Hacia 1996, a veinte años del golpe, José Rubén Lofiego era el subjefe de Operaciones de la policía de Rosario. El encargado de organizar los operativos de seguridad, por ejemplo, de los clásicos.
Mario Alfredo Marcote, otro de los condenados también por delitos sexuales, trabajaba en el Colegio Santa Unión de los Sagrados Corazones, de calle Salta entre Lagos y Callao, dependiente del Arzobispado de Rosario.
Gianola fue el primer encargado de la entonces división de drogas peligrosas en Rosario apenas recuperada la democracia.
Agustín Feced, el sanguinario jefe de policía Rosario entre 1976 y 1978, mientras se decía que estaba preso por los delitos de lesa humanidad entre 1983 y 1985, estaba en la provincia de Formosa y pescaba con sus amigos.
Feced, dos años después de muerto oficialmente (1986), ingresó como huésped en el Hotel Ariston. Ya era el año 1988. Todavía no se sabe quién ocupa su cajón en el panteón de Gendarmería en uno de los cuatro cementerios de Formosa.
Hasta el año 1997, Ramón Telmo Alcides “Rommel” Ibarra, seguía siendo jefe de investigaciones de la Unidad Regional II de la policía.
Pero por encima de estos torturadores y violadores, títeres macabros del terrorismo de estado, estaban los titiriteros, los delincuentes de guante blanco, los grandes empresarios de la ciudad, la región y la provincia que pedían el secuestro de trabajadores y trabajadoras. Ellos, todavía, siguen impunes en un 90 por ciento. Son los que le decían a Ramón Genaro Díaz Bessone y Leopoldo Fortunato Galtieri que debían defender a la empresa y el capital privado.