El primer informe que la DEA realizó desde la Argentina, en 1998, daba cuenta que el grueso de la cocaína ingresaba y se iba del país a través del sistema Paraná – Del Plata, consolidado a partir de las privatizaciones de las terminales portuarias durante el menemismo rubicundo.
En 2007, cuando Estados Unidos y Canadá le impusieron a México que no debía importar más efedrina porque servía para la producción de las metanfetamintas que inundaban el imperio, la Argentina reemplazó al país azteca en ese lugar clave del planisferio del negocio internacional y paraestatal del narcotráfico. Desde entonces se democratizó el consumo y la distribución de las sustancias en Argentina y el país se convirtió en uno de los principales exportadores.
Desde la provincia de Santa Fe asistimos al operativo “Carbón Blanco”, las 27 toneladas denunciadas en febrero de 2020 y decenas de cargamentos detectados en Europa, especialmente en Portugal y Francia, a partir del año 2008, dan cuenta de un tránsito de por lo menos 50 toneladas de sustancias ilegales exportadas en los últimos quince años por las aguas del Paraná.
Los controles que no controlan son funcionales al negocio. No solamente nichos de estado bobo y cómplice si no también terminales privadas que se ufanan de su eficiencia y honestidad y tienen muy poco de ambas. La detención del paramilitar ucraniano es la anécdota, el drama que sufrimos es la impunidad de los negocios privados, legales e ilegales. Las dos caras de la misma moneda: más violencias para las mayorías y más dinero para pocos.