La deuda externa de la Argentina es un problema permanente en las distintas generaciones de los últimos cincuenta años. Desde el terrorismo de estado al presente, los ciclos de permanente endeudamiento encorsetaron el desarrollo de la democracia y redujeron las posibilidades del estado para impulsar el crecimiento con equidad. Los negocios de los bancos internacionales no solamente apuntaron sus intereses sobre los estados nacionales si no también sobre las arcas de las provincias, los llamados estados subnacionales.
Las llamadas “ventanas financieras” fueron bien recibidas por gobiernos de distinto signo político con el consiguiente endeudamiento de las poblaciones provinciales. Esto también sucedió y sucede en la provincia de Santa Fe. En el año 2018, por ejemplo, el presupuesto total fue de 191.314.693.000 de pesos y el servicio de la deuda pública santafesina se ubicó en los 988.503.000 de pesos, lo que representaba solamente el 0,51 por ciento de aquella partida presupuestaria. En el año 2020, con un presupuesto total de 414.934.840.000, el servicio de la deuda pública santafesina se ubicaba ya en 6.353.786.000, es decir que ya implicaba el 1,53 por ciento del total.
En el presupuesto 2021, con una cifra de 518.812.626.000, la deuda pública santafesina asciende a 18.086.586.000, un 3,48 por ciento de las partidas presupuestarias. Desde el 0,51 por ciento en 2018 al presente, con un 3,48 por ciento, la deuda pública santafesina creció prácticamente siete veces. Además de la magnitud de la misma que habla a las claras de la necesidad de buscar dinero afuera en lugar de generar una reforma impositiva progresiva, es vital conocer la identidad de los principales acreedores, tanto estatales como privados.
