No a la judicialización de la protesta social en Guerrero Motos

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“La familia Guerrero vive en San Lorenzo desde 1930. Por eso decimos que detrás de cada una de nuestras motos hay casi 80 años de historia. Durante todo este tiempo, las empresas del Grupo fueron creciendo con esfuerzo y trabajo”, dice la página oficial de Guerrero Motos. Agrega que “a partir de 1978 y durante 20 años, Guerrero mantiene una relación comercial con HONDA. Esta importante marca japonesa sigue acompañándonos desde entonces”. Y a partir de 1991, según Honda Motor, el grupo madre en Argentina, “Honda solicita el soporte de compañías locales para la distribución de sus productos: Guerrero SA e IMSA SA (2w) y Surauto SA (4w)”.

En 1993, “instalamos nuestra Planta en el sector industrial de San Lorenzo. Un área de 350 mil m2, con puerto propio, desde dónde continuamos con nuestras actividades: fabricar, importar, distribuir y comercializar todo tipo de motovehículos y sus partes”. En los años 1998 y 1999, Honda Motor de Argentina SA reasume la importación de motos y su comercialización. Según el último balance presentado, Honda Motor Argentina facturó 20.745 millones de pesos en 2019 (publicado en 2020), a razón de 56 millones de pesos diarios, 2.638.150 pesos por hora y 98.672 pesos por minuto. A pesar de semejante volumen de ventas, la empresa despidió a 23 trabajadores, no fue a ninguna de las audiencias convocadas por el Ministerio de Trabajo de la provincia de Santa Fe y en el colmo del cinismo y la visión clasista, el secretario gremial de SMATA Rosario, Román Moyano, fue detenido por orden del fiscal Aquiles Balbi, convirtiendo un conflicto gremial y social en una imaginaria realidad delictiva.

Es fundamental actuar a favor de los trabajadores despedidos, rechazar la criminalización de la protesta y poner énfasis en la formación intelectual de algunos integrantes del poder judicial. Es la empresa la que incumple y genera el conflicto, no al revés. Por eso es inadmisible que se sancione a un trabajador.

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