Si bien se creó en 2016 el “Programa Provincial de Protección y Acompañamiento de Testigos y Víctimas”, creemos que, como dice el proyecto, la víctima de violencia institucional exige, por la propia naturaleza de la violación a los derechos humanos que sufrió, un tratamiento diferenciado en relación a las víctimas de violencia o hechos delictivos que han sido causados por civiles.
De allí que, atento a las particularidades de la violencia institucional, el proyecto prevé la constitución de un programa provincial específicamente dirigido a reconocer y garantizar los derechos de reparación integral de las víctimas, proponiendo que dicho programa cuente con autonomía funcional e independencia financiera (tal como la normativa internacional y nacional recomienda).
La Provincia también creó la Unidad de Prevención de la Violencia Institucional, reconociendo la necesidad de trabajar en este ámbito. No obstante, esa unidad busca trabajar en prevención y no prevé allí tampoco formas de reparación para víctimas de Violencia Institucional.