En el día en que se recuerda a José Hernández, una verdadera tradición argentina: la impunidad de los grandes empresarios. El martes 4 de noviembre de 2025 tres jueces federales rosarinos absolvieron a 17 personas, civiles e integrantes de fuerzas federales, de la desaparición de 67 personas en Villa Constitución, en 1975.
Por Carlos del Frade
(APe).- –El general Peñaloza contaba 70 años de edad encanecido en la carrera militar, jamás tiñó sus manos en sangre y la mitad del partido unitario no tendrá que acusarle un solo acto que venga a empañar el valor de sus héroes, la magnanimidad de sus rasgos, la grandeza de su Alma, la generosidad de sus sentimientos y la abnegación da sus sacrificios-, contaba el periodista y militante José Hernández, uno de los pioneros del periodismo de investigación en estos saqueados arrabales del mundo que todavía se llaman Argentina.
Agregaba Hernández que «el asesinato del general Peñaloza es la obra de los salvajes unitarios; es la prosecución de los crímenes que van señalando sus pasos desde Dorrego hasta hoy».
Todos los días 10 de noviembre, en homenaje a este periodista, escritor y político se recuerda la tradición porque es la fecha de su nacimiento en 1834, aunque no se estudie ni se difunda su clandestinidad, sus denuncias políticas y únicamente se lo recuerde como el autor del “Martín Fierro”, la gran novela argentina al decir de Jorge Luis Borges.
En este día de la tradición es bueno saber que uno de sus principales elementos es la impunidad de los delincuentes de guante blanco, de los integrantes del poder económico de ayer, hoy y mañana.
Una verdadera tradición argentina: la impunidad de los grandes empresarios.
El martes 4 de noviembre de 2025 tres jueces federales rosarinos absolvieron a 17 personas, civiles e integrantes de fuerzas federales, de la desaparición de 67 personas en Villa Constitución, en 1975.
Walter Klein, socio de Martínez de Hoz, años después, dijo en la embajada de los Estados Unidos: “Quédense tranquilos, todos los activistas gremiales de Villa Constitución ya están bajo tierra”.
Por su parte, Rodolfo Peregrino Fernández, ex comisario de la Policía Federal relator ante la Comisión Argentina de Derechos Humanos, en 1983, sostuvo que “las patronales de las industrias metalúrgicas instaladas allí, en forma destacada el presidente del directorio de Acindar, ingeniero Arturo Acevedo, establecieron una estrecha vinculación con las fuerzas policiales mediante pagos extraordinarios en dinero”. Remarcó que “el presidente de Metcon, por ejemplo, retribuía con una paga extra de 150 dólares diarios al oficial de policía que dirigía su custodia personal, por un servicio de vigilancia no superior a las seis horas de duración”.
Acindar “pagaba a todo el personal policial, jefes, suboficiales y tropa, un plus extra en dinero, suplementario al propio plus que percibían ya del Estado esos efectivos. El pago estaba a cargo del jefe del Personal, Pedro Aznarez y del jefe de Relaciones Laborales, Roberto Pellegrini”.
Agregó que “Acindar se convirtió en una especie de fortaleza militar con cercos de alambres de púas. Los oficiales policiales que custodiaban la fábrica se alojaban en las casas reservadas para los ejecutivos de la empresa…”.
Aquella inversión en represión y secuestros fue retribuida.
De hecho, Acindar, durante la dictadura, fue favorecida con las decisiones políticas económicas que impuso José Alfredo Martínez de Hoz, ex presidente del directorio de la propia Acindar entre 1973 y 1976.
Aquellos delitos de lesa humanidad generaron, además, una inestimable colaboración con el objetivo primordial del golpe de estado: desarticular la clase obrera y destrozar el derecho laboral argentino, la vieja aspiración del gran capital desde 1955 en adelante.
Acindar tuvo un endeudamiento por 652.193.000 dólares, mientras Vicentín tuvo un volumen de 1.958.000 dólares.
En julio de 1982, a través de José Luis Machinea y Domingo Cavallo, en el Banco Central de la República Argentina, esas deudas privadas fueron estatizadas, pasando a formar parte del fenomenal endeudamiento del pueblo argentino cuando, en realidad, eran negocios particulares.
Fue en 1979 cuando el ex presidente del directorio de Acindar, José Alfredo Martínez de Hoz, en medio de la noche carnívora del terrorismo de estado, había decidido la finalización del monopolio de la Junta Nacional de Granos a la hora de controlar lo que entraba y salía de los puertos argentinos.
Acindar y varias empresas más fueron desaparecedoras, endeudadas en millones de dólares y desocupadoras en las últimas décadas.
Sin embargo hoy, en el día de la tradición, la impunidad una vez más beneficia su pasado, presente y futuro.
Fuente: “El litoral, 30 años después. Sange, dinero y dignidad”, Rosario, 2006, del autor de esta nota. Diarios “La Capital”, “El Ciudadano” y “Rosario/12”, del miércoles 5 de noviembre de 2025.