundiza la resistencia de quienes le gambetean a la resignación y al miedo desde el cuidado de las infancias.
Por Carlos del Frade
(APe).- En los barrios estragados por saqueos varios y negocios mafiosos impunes, hay personas que gambetean resignaciones y miedos y organizan distintas formas de abrazos para que las chicas y los chicos sigan siendo cuidadas y cuidados.
Son marcas en el casi desconocido mapa de la esperanza cotidiana.
Pero existen y son reales.
Esas agrupaciones, intergeneracionales –clave para la imprescindible nueva forma de hacer política-, son capaces de construir merenderos, centros de día, multiplicar tareas educativas y hasta celebrar el juego, el deporte y socializar la belleza por medio de la música, el teatro y la pintura.
Muchas de ellas integran el llamado Consejo de Promoción y Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Rosario, otrora corazón del segundo cordón industrial más importante de América del Sur después de San Pablo.
Apuntan en un reciente comunicado que desde octubre de 2024 retomaron las reuniones y manifiestan “el profundo deterioro de las condiciones, sentidos y alcances de las políticas tendientes a garantizar derechos fundamentales de niñas, niños, adolescentes y sus familias”.
Entienden que “eso se encuentra relacionado con el avance de las estructuras narco criminales en el entramado social, las cuales generan, reproducen y/o multiplican desamparos y violencias de todo tipo”.
Agregan que “la complejidad de esta situación ha aumentado de manera exponencial el deterioro en el acceso de niñas, niños y adolescentes a sus derechos fundamentales”.
“La baja de la edad de punibilidad en la legislación nacional o la ampliación del sistema punitivo a través del nuevo código procesal penal juvenil en nuestra provincia, no son respuestas adecuadas, ya que no brindan ninguna garantía para el acceso a derechos básicos para los niños, niñas y adolescentes, sino, al contrario, agravan sus vulneraciones. Estas iniciativas refuerzan la estigmatización de esta población, tomando un porcentaje ínfimo como si fuera la totalidad de la misma y desdibujando en esa operación el sufrimiento de los niños, niñas, adolescentes y sus familias”, marca el documento.
Así, “junto al desmantelamiento de organismos nacionales como la Senaf (*) que ocupaban un lugar central en las políticas sociales, se profundizan desafiliaciones, en lugar de generar condiciones de posibilidades para los procesos de cuidados”.
Para las organizaciones sociales que conforman el Consejo “bajar la edad de punibilidad en adolescentes es arrasar la ley de protección integral de las infancias. Rechazamos el dictamen de mayoría que pretende bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, el cual se aprobó en la cámara de diputados de la Nación el día 6 de mayo de 2025 ya que pretende avanzar hacia un nuevo proyecto de ley penal infantil”, terminan diciendo estas voces indispensables para seguir impulsando un humanismo beligerante en medio de las diversas formas de saqueo y crueldad.
Mientras los números de los gobiernos nacionales y provinciales dicen que no hay violencia altamente lesiva en la geografía del sur del mundo, otros números, tan oficiales como los anteriores, reafirman la multiplicación de los negocios del narcotráfico y el contrabando de armas al mismo tiempo que aumentan los suicidios entre adolescentes como consecuencia del endeudamiento con proveedores barriales en ciudades grandes y pequeñas.
De allí la necesidad de difundir estos pronunciamientos de gente común comprometida desde hace décadas con la suerte existencial de las pibas y los pibes.
Porque la resistencia de la sensibilidad es tan contundente como las consecuencias de la política del despojo y la crueldad.
(*) Secretaría Nacional de Niñez Adolescencia y Familia
Fuente: Consejo de Promoción y Protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de Rosario, agosto de 2025.