- Publicado por La Capital
La Comisión legislativa de Seguimiento de Vicentin presentó un nuevo informe sobre la crisis de la agroexportadora que hace un año pidió abrir el concurso de acreedores por una deuda demás u$s 1.300 millones. Los diputados que la integran repasan en el nuevo escrito la tarea realizada para intentar explicar las causas del default más grande de la historia la provincia. Y para asegurar los tres objetivos que se fijaron: defender las fuentes de trabajo, el interés provincial y nacional y conocer el destino de los fondos que la compañía tomó y no devolvió.
La comisión se conformó en marzo del año pasado, por decisión unánime en la Cámara baja, y está integrada por legisladores de todos los espacios políticos. Luego de los fallidos intentos de intervención de los gobiernos nacional y provincial, su rol de seguimiento se fortaleció. “Siguió su trabajo y al día de hoy es la única instancia política institucional que continúa atenta al desenlace del concurso preventivo y de las causas judiciales que rodean al caso Vicentin”, subrayan los legisladores.
La comisión se creó casi en simultáneo con el primer informe que presentó en la Legislatura provincial el economista y director del Banco Nación, Claudio Lozano, una de las primeras voces que denunció que el default de Vicentin era la consecuencia de una política de vaciamiento de quienes conducían la cerealera, en complicidad con las autoridades politicas nacionales de entonces. Esa idea se fue afirmando con la publicación de los sucesivos informes de la Sigen, la Inspección General de Justicia de Santa Fe y los economistas del Banco Nación, así como con las acciones penales iniciadas en la Justicia Federal y provincial por parte de los principales acreedores comerciales y financieros, incluidos poderosos bancos extranjeros.
En ese período, los diputados se entrevistaron, entre otros, con el titular del estudio de abogados que lleva adelante unas de las investigaciones contra Vicentin Saic, por lavado de dinero, sobre todo en relación a las operaciones con su sociedad paraguaya. También con los síndicos y el juez del concurso. Además, con el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien investiga la existencia de “facturas truchas” denunciadas por la Afip; con Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, responsables de dos estudios claves para el Banco Nación sobre la empresa Vicentín; con el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum, quien lleva adelante la investigación penal instada por el Fiscal Federal de Comodoro Py, Gerardo Pollicita. Sobre finales del año pasado, se reunieron fcon el fiscal de Delitos Económicos de Rosario, Miguel Moreno, que lleva la causa penal más grande contra los responsables de la empresa; y con unos de los veedores del concruso, el economista Sergio Arelovich.
La información recolectada fue volcada en tres informes que fueron difundidos públicamente y se constituyen documentos muy relevantes para el acceso general a los pormenores del extraño default de este holding que en cuatro años pasó del puesto 25 al 7 en el ranking de las empresas que más facturan en el país, para quedar al borde de la quiebra.
“El haber ido desde un principio a las fuentes, el manejo objetivo de la información, la realización de informes periódicos con los avances logrados y sobre todo su composición pluripartidaria, sumado a que todas las decisiones fueron tomadas por unanimidad, le da a La Comisión una perspectiva objetiva de lo acontecido y una vigencia necesaria en estas instancias”, señala el informe que se dará a conocer hoy en el anexo de la Cámara de Diputados de la provincia en Rosario.
Uno de sus integrantes más activos, el diputado Carlos Del Frade, subrayó que el concurso de acreedores de la agroexportadora “está montado sobre una mentira”, que empieza con que “Vicentin no es solamente Vicentin Saic, es un conglomerado de por lo menos 16 empresas en Argentina y casi una decena más en diferentes países del planeta”. En ese entramado, sobresalen desde el año 2000 en adelante, “la constitución de sociedades off shore, el depósito en paraísos fiscales y cuentas en Uruguay”. En esta enmarañada ruta se extravió la plata de los productores y acopios que entregaron granos y no los cobraron, y de bancos oficiales y privados, nacionales y extranjeros, que otorgaron millonarios créditos de cobro casi imposible.