El proyecto busca implementar un marco regulatorio para los desalojos, que sea compatible con los derechos humanos y las libertades fundamentales que toda persona tiene ante el acceso a una vivienda adecuada y el desarrollo sostenible de los asentamientos humanos.
El proyecto crea, bajo la órbita del Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad, la Dirección Provincial de Protección contra los Desalojos Forzosos, la cual será la autoridad de aplicación de la presente ley, con sus correspondientes equipos interdisciplinarios y unidades de alojamiento transitorio. Determina una serie de acciones a cargo del Estado que deben ser cumplimentadas por éste antes, durante y posteriormente a un desalojo.