- Por Carlos del Frade
La sobreactuación es una clave para entender que la hipocresía garantiza la impunidad de los negocios ilegales y ofrece una distorsionada imagen de la realidad con el objetivo de confundir las consecuencias con las causas.
Las violencias urbanas que generaron 288 homicidios en Rosario durante 2022 están insertas en las fronteras difusas, cada vez más oscuras, entre lo que debe ser y lo que realmente se constata todos los días en los barrios de la ex ciudad obrera.
Muchos patrulleros cuidan a los lugares de venta de drogas y armas y no a la gente del barrio.
Muchas comisarías trabajan, desde hace años, para las bandas narcopoliciales en lugar de proteger los intereses de las familias vecinas.
Desde el interior de las cárceles y penales, las cabezas de las organizaciones dan las órdenes que se ejecutan y ejecutan en las calles de los barrios sin problemas de comunicación o imposibilidad que supuestamente brindan los barrotes de las prisiones.
El dinero grande que fluye a través de los bancos, casas de cambio, mutuales, clubes de fútbol, “cuevas”, agencias de turismo e inmobiliarias legales e ilegales, sigue invisible ante la acumulación de vidas juveniles que se pierden en los barrios.
En lugar de trabajarse desde lo cercano a lo lejano, el arte de la impostura que practican las personas que representan a los diferentes gobiernos, ubica la responsabilidad lejos de los barrios, la ciudad y la provincia.
Y entonces, como no puede ser de otra manera, repiten la receta ideada por los Estados Unidos desde los años noventa: ocupación militar de las regiones siempre estragadas de la América mestiza.
Si algo faltaba ante semejante práctica cotidiana de la desmesura de la impostura y la sobreactuación, ahora hay comisarías valladas por miedo a las balaceras de las bandas que operan en esos mismos barrios desde hace años y que para hacerlo necesitaron y necesitan de la complicidad de los nichos de corrupción de las fuerzas de seguridad.
La información sostiene que tres comisarías de la zona noroeste de Rosario fueron valladas el jueves 6 de abril a la mañana, luego de que en las últimas horas se registraran un atentado incendiario a un patrullero estacionado en la comisaría 15ª y un ataque a tiros al Order (Oficina de recepción de detenidos), de 27 de Febrero
Las seccionales 12ª, de barrio Ludueña, y sub 24ª de Empalme Graneros fueron reforzadas. Lo mismo iba a ocurrir con la 20ª, de Carrasco al 5600. La medida se tomó después de una amenaza recibida por un efectivo de la Prefectura Naval. El agente recorría Provincias Unidas el miércoles, cuando un hombre en moto le advirtió que el sábado o domingo próximo alguien va a atentar contra las comisarías 12 y la 20.
En la denuncia, el oficial precisó que le advirtieron que “quieren prender fuego los autos que están en la puerta o efectuar disparos”.
La policía, la herramienta política de los estados provinciales que debe generar seguridad democrática en los barrios y para lo cual dispone de presupuesto y armas, elige mostrarse impotente, como cualquier familia, ante esas bandas narcopoliciales.
Fenomenal impostura, nuevo ejercicio de la hipocresía planificada.
Porque si eso hace la policía qué le queda a la población que soporta balaceras, usurpaciones y otros tipos de violencias cotidianas.
Las seccionales valladas son, por otra parte, geografías que suelen repetirse en las noticias como lugares más proclives a proteger los delitos que la tranquilidad de los barrios.
Comisarías valladas, entonces, parece ser la nueva representación de la hipocresía y la sobreactuación que solamente busca trabajar sobre las consecuencias y no reparar en la urgencia de enfrentar las causas de tanto negocio vinculado a la violencia.