Primero de Mayo en Santa Fe.
Por Carlos del Frade.
“Nos, los representantes del pueblo de la Provincia de Santa Fe, reunidos en Convención Constituyente con el objeto de organizar los poderes públicos y consolidar las instituciones democráticas y republicanas para asegurar los derechos fundamentales del hombre; mantener la paz interna; afianzar la justicia; estimular y dignificar el trabajo; proveer a la educación y la cultura; fomentar la cooperación y solidaridad sociales; promover el bienestar general; impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social; afirmar la vigencia del federalismo y del régimen municipal; y garantir en todo tiempo los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Provincia, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, sancionamos esta Constitución”, dice el preámbulo de la ocasionalmente famosa Constitución de la Provincia de Santa Fe del año 1962.
De esta declaración es importante destacar en el contexto del día internacional de las y los trabajadores los párrafos que sostienen la necesidad de “estimular y dignificar el trabajo” e “impulsar el desarrollo económico bajo el signo de la justicia social”.
La provincia de Santa Fe es la que más aporta derechos aduaneros a la Argentina, 40 por ciento, mientras que la poderosa Buenos Aires, solamente el 28 por ciento. Allí hay una muestra del “desarrollo económico”.
Pero lo difícil es encontrar la justicia social.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el ingreso per cápita familiar en la provincia se sitúa en los 413 mil pesos y la distancia, la grieta entre los que más cobran y los que menos perciben es de 13,11 veces, entre los 93.009 pesos y los 1.220.000 pesos. Según los números del Centro de Estudios para la Producción, el salario nominal por puesto de trabajo registrado en la provincia de Santa Fe es de 835.630 pesos, entre lo público y lo privado, recordando que la línea de indigencia, en abril de 2025, está ubicada en los 160.939,45 pesos y la canasta básica total en 356.073,46 pesos y la jubilación mínima en 285.820,74 pesos.
La pobreza en la provincia de Santa Fe, según el INDEC, alcanza a 678.783 personas, solamente en el Gran Santa Fe y el Gran Rosario.
En una provincia cuyo Producto Geográfico supera los 50 mil millones de dólares anuales.
Es decir que hay concentración de riquezas, extranjerización de las mismas y democratización del empobrecimiento.
Hay desarrollo económico pero no hay justicia social como decía el preámbulo de la Constitución de 1962.
Las actuales tasas de desocupación son del 5,1 por ciento en el Gran Santa Fe y 6 por ciento en el Gran Rosario; 8,4 por ciento de empleo demandante en Santa Fe y 14,6 por ciento en Rosario y 13,4 por ciento de subocupación en los alrededores de la ciudad capital y 8,4 por ciento en la cuna de la bandera.
Un universo de 12 mil personas desocupadas, 21 mil ocupadas demandantes y 33 mil subocupadas en el Gran Santa Fe. Un total de 66 mil personas con problemas de empleo en la región capital de la provincia que más exporta en la Argentina.
Un cosmos de 41 mil personas desocupadas, 99 mil personas ocupadas demandantes y 57 mil subocupadas en el Gran Rosario, otrora corazón del segundo cordón industrial más importante de América del Sur después de San Pablo. Es decir 197 mil personas con problemas ocupacionales en el Gran Rosario.
Entre ambos grandes centros urbanos santafesinos, 263 mil personas atravesadas por la necesidad de tener trabajo digno para empatarle al fin de mes y las urgencias cotidianas.
Por otro lado, el peso de la mayor informalidad laboral recae en la espalda de la juventud menor de 29 años: seis de cada diez tienen empleos informales, según la Organización Internacional de Trabajo, delegación argentina a fines de abril de 2025.
En el segundo estado de la Argentina, durante 2024 se produjeron 42.222 accidentes laborales y enfermedades profesionales, según consigna la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Son 116 accidentes laborales por día, cinco por hora, uno cada doce minutos y la mayoría de ellos se verifican en las grandes empresas que tienen la capacidad económica para cuidar a quienes producen la riqueza que son, justamente, sus trabajadores.
Para la Federación de Industrias de Santa Fe, en el primer año del gobierno de Javier Milei, de acuerdo a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino, en diciembre de 2023 había 520.800 puestos de trabajo en el sector privado; a fines de 2024, hubo 509.100; es decir que en ese primer año de administración se perdieron 11.700 puestos laborales en el sector privado.
Algunos ejemplos de despidos en grandes empresas santafesinas se verifican en Sancor, que pasó de tener 4 mil trabajadores en 2017, a 2.028 en 2025 y con riesgo de ser declarada en quiebra.
La General Motors pasó de 3 mil trabajadores a 600.
Acindar, de 2.300 a mil trabajadores.
El cierre de Dow dejó en la calle a 120 trabajadores de los cuales solamente 2 recuperaron un puesto laboral en una industria similar.
La situación de tres plantas del grupo Vicentin tiene en estado de angustia a 1.300 puestos de trabajo permanentes y casi 4 mil de forma indirecta.
Los problemas financieros de Celulosa Argentina en Capitán Bermúdez generan incertidumbre en 1.441 trabajadores.
Mientras ya se perdieron casi 500 puestos de trabajo en las empresas que tenían el servicio de peaje en rutas nacionales y que atraviesan la geografía santafesina.
Por otro lado, gremios vinculados patrones de buques, serenos y otras actividades del río, están denunciando que la desregulación del sector puede dejar en la calle a 800 familias santafesinas.
En este panorama, el día internacional de la clase trabajadora exige una imprescindible toma de conciencia de la necesidad de poner límites a la voracidad de las grandes empresas como también a la concentración y extranjerización de riquezas que implementa el gobierno nacional, muchas veces acompañada por la administración provincial.