CONTROL CIUDADANO DE LA POLICÍA

La democracia argentina está a punto de celebrar cuatro décadas de construcción ininterrumpida. Con luces y sombras, la historia de estos cuarenta años es una sucesión de luchas de diferentes sociales por ampliar los límites del sistema para que, justamente, la palabra democracia se haga una realidad concreta en lo económico, lo judicial, lo civil, lo cultural y en el plano ele la seguridad.

La tarea de democratizar la democracia demanda la producción de espacios de participación ciudadana en cualquier ámbito de decisión de los estados y gobiernos provinciales. Y uno de esos lugares fundamentales es la selección de oficiales dentro de las policías de los subestados nacionales como son las provincias.

Al analizar la evolución de los principales delitos contra la comunidad en las cinco principales provincias argentinas como son Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Tucumán y Entre Ríos, es imprescindible tomar conciencia que el narcotráfico, el contrabando de armas y municiones, la trata de personas y el robo organizado, tienen como insumos básicos nichos corruptos de las fuerzas de seguridad provinciales.

Así como los partidos políticos o frentes que se hacen cargo de los ejecutivos provinciales no pudieron democratizar las fuerzas y por eso hemos propuesto democratizar la conducción política de la policía de Santa Fe a través de la participación de la Legislatura, además del ejecutivo, ahora creemos fundamental sumar una herramienta más de participación ciudadana a través de las organizaciones sociales cuando se barajan los nombres de las y los oficiales que ascenderán en un nuevo período. Esa presencia de las organizaciones sociales, conocedoras como pocas otras identidades políticas, la manera de proceder de oficiales policiales es indispensable para hacer los procesos de ascensos y destinos no solamente más transparentes sino también más eficaces para la población en general.

De allí que presentamos este proyecto de ley con el objetivo de democratizar la Policía de la Provincia de Santa Fe a través de concretar audiencias públicas convocadas desde la información que poseen las organizaciones sociales. Y para despejar cualquier tipo de temor sobre las filtraciones de informaciones que podrían derivar en intimidaciones de parte de los integrantes de esos mencionados nichos de corrupción de la fuerza policial, entendemos que la autoridad de aplicación debe ser el Ministerio de Gobierno del estado santafesino.

Uno de los ejemplos cercanos es la experiencia cordobesa.

La Legislatura de aquella provincia estableció a través de la Ley 10.197 del año 2014 el Programa “Control Ciudadano de la Policía de la Provincia de Córdoba” para aquellos efectivos de la fuerza que están en condiciones de ascenso ante la Junta de Promoción de la Policía y que permite a las organizaciones sociales del lugar donde dichos oficiales prestan sus servicios, pronunciarse sobre las condiciones personales y profesionales de los uniformados. ‘Tales apreciaciones pueden ser anónimas y detalladas en un formulario para ser depositado con antelación a las Audiencias en el “Buzón Ciudadano” ubicado en diferentes lugares públicos como CPC en el caso de la ciudad de Córdoba o municipalidades y centros vecinales en el interior de la provincia”, apunta la síntesis de aquella experiencia.

Los vecinos “tienen 30 días previos a las fechas de las Audiencias para emitir sus opiniones sobre los efectivos en condiciones de ascenso, las cuales serán posteriormente “elevadas a la Junta de Promoción y a la Autoridad de Aplicación, la que deberá ameritar su contenido para receptar o rechazar las posiciones, debiendo adjuntarse luego esas actas a la propuesta de ascensos que se eleve al Poder Ejecutivo Provincial”

Más allá de los resultados concretos de la experiencia vale la pena intentar nuevos mecanismos de participación ciudadana para construir, definitivamente, una fuerza policial más vinculada a la democracia que a los negocios de muy pocos.