La crueldad del ocaso de la dictadura

Por Mariángeles Guerrero para Periódico Pausa

Jucio DDHH Laguna Paiva
Foto: Gabriela Carvalho

La mayoría de quienes buscan justicia en la Causa Laguna Paiva estuvieron detenidos entre 1980 y 1984.

En las últimas semanas finalizó la etapa probatoria de la causa Chartier, juicio de lesa humanidad también conocido como Laguna Paiva. Ya terminaron las audiencias testimoniales y el pasado 10 de junio se llevó adelante la inspección ocular en el Departamento de Informaciones, el D2, que fue un centro de detención y tortura emplazado en pleno centro de la capital, en San Martín y Obispo Gelabert. El jueves 24, las partes leyeron sus alegatos y se espera la sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Fe.

Seis policías imputados, 11 militantes sindicales, 16 niñas y niños secuestrados y 41 testimonios sobre los hechos son las cifras de una causa que pretende el fin de la impunidad. En los 70, los sobrevivientes vivían en Laguna Paiva, trabajaban en el frigorífico Nelson y formaban parte de la organización sindical La Lucha, que integraba el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el Ejército Revolucionario del Pueblo. Fueron secuestrados en 1980. Junto a ellos se llevaron a esposas, hermanos e hijos.

En el juicio, llevan adelante la querella los abogados Anabel Marconi y Pagliero, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario. El tribunal está conformado por José Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría. El fiscal a cargo es Martín Suárez Faisal.

Uno de los testigos de la causa es el diputado provincial y periodista Carlos Del Frade. Fue propuesto como testigo de concepto por la APDH, que lleva adelante la querella y acompaña a los sobrevivientes. En conversación con Pausa, Del Frade explicó la hipótesis que llevó ante el tribunal conformado por José Escobar Cello (presidente), María Ivón Vella y Luciano Lauría. “Se trata de una idea que venimos trabajando hace más de 25 años, que es el que el aparato represivo que tiene su punta de iceberg con el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 en realidad empezó mucho antes y no terminó el 10 de diciembre de 1983”, afirmó.

El juicio remite a una serie de desapariciones, secuestros y torturas ocurridos sobre el final de la dictadura. A Hugo Silva lo secuestraron el 10 de abril de 1980 y recuperó su libertad el 17 de febrero de 1983. Juan Miranda fue secuestrado el 31 de marzo de 1980; lo liberaron el 16 de marzo de 1983. Catalino Páez, secuestrado junto a su familia, fue chupado el 15 de febrero de 1980 y recuperó la libertad el 15 de agosto de 1984. A Daniel Acosta lo detuvieron el 24 de marzo de 1980 y lo liberaron el 28 de marzo de 1984. A Juan Carlos Sánchez se lo llevaron el 3 de abril de 1980 y pudo volver a su casa el 7 de abril de 1984. Roberto Soria estuvo privado de su libertad entre el 18 de abril de 1980 y el 20 de abril de 1984.

La Causa Chartier o Laguna Paiva revela, una vez más, hasta qué punto la dictadura se había ensañado con las y los obreros que se habían politizado. Para dar con Catalino Páez, figura relevante de la lucha del Partido Revolucionario de los Trabajadores, la policía de Santa Fe secuestró tres familias completas: la de Catalino y la de sus dos hermanos. “Esa era una vigencia que se mantenía todavía en 1980, cuando ocurren los secuestros, más allá de que el grueso de la represión se había instalado desde antes del golpe de Estado, en 1975 puntualmente, tanto en Tucumán como acá en Santa Fe, en Villa Constitución”, contextualiza Del Frade. “En 1980 se sostiene la continuidad de la persecución, cuya información se había empezado a recolectar mucho antes del golpe militar”, asegura.

—¿Cómo se recolectaba esa información?

—En este caso a partir de la policía provincial de Santa Fe, de la policía Federal, de elementos paramilitares que se llamaban personal de inteligencia y que en la ciudad de Santa Fe y en la zona eran aproximadamente cien personas. En Rosario, alrededor de 300. Eran elementos parapoliciales o paramilitares que venían de organizaciones sindicales de derecha o que estaban vinculados directamente al delito y que eran captados por las fuerzas de seguridad nacionales o provinciales.

—¿Cómo funcionaba el circuito represivo en la ciudad de Santa Fe?

—Tenía la particularidad de que se recolectaba información a través de la tortura, en lo que se llamaban las “casitas” de Santo Tomé o de San José del Rincón, incluso en comisarías como la Primera, la Tercera y la Cuarta. También se torturaba en la Guardia de Infantería Reforzada, cerca de la cancha de Colón. Después terminaban todos en el D2, en San Martín y Obispo Gelabert. Ahí empezaba un periplo que podía llegar a tener 14 o 16 traslados por cárceles de todo el país.

Aprender a matar

Hacia la década del 60, tras la Revolución Cubana y en plena Guerra Fría, la Escuela de las Américas en Panamá constituyó una verdadera pedagogía de crueldad. Organizada por militares franceses y estadounidenses para reprimir los movimientos de izquierda de la época en América Latina, fue el escenario de la instrucción de los altos mandos militares argentinos. Allí aprendieron que –en la llamada “guerra contra la subversión”–, todo valía: secuestrar, torturar y matar.

En 2005, en el marco de un juicio de lesa humanidad por la desaparición de tres personas durante la última dictadura militar en Corrientes, el ex Jefe de Ejército Cristino Nicolaides -quien durante ese gobierno estuvo al frente de la Séptima Brigada de Infantería- fue llamando a declarar ante el juez federal Carlos Soto Dávila. Tal como consta en notas periodísticas de la época del juicio, Nicolaides brindó “datos” sobre una serie de manuales oficiales impresos en 1966 por el Instituto Geográfico Militar (IGM) que “le permitían al Ejército detener, secuestrar, allanar domicilios, interrogar bajo compulsión física o psíquica, y hasta eliminar físicamente al enemigo”. Los manuales no fueron encontrados, pero brindan una pista que permite pensar -propone Del Frade- que el aparato represivo tuvo sus nichos iniciales a principios de los 60.

En nuestra provincia, el militar Alcides López Aufranc –oriundo de Venado Tuerto– fue alumno aplicado de aquellas enseñanzas. En 1961 presidió el primer Curso Interamericano de la Guerra Contrarrevolucionaria, que se dictó en la Escuela Superior de Guerra. El Cordobazo lo encontraría reprimiendo a las obreras y obreros que marchaban con Agustín Tosco. En 1976 reemplazó a José Alfredo Martínez de Hoz en el directorio de la metalúrgica Acindar, ligada al aparato represor a través de la entrega de sus trabajadores. Roberto Soria, uno de los sobrevivientes denunciantes en la Causa Chartier, era empleado de esa fábrica al momento de su secuestro, en 1980. La relación entre Acindar y los mandos militares del Segundo Cuerpo del Ejército (cuya jurisdicción incluía a nuestra provincia) muestra el entramado empresarial que sostuvo a la dictadura y su plan económico neoliberal.

“La planificación de las fuerzas conjuntas en contra de lo insurreccional –tal como decían los asesores franceses y estadounidenses– empieza con este seleccionado de integrantes de fuerzas de seguridad nacionales, provinciales y de fuerzas armadas que empieza a darse en 1961”, dice Del Frade. Para él, ese aparato no se desintegró con el retorno de la democracia en 1983. “Sí se había desarticulado la configuración fascista institucional de la dictadura en todo lo que tenía que ver con otros elementos del Estado, pero esos nichos corruptos de investigar a las fuerzas progresistas, a los sectores que ellos llamaban insurreccionales yo creo que se terminaron yendo recién en 1990”, afirma.

Reprimir hasta el final

Lo característico de la Causa Chartier o Laguna Paiva es que los secuestros ocurrieron a partir de 1980, cuando comúnmente se cree que el aparato represivo estaba en su ocaso. Pero esos secuestros no fueron excepcionales. En octubre de ese año, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe titulado Sobre la situación de los Derechos Humanos en Argentina (Octubre de 1979-octubre de 1980). Allí señala, por ejemplo que –entre el 7 y el 12 de mayo de 1980– fueron secuestradas en Rosario once personas, “en su mayoría militantes o simpatizantes del Partido Socialista de los Trabajadores”. Su detención no fue legalizada ni dada a conocer hasta el 19 de mayo de ese año, cuando ya se habían efectuado diversas presentaciones judiciales y administrativas. Durante este lapso estuvieron desaparecidas y fueron objeto de torturas.

Los hechos que el CELS denuncia en su estudio ocurrieron con posterioridad a la misión que llevó adelante en nuestro país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, en 1979.

“Los problemas ocurridos en años anteriores, particularmente a partir del golpe de Estado militar del 24 de marzo de 1976, se mantienen en toda su intensidad. Nada hace pensar que las autoridades argentinas estén dispuestas a llevar a cabo –en caso alguno– investigaciones destinadas a aclarar y sancionar los gravísimos hechos cometidos por sus agentes desde la fecha citada”, puede leerse en el informe del CELS.

“Pero lo más grave es que siguen teniendo lugar, aunque en menor número, episodios y en particular detenciones seguidas de torturas, vejámenes y desapariciones, que ponen de manifiesto la subsistencia de procedimientos ilegales y clandestinos, autorizados y empleados desde el comienzo de la represión. Su reiteración solo es posible por el ocultamiento que se hace de ellos a la opinión pública, mediante la manipulación de los medios de comunicación social y la intimidación”, denunciaba entonces el organismo.

En su testimonio en la Causa Laguna Paiva, el sobreviviente de la represión Hugo Pot afirmó: “Lo que me llama la atención es que la gente de Laguna Paiva fue secuestrada en 1980, parece mentira que en esa época siguieran reprimiendo, ya que entonces las organizaciones revolucionarias prácticamente no tenían existencia”. “Estos juicios se tienen que hacer para que sean condenados quienes deban ser condenados”, sostuvo.