Participamos del debate en torno a la figura de abogado/a de niño/a con proyecto de ley propio y acompañamos el proyecto consensuado que obtuvo media sanción.
Nuestra propuesta contempla la creación de un “servicio de patrocinio jurídico de ninas, niños y adolescentes” en el marco del cual se formará el registro específico de abogados/as. No se trata sólo de generar un listado de nombres (como en otras iniciativas) sino de crear una figura inexistente, de hacer realidad un derecho través del servicio de patrocinio jurídico. Por ello, dedicamos los primeros tres artículos a enmarcar el tipo de intervención que se espera (determinando el criterio interdisciplinario que debe regir y el interés superior de niños, niñas y adolescentes). Por ello propusimos la creación de una Comisión asesora del servicio jurídico con representación de colegios, universidades, Defensoría de niñez y Tribunales de familia, que evalúe el funcionamiento del registro, y le brinde asesoramiento, especialmente en casos de mucha gravedad o trascendencia pública.
Consecuentemente, creemos que tiene que ser parte del Estado (específicamente, de la Corte Suprema de Justicia), en tanto debe no sólo evaluar a los postulantes, seleccionar la nómina y asignar al profesional en cada caso, sino también organizar las capacitaciones y sistematizar y difundir la información resultante de su trabajo. La Corte podrá, para su funcionamiento, celebrar acuerdos con los colegios, pero el servicio tiene que ser parte del Estado porque no estamos hablando de una mera nómina de personas. Sino de una de las entidades encargadas de efectivizar el derecho de los Niños, Niñas y Adolescentes a ser oídos y eso no se hace realidad sólo aportando nombres, sino que hay que trabajar el tipo de intervención. La Corte podrá celebrar convenios con los colegios para el armado del registro y para capacitaciones pero la autoridad a cargo del registro debe ser estatal.