En casi 30 años fracasaron más de 20 intentos por modificar la ley provincial de fitosanitarios

Agrotóxicos Matan

El descubrimiento de sábalos contaminados con agroquímicos en las aguas del río Salado reabrió el debate sobre el uso de plaguicidas en nuestro suelo. La provincia de Santa Fe cuenta con una ley sancionada en 1995 que desde entonces nunca se actualizó, pese a los más de 20 proyectos presentados en la Legislatura para modificar aspectos claves de la normativa. Algunos legisladores proponen debatir el asunto analizando evidencia científica sobre los efectos de estos productos en la salud y el ambiente. ¿Cuáles son las resistencias a los cambios de la ley?

El estudio fue realizado por científicos de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) y da cuenta de la contaminación encontrada en peces del tramo inferior del río Salado —una cuenca fluvial rodeada de cultivos transgénicos— con un “cóctel” variado de plaguicidas que incluye “concentraciones muy altas” del insecticida cipermetrina, herbicidas polares como el glifosato y glufosinato de amonio, y el fungicida piraclostrobina. Además, el informe publicado en la revista científica Elsevier (Países Bajos), advierte sobre el potencial riesgo de que esta situación se dé en uno de los peces más consumidos en la zona y de exportación a otros países.

En ese marco, el bloque Igualdad y Participación impulsó un proyecto de declaración manifestando su preocupación por los resultados del informe científico que fue votado por unanimidad en la Cámara de Diputados de la provincia. Sin embargo el tema divide aguas en la Legislatura y la falta de consensos queda en evidencia con los intentos por reformar la Ley Provincial de Productos Fitosanitarios, la 11.273, que regula una distancia de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas y de 500 para las terrestres.

La ley vigente se sancionó en junio de 1995 y apenas cinco meses después se modificaron tres artículos (11, 17 y 19). De ahí tuvieron que pasar 14 años hasta que prosperó un proyecto para cambiar el artículo 5 que refiere a los recursos y la denominación de la cuenta bancaria que opera los aportes de aranceles, multas y subsidios vinculados a la ley. En estos 28 años son los únicos dos proyectos que lograron romper las barreras de la Legislatura y reunir consensos para hacer modificaciones: todos cambios de orden técnico que no generaron variaciones al funcionamiento o espíritu de la normativa. 

En todo este tiempo se presentaron 21 proyectos para modificar el articulado de la ley, 18 en la Cámara de Diputados y 3 en Senadores. De ese total solo 4 llegaron a una media sanción y uno se encuentra en estos momentos en comisión. Y esto sin contemplar la cantidad de pedidos de informes o declaraciones que también se cuentan de a decenas y de los que muy pocos tuvieron respuesta. 

Los intentos de la Cámara baja

Uno de los primeros intentos por reformar aspectos claves de la ley se dio en 2006, de la mano del diputado Antonio Riestra (ARI) que propuso restringir el uso de agroquímicos en las zonas cercanas a los centros urbanos, actualizar la clasificación toxicológica de los productos a usar y limitar las excepciones previstas en la normativa actual. Sin embargo, el proyecto de Riestra no prosperó y fue presentado nuevamente en abril de 2008. Ese mismo año, el diputado Carlos Fascendini (UCR) propuso un proyecto que estipulaba una distancia de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas y ampliaba de 500 a 1.000 metros la distancia para las aplicaciones terrestres con productos A y B (de mayor toxicidad). En marzo de 2009, el diputado Roberto Reutemann (PJ) presentó un proyecto similar que fue tratado conjuntamente con el de Riestra y Fascendini y obtuvo la media sanción, aunque nunca fue tratado en el Senado y perdió estado parlamentario. En 2011, el dirigente radical reingresó la iniciativa, pero no tuvo éxito en la Cámara baja.

En 2013 aparecieron dos proyectos que fueron motivo de debate durante algún tiempo. Por un lado, la diputada socialista Inés Bertero propuso establecer una distancia de 3.000 metros para las fumigaciones aéreas y de 1.000 metros para las terrestres con productos banda roja y amarilla (muy peligrosos y moderadamente peligrosos), mientras que para los productos banda azul y verde (poco peligrosos y normalmente no peligrosos), la distancia sería de 200 metros. Por otro lado, el proyecto del legislador justicialista José María Tessa prohibía las aspersiones aéreas con cualquier tipo de producto y fijaba una distancia de 800 metros libre de fumigaciones, permitiendo aplicaciones con productos banda azul y verde desde los 800 metros hasta los 1.500, productos banda amarilla desde los 1.500 a los 3.000, y productos banda roja solo a partir de los 3.000 metros. Ambos proyectos naufragaron sin reunir los consensos necesarios hacia adentro de la Cámara, sin embargo afuera las posiciones quedaron marcadas: mientras que las organizaciones ambientalistas promovían el proyecto de Tessa, los sectores vinculados al agro veían con mejores ojos la conocida como “Ley Bertero”. 

Para 2015 ambas iniciativas fueron reingresadas en Diputados, en el caso de Bertero, con algunas novedades. Su nuevo proyecto establecía una “zona de producción especial” donde dentro de los primeros 50 metros desde el borde de la zona urbana, o 25 metros en caso que haya una cortina forestal, se permitirían producciones agroecológicas con elementos autorizados por el Senasa para producciones orgánicas. Luego, habría una “zona de control estricto” desde 50 metros (o 25 si correspondiera) hasta los 200 metros, donde solo se permitirían productos de banda verde. Por último, una “zona de producción condicionada” desde los 200 hasta los 800 metros permitiría la aplicación de productos de banda azul y verde. El proyecto también incluía beneficios impositivos para los campos dentro de las zonas restringidas y dejaba la posibilidad de aplicaciones selectivas por parte de los gobiernos locales en caso de justificación y fundamentación. A pesar del rechazo de las organizaciones ambientalistas, en la Cámara se terminó imponiendo el proyecto de Bertero logrando una media sanción que, de todas maneras, nunca fue tratada en el Senado. 

Luego sería el turno del diputado Carlos del Frade, del Frente Social y Popular, que en 2017 acercó a la Legislatura un proyecto respaldado por la organización ambientalista “Paren de Fumigarnos”. La iniciativa retomaba algunos lineamientos de la presentada por Tessa, como la prohibición de las fumigaciones aéreas, pero ampliaba el área de exclusión de plaguicidas de 800 a 1.500 metros para las aplicaciones terrestres, permitiendo las fumigaciones con agroquímicos banda azul y verde de los 1.500 a los 2.000 metros; banda amarilla de los 2.000 a los 3.000 metros y banda roja de los 3.000 en adelante. El proyecto caducó y volvió a ser presentado dos años después. En 2008 el diputado Leandro Busatto ingresó a la Cámara baja una iniciativa de similares características. 

En 2019, el diputado Santiago Mascheroni presentó un proyecto que prohibía las fumigaciones aéreas dentro de un radio de 3.000 metros de las zonas urbanas, pero permitía excepciones en una “zona de flexibilidad máxima” de hasta 2.000 metros para productos de baja toxicidad, con una prohibición absoluta en áreas con escuelas o clubes. Para las fumigaciones terrestres, se establecía una “zona de producción especial” sin productos químicos de 1.000 metros alrededor de las zonas urbanas, seguida por una “zona de control estricto” donde se podrían usar productos de baja toxicidad, y después de los 500 metros, productos más tóxicos. El proyecto fue considerado una suerte de “postura intermedia” entre las iniciativas más restrictivas y las más permisivas con las fumigaciones, retomando aspectos que ya habían sido planteados anteriormente. El proyecto de ley fue el último del estilo que recibió una media sanción, pero no prosperó su tratamiento en la Cámara alta. 

En 2018 y 2020 hubo dos intentos fallidos del diputado radical Fabián “Palo” Oliver por incorporar el artículo 13 Bis a la ley vigente, proponiendo la creación de un “registro epidemiológico” para evaluar los efectos directos e indirectos en los trabajadores y las poblaciones afectadas por agroquímicos. Ante la falta de resultados, además, Del Frade volvió a presentar su proyecto en 2020 y en 2022. Este último se encuentra en estos momentos a la espera de ser evaluado. 

La resistencia del Senado 

Desde el Senado fueron mucho menores los esfuerzos por modificar la ley. No es una novedad: recién en mayo de 2021 la Cámara creó una Comisión de Medio Ambiente. Previo a su paso por Diputados, Fascendini ocupó una banca en la Cámara alta de la Legislatura donde impulsó dos proyectos para reformar la ley: uno en 2002 que procuraba regular la disposición final de envases, utensilios descartables y restos de los fitosanitarios no usados, y el otro en 2006, similar a los que más tarde presentaría desde la Cámara baja. Ese proyecto obtuvo media sanción del Senado, pero esta vez quedó sin tratamiento en Diputados. 

El último intento de reforma de la ley 11.273 en el Senado fue impulsado por el socialista Juan Carlos Zabalza en 2011. La iniciativa promovía un área de exclusión de 3.000 metros para fumigaciones aéreas con productos de banda roja y 1.000 metros para los de banda amarilla. Para las fumigaciones terrestres, se proponían 1.000 metros de distancia de las zonas urbanas, con la posibilidad de que los municipios regulen ordenanzas para fumigar con productos de banda azul y verde desde los 200 metros de las zonas urbanas. Una curiosidad del proyecto de Zabalza es que diferenciaba el tratamiento del glifosato prohibiendo su aplicación aérea dentro de los 1.000 metros del límite de la planta urbana y su aplicación terrestre dentro de los 500 metros, en línea con el “fallo San Jorge” y el principio precautorio de la Ley Nacional de Ambiente. A pesar de la inclusión de estas medidas, el proyecto nunca fue aprobado en el Senado.

¿Cuáles son las resistencias?

En cuanto a los motivos que frenan los cambios a la ley de fitosanitarios en la provincia, el diputado provincial Carlos Del Frade sostuvo que hay una resignación de los grandes partidos políticos ante el poder económico que en Santa Fe “lograron imponer una agenda donde es mala palabra decir agrotóxicos”. Y apuntó contra “fuerzas progresistas” de la provincia como responsables de trabar el debate legislativo: “Parte del socialismo no quiere que se trate. En estos siete años que yo estoy en la Legislatura una de las fuerzas políticas que más ha tirado la pelota a la tribuna ha sido el socialismo”. 

“Hoy tenemos una ley de 1995 que marca un límite de 500 metros para prohibir las fumigaciones, pero ni siquiera eso se respeta porque en las 365 localidades que tiene la provincia terminan siendo los productores que van modificando las ordenanzas municipales cuando esto en realidad es una ley provincial que debería cumplirse en todos los lugares, pero no hay ninguna voluntad política de ir en contra de la fumigación que hacen los productores”, expresó y agregó: “Creo que es fundamental empezar a independizar la política del poder económico. Pero cuando los grandes partidos políticos están subordinados a los grandes poderes económicos es difícil”. 

A su vez, Érica Hynes, presidenta de la Comisión de Medio Ambiente en Diputados, remarcó que en los últimos años vienen participando de reuniones con sus pares del Senado con el objetivo de recabar información y escuchar a los actores involucrados en el tema. La meta es acercar posiciones y ver la viabilidad de una nueva ley, pero por el momento parece difícil: “La verdad es que hay dos posiciones bastante dicotómicas y cuesta encontrar consensos para que se pueda votar algo”. 

En ese marco, la dirigente socialista también señaló que desde el plano nacional poco se ha avanzado en la materia, algo que podría ayudar a regular hacia adentro de las provincias. Hoy en Argentina rige desde 2016 la ley 27279 que establece presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, pero la regulación de las distancias sigue estando en manos de las provincias. “Lo que a veces charlamos con distintos actores es que quizás sería mejor tener una legislación de nacional para que después las provincias adhieran. Ahí podrían establecerse algunas cuestiones que deberían ser iguales para todas las provincias. Pero eso tiene sus pros y contras, porque no es la misma la realidad de una provincia petrolera que una que basa su economía en el campo o la industria”, evaluó.  

No obstante, para la presidenta de la comisión de ambiente en la Legislatura, la discusión se tiene que dar con la última información científica disponible. “Hay veces que están cristalizadas posiciones con informaciones que son más antiguas y tendríamos que estar mirando lo último que se produce para tomar las decisiones bien informadas. Y por eso también es que acompañamos el informe de los investigadores de la Universidad Nacional del Litoral y del Conicet”, señaló. 

Por su parte, la diputada Agustina Donnet apuntó contra “lobbys” vinculados a intereses económicos. “Hay sectores de poder que se benefician por llevar adelante este tipo de actividades y que, como contrapartida, degradan el ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos”, cuestionó. Y consideró que hay actores que buscan “relativizar” el impacto de los agroquímicos en la salud de las personas: “Hay alertas de la Organización Mundial de la Salud diciendo que el glifosato y otros agrotóxicos pueden tener un impacto en las personas, la flora y la fauna. Y las posiciones dicotómicas son contrarias de un cuerpo legislativo en el cual se tienen que debatir estos temas. Hay que hacer un esfuerzo por discutir esto en forma seria”.

En esa línea criticó el debate sobre las “dos bibliotecas” respecto al impacto o no de los productos fitosanitarios en la salud de la gente e instó a trabajar sobre la evidencia científica, celebrando el trabajo publicado por los investigadores de la UNL, entre otros. “Están generando un aporte muy importante para empezar a dar un debate político que esté a la altura de las circunstancias y que tenga como respaldo y fundamento la ciencia. Acá estamos hablando de información certera validada a nivel mundial por una revista sumamente prestigiosa y reconocida a escala internacional. Sobre esa base hay que dar el debate porque si no se antagoniza sobre dos posiciones en las cuales es necesario llegar a una suerte de acuerdo cuando está claro que el impacto del glifosato existe”, aseguró. 

Proyectos nueva Ley de Fitosanitarios

En tanto, para Carlos Manessi, referente de la organización “Paren de Fumigarnos” la principal resistencia aparece detrás de las grandes empresas dedicadas a la producción de soja “que manejan más del 80 por ciento del negocio de las semillas en el país”. Y recordó los múltiples esfuerzos realizados por la organización para que se reforme la ley: “Son más de diez años tratando. En el medio hemos conseguido algunos logros, como en 2019 que si bien no era nuestro proyecto lo acompañamos y se logró que 33 diputados votaran a favor dando media sanción. Pero siempre pierde estado parlamentario, lo que demuestra la falta de interés por parte del sector de la política de tratar este tema”.

Compartir:

Noticias recientes

capucha

Que se los lleven a su casa

“Si muchos creen que los menores que cometen delitos son víctimas de un sistema injusto, que se los lleven a su casa”, dijo el gobernador de Santa Fe.  Las últimas mediciones sostienen que la distancia entre los que más ingresos perciben y los que menos tienen no baja de las dieciocho veces. 230 mil indigentes […]
triple

Triple dimensión de las pascuas argentinas

La excusa de Rosario servirá para reducir la democracia en toda la Argentina. No hay decisión política económica estructural que no impacte en la geografía existencial más vulnerable: los cuerpos y las mentes de las chicas y los chicos. La historia argentina siempre repercute en la carne viva de su realidad, la niñez y la […]
2024 03 21 16 26 05.mp4 000423533

“La obscena actualidad del 24 de marzo”

Por Carlos del Frade Este 24 de marzo tiene la particularidad de tener una obscena actualidad. El gobierno nacional de Javier Milei, ayer, informó que recibió al titular de la agencia de inteligencia que más asesinatos produjo en toda América, como es la CIA. En forma simultánea, ayer también se informaba desde la presidencia de […]

El experimento rosarino

Por Carlos del Frade Rosario es el lugar señalado para desarrollar el nuevo experimento de control social para garantizar el saqueo. Para entender el fenómeno, se trata de leer y tomar conciencia de lo sufrido por los pueblos de América Latina como consecuencia del plan de la Doctrina de Seguridad Continental elaborado por los Estados Unidos […]
demo1

La fragilidad de la democracia

Dos caras de la misma moneda: fuerzas federales y armadas para controlar la población y extranjerización del Paraná para garantizar el saqueo de las riquezas argentinas a través del manejo de los puertos. Lo que se anunció hace dos años en Paraguay hoy se completa en la Argentina del señor Milei y su ministro Caputo […]
ros

Las burguesías no son requisadas

12/03/2024 Por Carlos del Frade1 (APe).- -Estamos en una guerra sin cuartel…el ejército está atado de manos – dice y repite la ministra de Seguridad del gobierno supuestamente nacional, Patricia Bullrich, empecinada en aplicar la Doctrina de Seguridad Continental desde sus tiempos en la misma función durante la administración del ingeniero Mauricio Macri. En ocasión del intento […]