La Comisión de Seguimiento de Vicentin se reunió con el fiscal Salum

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La Comisión de Seguimiento de Vicentin de la Cámara de Diputados de Santa Fe mantuvo este lunes una reunión con el fiscal federal Roberto Salum para conocer detalles del proceso de indagatorias a 14 directivos y exdirectivos de la empresa que están acusados de presentar facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del Impuesto al Valor Agregado (IVA) entre 2016 y 2018.

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, dispuso que las indagatorias comiencen este martes y se extiendan hasta el 20 de diciembre. Además la firma agroexportadora está incluida como imputada en su carácter de persona jurídica.

«La idea que teníamos era conversar con el fiscal general en función de que mañana comienzan las audiencias imputativas en función de que hay una serie de denuncias realizadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) sobre falsificación de facturas, en las cuales se habrían cobrado el reintegro de exportaciones por parte de Vicentin», explicó el presidente de la Comisión de Seguimiento, Luis Rubeo, este lunes en declaraciones a Conclusión.

En la reunión con el fiscal federal estuvieron presentes los legisladores Carlos del Frade, Fabián Palo Oliver, Rubén Giustiniani y el mencionado Luis Rubeo; mientras que los diputados Gabriel Real, Betina Florito y María Laura Cornaglia participaron de manera virtual.

«El delito consistió en la presentación de facturas apócrifas de parte de empresas apócrifas, que son 60 en todo el país en las provincias de Buenos Aires; Entre Ríos; Santiago del Estero y Santa Fe. Eran empresas que se constituían en pocos meses y servían para licuar e ingresar dineros de los que se desconoce la procedencia», detalló a su turno el diputado provincial Carlos del Frade, al repasar lo discutido con el fiscal Salum.

Y amplió: «Esta causa se basa en las denuncias de la Afip, que viene acumulando aquí la documentación de un proceso histórico que es muy importante señalar porque es el proceso de mayor expansión de Vicentin: 2016 a 2018, cuando la firma pasa a ser la sexta empresa que más factura en la Argentina dentro de las 1.000 que más facturan en el país. Además termina siendo la primera exportadora. Por eso es tan importante esta investigación que se inicia mañana en la Justicia Federal de Reconquista».

Los integrantes de la Comisión de Vicentin indicaron que Salum les adelantó que la pena establecida para este tipo de delitos va de los tres años y medio a los nueve años. Asimismo, les especificó en este momento todos los directivos y exdirectivos se encuentran en libertad.

«En este momento se encuentran todos en libertad. Se le preguntó si estaba evaluando alguna medida y por el momento no. El trámite judicial seguirá con ellos, los imputados, en libertad», contó Oliver en declaraciones a Conclusión.

LA CAUSA

El juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, citó a prestar declaración indagatoria por presuntas maniobras fraudulentas a 14 personas, actuales directivos y exdirectivos de la empresa agroexportadora Vicentín y a la propia firma, como persona jurídica. Los imputados deberán responder en orden al delito de aprovechamiento indebido de beneficios fiscales, ya que se los acusa de haber presentado facturas apócrifas para acceder indebidamente a reintegros del Impuesto al Valor Agregado. Las indagatorias comenzarán este 1° de noviembre y se extenderán hasta el 20 de diciembre.

La investigación de la causa se encuentra a cargo del titular de la Fiscalía Federal de Reconquista, Roberto Salum, quien les imputó la presentación de facturas apócrifas entre el 2016 y 2018 que generaron un perjuicio al Estado de al menos 140 millones de pesos en la recaudación del IVA, con el siguiente detalle: $84.672.402,38 en 2016; $44.466.746,54 en 2017; y $11.464.326,29, en 2018. La fiscalía cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) -a cargo de Diego Velasco y María Laura Roteta- que participó en el análisis técnico y la confección del dictamen.

La causa se originó a raíz de una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos que detectó 54 proveedores apócrifos entre los emisores de los comprobantes presentados por Vicentín.

Según el representante del MPF, en la investigación se han comprobado irregularidades tales como la inexistencia de Clave Única de Identificación Tributaria en los emisores de las facturas y de personas incluidas en la base de facturas apócrifas de la AFIP incluso antes de la fecha en la que contrataron falsamente con la empresa.

Además, se detectaron casos en los que los supuestos proveedores no denotaban actividad real; no tenían capacidad económica ni financiera; no justificaban el origen de los granos; no se lograba su localización o bien en los domicilios de acopio no se verificaba actividad alguna; o tenían nulo o escaso personal declarado o sin relación con la actividad.

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