- Por Aire de Santa Fe
El diputado provincial Carlos Del Frade presentó este viernes un proyecto a través del cual la Cámara declara su “profunda preocupación y repudio” sobre la decisión de la Justicia Federal de Rafaela que procesó a la empleada Norma Orellano, el pasado 4 de octubre, a quien le atribuyeron la responsabilidad de la contaminación generada por la fábrica de baterías Nesaglo en la localidad de Ceres, departamento San Cristóbal, por un lapso de 40 años.
Del Frade sostuvo que se trata de un fallo “alejado de la realidad” y agregó: “No solamente es clasista, sino que encubre las responsabilidades de diferentes organismos provinciales y nacionales en las últimas décadas”.
A través de la iniciativa, el legislador del Frente Social y Popular hizo un llamado a “revisar semejante castigo a la parte más débil de un entramado de relaciones económicas, políticas y judiciales que vuelve a marcar que ciertos sectores judiciales se mueven como redes de pescadores invertidas, por donde pasan de largo los peces grandes y quedan atrapados los peces chicos”.
La historia fue revelada por el periodista David Narciso en un artículo publicado en AIRE titulado “El increíble caso de la empleada procesada por contaminación ambiental y muerte en Ceres”. El diputado Del Frade se hizo eco de la nota y calificó a la denuncia como “una aberración legal de la Justicia federal de Rafaela”.
Norma Orellano fue empleada administrativa de la fábrica de baterías Nesaglo, de la ciudad de Ceres, durante 26 años. Fue despedida en enero de 2017 junto a otras 42 personas. Todas estaban contaminadas con altos niveles de plomo en sangre.
La Justicia Federal de Rafaela procesó a la señora Orellano el 4 de octubre pasado como responsable de las consecuencias que provoca el daño ambiental que dejó la fábrica de baterías Nesaglo SA.
Contaminación con plomo en Ceres
A Norma Orellano la Justicia Federal de Rafaela la procesó el 4 de octubre pasado como responsable de las consecuencias que provoca el pasivo ambiental que dejó la fábrica de baterías Nesaglo SA en la que trabajó como empleada por 26 años.
Son daños gravísimos, como la muerte una bebé y la contaminación con plomo de una veintena de personas más que se asentaron a vivir en el edificio abandonado tras el cierre de la fábrica. El detalle que no enfocó la Fiscalía Federal de Rafaela, a cargo de Jorge Gustavo Onel, y el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque es que lejos de ser la “empresaria responsable” de ese desastre, Norma es una de las tantas víctimas: en enero de 2017 fue despedida como el resto de los 42 empleados, de los cuales el ciento por ciento fue contaminado con altos niveles de plomo en la sangre. De hecho Orellano y el resto son demandantes en la Justicia Laboral contra Nesaglo y la familia Sabena, los dueños reales, como sabe cualquier vecino de Ceres.
El procesamiento de Norma incluye inhibiciones y un embargo por $10 millones. Se le achaca no haber cumplido con la ley nacional 24.051 de residuos peligrosos que manda a los responsables ejecutar un plan de cierre para “evitar y sanear la actividad contaminante”.
La falta de congruencia entre la realidad y el reproche judicial es abrumador: se trata de una trabajadora administrativa que toda la vida vivió de su sueldo del convenio metalúrgico y que desde septiembre de 2017 es empleada en un supermercado de Ceres. El moño de la historia es que la familia Sabena, artífice del pasivo ambiental acumulado a lo largo de 40 años con consecuencias fatales, aparece libre de cualquier responsabilidad, y hace su vida en Ceres por el momento sin mayor preocupación.
Lo mismo los sucesivos funcionarios del Municipio y la Provincia, responsables de velar por el ambiente y de intimar el cierre de la empresa en los términos de la ley 24.051. La única excepción es una funcionaria con cargo de directora en el Ministerio de Medio Ambiente a la que la fiscalía pidió procesar pero el juez Bailaque desvinculó por falta de mérito.
Desde enero de 2021, la justicia convirtió la vida de Norma en un calvario. Al día siguiente de la muerte de la bebe Xiomara Crespín (ver más abajo) policías fueron a buscarla a su trabajo en el supermercado, a pesar de que en Ceres todos saben quién es ella y también conocen dónde vive la familia propietaria y la historia de la fábrica: la fundaron Néstor Sabena y su esposa Gloria Allemandi (ambos fallecidos), y luego sus hijos se hicieron cargo. Silvia y Gustavo (fallecidos) y Susana y Adriana, quienes la mandaron a la quiebra en 2017. Ese mal trago con la policía preanunciaba el plan para descargar responsabilidades en el eslabón más débil.
Lo inverosímil ocurrió el 4 de octubre pasado cuando Norma se enteró que la Justicia Federal la había procesado, quedando afuera de reproche los dueños de la empresa y funcionarios locales y provinciales que deben velar por el cumplimiento de las normas. El peso de la historia se siente en Ceres: Norma no logró que la intendenta Alejandra Dupouy la recibiera para ponerla al tanto de las novedades. Tampoco aparece el resto de la dirigencia política, ni radical ni peronista, que fue muy tolerante durante 40 años a pesar de que hay registros fílmicos y testimonios de contaminación desde los años 90.
Por qué la Justicia procesó a Norma Orellano
La Justicia Federal procesa a Norma porque figura como vicepresidenta del directorio de Nesaglo entre marzo y mayo de 2017. La fábrica había cerrado en enero y despedido a todos, la UOM evaluaba la posibilidad de una cooperativa, los dueños acercan un inversor de Buenos Aires, que a su vez pone a manejarla a un tal Daniel Ochoa como presidente. El nuevo inversor, José Levy, que en realidad era un cliente de la fundición de Nesaglo, pretendía que hubiera alguien de parte de los trabajadores que conociera la empresa y que pudiera resolver la firma de cheques en caso que Ochoa, que era jujeño, no estuviese. Ante la necesidad de reactivación, la llegada de un inversor y 42 personas sin trabajo, se evaluó que “no pasaba nada” con que Orellano figurara en el directorio.
No está claro si Norma llegó a firmar esa acta constitutiva de directorio. Sobre lo que no hay dudas es que jamás tomó posesión de cargo, ni lo ejerció (no hay un solo acto en ese sentido ni cobró ningún suplemento salarial por esa función). Además, el acta nunca se inscribió en el Registro Público de Comercio.
El paso de Levy por Nesaglo duró un suspiro. En mayo de 2017, a dos meses de su llegada, se retiró porque el negocio no iba. Ante ese panorama Norma realiza el trámite formal de renuncia vía telegrama. De hecho, retirado Levy, Ochoa intenta seguir adelante, y nombra a otra persona, también de Jujuy y de su confianza para completar el casillero, pero para esa época Norma y el resto de los empleados se dividían el poco dinero que entraba para subsistir.
Lo llamativo (y aterrador) del accionar de la Justicia Federal es que procesó a una trabajadora porque figuró en un papel por dos meses y por eso se le achaca la contaminación de 40 años de la fábrica. Es inverosímil y trágico a la vez, tanto para Norma como para la familia que perdió una hija.