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La Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción este jueves al proyecto de emergencia educativa propuesto por Sadop y presentado por el Diputado Carlos Del Frade. El tema fue girado al Senado provincial, que ahora deberá estudiarlo en comisiones y definir si lo aprueba o lo rechaza. La declaración de emergencia es por un año y tiene como finalidad restablecer los derechos constitucionales de enseñar y aprender, respetar los criterios de inclusión y calidad educativa, garantizar el cumplimiento de los acuerdos paritarios y establece la reinserción de estudiantes al sistema educativo que perdieron acceso a las propuestas educativas. Además, se propone la creación del Consejo Provincial de Emergencia Educativa para la toma de decisiones adecuadas para las características del territorio provincial. La ley le otorga facultades al Ejecutivo para tomar decisiones extraordinarias pedagógicas y presupuestarias que reparen el derecho a la educación y exige “el estricto cumplimiento de la Ley 12.958 (paritarias), así como la implementación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en toda la provincia según la Ley 12.913, a los fines de elaborar un protocolo para el retorno ordenado y seguro a las escuelas”. Además, dispone la creación de un plan de inclusión digital para docentes y estudiantes y la inclusión de los estudiantes que abandonaron la escuela desde el inicio de la pandemia.

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La declaración de emergencia es por un año y tiene como finalidad restablecer los derechos constitucionales de enseñar y aprender, respetar los criterios de inclusión y calidad educativa, garantizar el cumplimiento de los acuerdos paritarios y establece la reinserción de estudiantes al sistema educativo que perdieron acceso a las propuestas educativas. Además, se propone la creación del Consejo Provincial de Emergencia Educativa para la toma de decisiones adecuadas para las características del territorio provincial.

La ley le otorga facultades al Ejecutivo para tomar decisiones extraordinarias pedagógicas y presupuestarias que reparen el derecho a la educación y exige “el estricto cumplimiento de la Ley 12.958 (paritarias), así como la implementación de los Comités Mixtos de Salud y Seguridad en toda la provincia según la Ley 12.913, a los fines de elaborar un protocolo para el retorno ordenado y seguro a las escuelas”. Además, dispone la creación de un plan de inclusión digital para docentes y estudiantes y la inclusión de los estudiantes que abandonaron la escuela desde el inicio de la pandemia.