La trama detrás del juicio abreviado contra Marcelo Galaz por abuso sexual

Dionisio Scarpín y Marcelo Galaz.
Dionisio Scarpín y Marcelo Galaz.

Un secretario con muchos secretos

El 17 de agosto de 2020 el entonces intendente de Avellaneda (Santa Fe) Dionisio Scarpín (Juntos por el Cambio) marchó por las calles de su ciudad, contra las medidas de precaución frente al contagio de covid-19. Scarpín, un férreo defensor de la familia Vicentín y un declarado anticuarentena, se contagió de coronavirus. El actual senador nacional había participado de la movilización sin distanciamiento social y con un tapabocas mal usado. Esa irresponsabilidad le costó el contagio de su hijo de 9 años, la niñera del chico, su cuñada y su cuñado. Desde que se conoció el diagnóstico de Scarpín, la Municipalidad de Avellaneda debió cerrar sus puertas, ya que debieron ser aislados e hisopados secretarios y secretarias del gabinete y una decena de empleados que trabajaban en los despachos más cercanos al intendente.

El efecto contagio fue imparable, como se ve. Tal vez por eso aprendió a “tabicar” rápidamente la influencia negativa que le podía causar que Marcelo Galaz –su mano derecha en su vida política– fuera denunciado en 2021 por su propia sobrina –una joven ya veinteañera– por haber abusado de ella entre los 4 y los 11 años, en la casa familiar. Scarpín optó por sacárselo de encima, pero la información que manejaba Galaz debió haber sido importante, porque tras bambalinas, o no tanto, su grupo político, que rige una parte importante de la vida política de la región, se movió para darle una mano. 

Es que Galaz fue acusado por delitos que implicaron que inicialmente el fiscal de la causa, Aldo Gerosa, pidiera 32 años de prisión, pero que curiosamente mutaron en solo 7 de pena y una indemnización de seis millones de pesos. La mano detrás del acuerdo es sin dudas política, habida cuenta de los hombres cercanos a los que asistió en su tarea: como ejemplo, el senador radical Orfilio Marcón, que fue fotografiado en el edificio de los tribunales de Reconquista, cuando era inminente el inicio del juicio oral y público. Todo hace pensar que la suspensión del mismo fue para evitar los pormenores del caso. Por los audios que la propia familia de la víctima consiguió grabar, decían que había que apurar un acuerdo para no lastimar las chances de Cambiemos en momentos de la expresión de la voluntad popular. Así, charlas mediante entre Marcón y Gerosa, se sucedieron dos hechos: el primero, un intento de acuerdo abreviado en cuya mesa de discusión se tiró hasta una propuesta de trabajo para la denunciante en el municipio de Avellaneda –de donde se fue echado el denunciado–, que fue rechazado por la propia víctima. Y el segundo intento, que derivoó en la condena ya contada. El objetivo de Gerosa era tan evidente que hasta llegó a ir con el escrito bajo el brazo a la casa de la víctima para firmarlo. Era entendible, ya el fiscal reconocía que su charla con el senador versaba sobre la negativa de nombrarlo juez, en al menos cuatro oportunidades, pese a haber logrado rendir con holgura el concurso. 

Hay que decir tambien que el fiscal regional de Reconquista, Rubén Martínez, fue ratificado en su cargo hace sólo semanas y contó con el respaldo irresctricto del mismo sector político que el senador Marcón.

La actuación de Gerosa –titular de la Unidad Género y Violencia Familiar de la Unidad Fiscal Reconquista– mereció el reproche de la Auditoría General de Gestión del MPA. En un dictamen elevado a la Comisión de Acuerdos de la Cámara de Diputados de la provincia, el doctor Leadro Mai, recientemente asumido en el cargo de contralor de los fiscales, se inhibió de continuar el procedimiento disciplinario “en el entendimiento que en el caso concreto procede la sanción de destitución en el cargo”.

Hay que decir que la propia víctima hizo públicas varias cartas marcando posición, y en todas denunciaba haber sido revictimizada, no solo por el fiscal sino por la justicia. En rigor, este último abreviado fue aceptado por la víctima, que no quería seguir sufriendo en carne propia las presiones y el destrato del sistema. En palabras de la víctima, que vivió y vive un infierno, su tío “fue su diablo personal” durante 20 años.

El último miércoles, formalmente, tres jueces revisaron el acuerdo abreviado redactado por el cuestionado fiscal Aldo Gerosa, y dos de ellos lo homologaron, con lo cual Galaz salió esposado de los Tribunales de Reconquista. Su esposa entonces optó por amedrentar a la propia víctima advirtiéndole que “se cuidara”, según denunció Natalí Romero, familiar cercana de la denunciante, quien agregó que la mujer se “burlaba y se reía de la víctima en su cara”. Esto sumó rechazo al conflictivo proceso que cargó sobre sus espaldas la joven que hoy tiene 27 años, y que en 2021 radicó la denuncia, enfrentando al poder político de la comarca, donde el radicalismo que abreva en Juntos por el Cambio hace pata ancha.

El “toma y daca” político fue reconocido por el fiscal regional Rubén Martínez, quien confesó que era usual que un político hablara con los fiscales y jueces, tratando de obtener información sobre causas judiciales. “También del propio Poder Ejecutivo llaman”, confió.

La causa Galaz deja por ahora mucha tela para cortar: al día siguiente de conocido el abreviado, el diputado Fabián Palo Oliver y sus pares Carlos del Frade y Claudia Balagué denunciaron penalmente al fiscal Aldo Gerosa, al fiscal regional de Reconquista Rubén Martinez, al senador Orfilio Marcón y a la psicóloga Ana Popelka por sus desempeños en la causa. “Estamos convencidos de que hubo un entramado de protección a Galaz, que tuvo como objetivo atenuar la condena del acusado” dijo el legislador Oliver. “Lo que sucedió con la causa no sólo fueron acciones que constituyen prácticas mafiosas, también es la muestra de que en la justicia, hay una matriz clasista y contraria a la perspectiva de género” remarcó Oliver. Asimismo, el legislador puntualizó que se denunciaron “distintas imputaciones que significan comisión de delitos, como abuso de autoridad, cohecho, por el intercambio de favores entre el senador Marcón y el fiscal Aldo Gerosa”. Por último, Palo Oliver subrayó que “la víctima acordó que se firme el abreviado, pero para que quede claro, no fue ella quien pidió el juicio abreviado, fue el fiscal Gerosa. A la víctima la acorraló el mismo fiscal para que se haga el acuerdo por juicio abreviado”. 

En rigor hay que decir que la covid fue sólo una de las tormentas públicas que debió enfrentar el actual senador Scarpín. Otra fue la defensa de la aceitera Vicentín, cuando el presidente Alberto Fernández intentó expropiarla. Por eso el diputado Del Frade se refirió a él como “el gerente de relaciones públicas de Vicentín”, y el que expresa los intereses de la empresa. Scarpin defiende a Vicentín y defiende al que se hizo cargo de este puerto de Reconquista en 1998, en el que ya en el año 2004 “dejaron de poner un solo papel para certificar lo que pasaba y después el juez federal Alurralde se cansó de hacer procedimientos incautando drogas y denunciando la prostitución infantil en la zona del puerto”, planteó Del Frade. El legislador asegura que los dirigentes políticos locales no quieren decir nada de estos temas porque son cómplices y “han cobrado siempre de la empresa que usó el norte para su propio beneficio. Hay que descolonizar la cabeza, hay que pensar con cabeza propia esto”.

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