500 chicos secuestrados; 30 por ciento era el índice la mortalidad infantil en las principales provincias argentinas. 6 de cada diez desaparecidos tenían entre 21 y 30 años. El 21 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes. La dictadura fue feroz con la niñez y la juventud. Fragmentos imprescindibles de “45 x 45 – 45 números y frases a 45 años del golpe de 1976”.
Por Carlos Del Frade
-500 chicos secuestrados
Leyla Perazzo era la jefa de la policía de menores durante la dictadura en la ciudad de Rosario, bajo las órdenes de Agustín Feced. Con la democracia llegó a ser la titular de la Policía de la Provincia de Santa Fe, durante una de las administraciones de Jorge Obeid. En una entrevista a principios del año 2000, sostuvo que nunca se va a olvidar “de la cara de Cati. Convivíamos con las niñas. La vi sufrir por esa niña, cuidarla. El juez la autorizó a llevarla a su casa. Si no, se hubiera muerto”, remarcó Perazzo en diálogo con este cronista. “Es un episodio muy difícil de borrar. La he visto llorar cuando el juez le ordenó entregar esa nenita a la familia”, agregó.
Perazzo defendió a las celadoras de la policía de menores durante la dictadura porque “hicieron un trabajo como seres humanos más allá del oficial, asumieron roles…”.
“Yo estuve en la peor época… dos o tres años. En general las chicas (por las celadoras) salían a pedir ropa para los pibes. Los llevaban al médico. Hasta una persona como Feced, en una cuestión como la de los chicos, no se metió, dejó que los resolviera la justicia”, indicó.
La policía “recibía un chico del comando y lo anotaba. Ese era un aspecto. Después estaban los grupos de tareas”, diferenció la abogada. “Llegamos a tener como sesenta, me acuerdo”, confesó la funcionaria.
¿Quiénes eran esos sesenta chicos que ingresaron en la policía de menores de Rosario durante la dictadura?. Esa pregunta, hasta ahora, sigue sin responderse.
-30 por ciento era el índice la mortalidad infantil en las principales provincias argentinas.
El ex jefe del Ejército Cristino Nicolaides aseguró ante la Justicia federal que posee una serie de “reglamentos de operaciones” militares oficiales utilizados durante la última dictadura, sostuvo el 7 de abril de 2005.
Según explicó la defensa del represor “quien declaró en Córdoba en una causa por la desaparición de ciudadanos correntinos”, esos registros “demuestran que los procedimientos y la lucha antisubversiva librada contra bandas terroristas fueron en el marco de la legalidad vigente en la época”.
Desde los organismos de derechos humanos señalaron que la estrategia de Nicolaides es “tratar de dar un manto de legalidad a sus crímenes, pero no hace más que confirmar que la represión fue planificada desde el Estado”.
Nicolaides declaró ante el juez federal de Corrientes, Carlos Soto Dávila, quien lo investiga por la desaparición de tres personas durante la última dictadura cuando él estaba al frente de la Séptima Brigada de Infantería de esa provincia.
Según explicó su abogado, Alejandro Zeverín, el ex jefe del Ejército dio “datos” sobre una serie de manuales oficiales impresos en 1966 por el Instituto Geográfico Militar (IGM) que “le permitían al Ejército detener, secuestrar, allanar domicilios, interrogar bajo compulsión física o psíquica, y hasta eliminar físicamente al enemigo”.
En su declaración, Nicolaides aseguró que esos registros fueron destruidos por orden del ex titular del Ejército y actual embajador argentino en Colombia, Martín Balza. “Nunca se hicieron públicos porque en 1995, el señor Balza los quemó, los incineró sin avisar a nadie”, señaló el defensor con la clara intención de involucrar al ex jefe del Ejército. Sin embargo, el represor explicó que algunos ejemplares podrían encontrarse en los archivos del Congreso Nacional o en el IGM, y que él mismo conserva uno de ellos pero decidió no
entregárselo al juez “por miedo a que se lo roben”.
-6 de cada diez desaparecidos tenían entre 21 y 30 años (32,62 por ciento entre 21 y 25 años y 25,90 por ciento entre 26 y 30 años, sumando un total de 58,52 por ciento).
El último listado, fechado el 21 de septiembre de 1982, tuvo un carácter distinto: luego de la Guerra de Malvinas, y el deterioro de la imagen pública de la dictadura, una nota de la Secretaría de Información Pública destaca la directiva del gobierno de “marcar una transición hacia la vida institucional plena del país”. Por ello, propone “evitar medidas y actitudes oficiales que atenten contra esa imagen en el campo de la comunicación”. El 14 de octubre de 1982, el tema fue tratado en el seno de la Junta. El acta N° 236 –que integra el corpus hallado- refleja que los dictadores deciden “proceder en forma gradual a desafectar personas (del listado de Fórmula 4) siguiendo el criterio propuesto para la variante 2 de la SIP”.
Esa gradualidad se tradujo en la conformación de cuatro sub grupos dentro del universo de 199 personas que aún continuaban inhibidas dentro del listado de “Fórmula 4”. La reincorporación iba a ser escalonada: 41 de ellas debían pasar a “contratables” a fines de 1982; otras 60 personas debían dejar de estar en el listado en el primer semestre de 1983; y otras 52 en el segundo semestre de ese año. “Finalmente, la SIP recomendaba (y la Junta Militar así lo decidió) que 46 argentinos, bajo ningún punto de vista, salieran del listado de “Fórmula 4”. Nunca dejaría que “un grupo de argentinos puedan ser contratados para trabajar”, explica el comunicado del Ministerio de Defensa. Entre ellos, estaban los actores Norman Briski y Nacha Guevara, el cineasta Justo Octavio Getino, el músico Miguel Ángel Estrella –que había estado secuestrado en la Esma- y el poeta popular Armando Tejada Gómez.
-21 por ciento de los desaparecidos eran estudiantes.
El 21 de abril de 1977, el obispo de Viedma, Miguel Esteban Hesayne intentó presentar a Harguindeguy, de visita en Río Negro, los casos de secuestros y torturas que se denunciaban en el Obispado. “Regresé de dicha entrevista, angustiado, apenado y embargado de un gran temor por el futuro inmediato de nuestro país”, escribió tres días después Hesayne en una carta dirigida a Harguindeguy. El ministro “a cargo del orden interno admite por principio la tortura como instrumento”, recapitula Hesayne. En ese diálogo “no sólo encontré errores”, agrega, “sino abierta declaración de principios de acción contrarios a lo más elemental de la moral cristiana”.
Hesayne dejó constancia por escrito de que “la tortura es inmoral la emplee quien la emplee. Es violencia y la violencia es antihumana y anticristiana, en frase célebre de Paulo VI para sintetizar la doctrina católica, al respecto”. El obispo decía haber comprobado con angustia que las Fuerzas Armadas “optan para ganar una batalla muy dura y peligrosa por los principios maquiavélicos, renunciando de hecho a Cristo y a su Evangelio, no obstante los actos de culto católico que programen”. Había comprobado que no se trataba de “errores cometidos por algunos” sino que “desde la alta oficialidad se reniega prácticamente del Evangelio al ordenar o admitir la tortura como medio indispensable”.
Ante esta “triste realidad, Dios no puede seguir bendiciendo a Fuerzas Armadas que ultrajan criaturas suyas, bajo el pretexto que fuere. Sigue siendo válido siempre aquello afirmado rotundamente por Jesús: Lo que hiciereis al más pequeño, a mí me lo hacéis”. Con una clarividencia que pocos tuvieron, Hesayne advierte que “una victoria a costa de actos indignos se convierte pronto en derrota, porque nadie construye ni al margen ni contra Dios. Fuerzas Armadas que torturan no saldrán impunes ante Dios Creador”. Si en la historia argentina “hubo pena de excomunión para quienes violaron templos materiales, ¿qué pena merecen los que violan torturando los templos vivos de Dios, que son todo hombre o mujer?”, concluye.