El laberinto Vicentin y las tres salidas a la vista

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El laberinto Vicentin tiene una puerta de entrada clara y con fecha: la cesación de pagos declarada el 4 diciembre de 2019 por la empresa nacida en Avellaneda. Pero, como en los viejos juegos de ingenio, hay tres posibles salidas. Uno de esos caminos es el que todos (o casi todos) buscan evitar: la quiebra. Los otros dos senderos esconden una disputa solapada entre aliados impensados que salieron a escena cuando la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe intervino en el concurso de acreedores.

Ese paso formal, el avocamiento de la Corte concretado el 16 de junio pasado, iluminó los dos escenarios contrapuestos. El primero es el que reclama Vicentin. Permitir que el concurso que se tramita en el amigable juzgado de Fabián Lorenzini, en Reconquista, siga sin cambios y se llegue a un acuerdo entre privados. El segundo es frenar ese proceso denunciado por fraude, algo que está validado por las imputaciones de los directivos en los fueros penales, y activar un salvataje con participación del Estado.

En ese último proyecto confluyen desde corredoras de granos y cooperativas del agro (lo que suele englobarse bajo la simplificación de “el campo”) al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Una suerte de neoVicentin nacional y popular.

La definición de la Corte no tiene plazos. Puede devolver el manejo del concurso al juez Lorenzini, sacarlo por irregularidades y enviarlo a un nuevo magistrado civil y comercial o incluso ponerse al frente de una resolución. Eso le añade una capa de complejidad al laberinto pero, en principio, no altera las tres posibles salidas de fondo.


A quién quiebra la quiebra


Vicentin comenzó el concurso con más de 2.600 acreedores muy variados y unos 1.600 se mantienen en pie. Le reclaman 1.500 millones de dólares. Alcanza con visualizar el impacto que generaría una quiebra en uno solo de ellos para entender la dimensión del problema.

No exagera el integrante de la Comisión de seguimiento del caso que funciona en la Cámara de Diputados de la provincia, Carlos Del Frade, cuando habla de “desastre social” latente. El grupo liderado por la agroexportadora contiene 33 firmas, 7 mil empleos directos y otros 30 mil indirectos, además de unas cien cooperativas vinculadas.

Una de ellas está en Margarita, localidad del departamento Vera. Tiene 3 mil asociados, la mitad de los habitantes del lugar. Vicentin le compró 9 mil toneladas de cereales, casi 450 millones de pesos, que sabía que no les iba a pagar. “Si se hunde esa cooperativa agrícola se hunde el pueblo. Eso se repite en por lo menos cincuenta localidades de Santa Fe”, señaló el diputado.

Ese es el destino que todos buscan evitar. No todos en realidad. Para los competidores directos, como Viterra (ex Glencore), Bunge y Cofco —las tres multinacionales que dominan el mercado—, la extinción de Vicentin implicaría un actor menos en el reparto de las ganancias. La primera de ellas pretende quedarse con la totalidad de la firma Renova, en la que son socios. 

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Cómisión de Seguimiento del Caso Vicencin

“Renova es la aceitera más moderna e importante del mundo con puerto en Timbúes. Vicentin ya le vendió el 16,6 por ciento de sus acciones antes de declarar la cesación de pagos y ahora ofrece entregrar el otro 33,3 pro ciento para pagar sus deudas”, definió el periodista especializado Mariano Galíndez. “La joya de la abuela”, graficó Rubén Giustiniani en la última reunión de la comisión de diputados.

Por esos movimientos, es decir por la transferencia de las acciones de Renova que le quedan a Vicentin, fue imputado por “desobediencia” el actual presidente de la cerealera santafesina, Omar Scarel. La transacción se hizo pública sin tener en cuenta un detalle: la Justicia prohibió cualquier tipo de venta de activos. Scarel, viejo contador de la firma, quiso convencer en la audiencia imputativa que ese trámite en realidad no existía. Solo se haría efectivo si la empresa salía del concurso. Los fiscales lo calificaron de “ilusionista”. Un Houdini de las finanzas y las estafas vip. Pagó medio millón de dólares de fianza y se fue libre. Los otros 13 dueños y ex directivos (entre ellos la familia Paduan y Vicentin), ya imputados por “estafa, defraudación y balances falsos”, tuvieron que invertir otros 10 millones de dólares para esquivar las celdas.

Parece mucho dinero (lo es) aunque representa apenas el 3 por ciento de los 300 millones que Vicentin le pidió al Banco Nación y nunca le devolvió. Un ilusionismo financiado con dinero de los argentinos y las argentinas.

Acuerdo privado o salvataje


Lo que sigue no es fácil ni simple. No hay escalera en este laberinto para salir por arriba. Toca transitar los pasillos angostos y hostiles de cifras, porcentajes y maniobras complejas. La quiebra sería el último paso en orden cronólogico de las opciones. Antes aparece la chance de un acuerdo entre privados (el plan Vicentin) o, en todo caso, un salvataje alternativo (cramdown).

“La quiebra se daría si todo lo anterior fracasa pero también si la primera opción, el acuerdo, no se cumple, y yo no estoy seguro de que Vicentin pueda cumplir su propia propuesta. Porque su éxito depende de la inyección de dinero que surge de un activo que no puede vender (Renova). No solo se va a insolventar la empresa sino que se le quitará el activo más importante. Le venderían a un tercero que es la competencia (Glencore-Viterra) y en la fase operativa perdería turnos para operar en el puerto”, analizó el contador y asesor económico Sergio Arelovich en diálogo con Suma Política.

Arelovich, conocedor del proceso en su rol de ex veedor del concurso, comparte datos fríos, que matizan (para no decir congelan) el calor de las consignas que presentan un eventual ingreso del Estado como un triunfo nacionalista sobre las multinacionales. La firma santafesina ya perdió buena parte de sus dos mercados: el de compra por pérdida de confianza de los productores locales y el de venta por las exportaciones que dejó de hacer y otro actor ocupó. 

Eso genera un interrogante incómodo: ¿por qué las tres empresas del agro interesadas en sumarse a la futura Vicentin (ACA, Viterra y Bunge), cederían los mercados que ya ganaron? O esas firmas despliegan un costado solidario desconocido o pretenden usar la estrucutura de Vicentin para aceitar y expandir sus propios negocios. Fagocitar lo que queda de sus activos y estructura.

Para lograr eso, los actuales directivos de Vincetin juran que llegaron a un acuerdo con los acreedores chicos (les pagarían hasta 30 mil dólares sin quita) y con los bancos extranjeros. Los primeros le aportan la cantidad mínima necesaria para levantar el default y los otros, el piso de capital requerido por las normas del concurso. 

Quienes aparecen afuera de esa receta no se quedaron quietos. Se trata de corredoras de granos y cooperativas (y otros posibles socios), por un lado, y el Banco Nación, por el otro. Commodities SA, de la familia Grassi, hizo el planteo formal ante la Corte Suprema provincial. Después, el presidente Fernández volvió a hablar de un posible ingreso a la cerealera en descomposición.

Pero el ministro de Economía Martín Guzmán lo frenó. “No hay un plan para nacionalizar deuda del sector privado” y “respetamos la división de poderes”, dijo. El gobernador Omar Perotti, interpelado por la mencionada comisión de diputados provinciales para que intervenga (el peronista Luis Rubeo lo acusó de jugar para los directivos con su pasividad) encontró en Guzmán un aliado y coincidió: “La Corte de la provincia ha tomado el caso para el análisis. Estamos viendo qué se decide”.

Está claro que ninguno de los dos encabezará una cruzada estatista. Eso no imposibilita que el Banco Nación avance para resguardar sus activos y recuperar más de 300 millones de dólares cedidos (la mitad por Mauricio Macri de forma irregular). Solo en noviembre de 2019, un mes antes de la caída, el Nación entregó 28 créditos a Vicentin, más de uno por día hábil cuando no podía hacerlo por propio estatuto.

En ese plano se abre la chance de un salvataje con roles diversos para el Estado. La menos probable es la alternativa de una inversión de dinero público para nacionalizar la firma, con el noble argumento de cuidar fuentes laborales y economías regionales. 

Un segundo subescenario dentro del rubro cramdown es el que se comenta con fuerza desde la intervención de la Corte. Que el Banco Nación, como acreedor financiero de peso, apoye una nueva dirección con la familia Grassi, como conocedora del know how del comercio de granos, y otros actores medianos de la provincia. Una tercera variante sería algo similar pero sin aval estatal y con otros fondos fiduciarios.

“La apuesta sería ocupar el lugar y relanzar Vicentin para que se ocupe de lo mismo. Recuperar el mercado de compra y el de venta, y dar una larga pelea con las multinacionales”, resumió Arelovich y abrió un paréntesis más: “Cofco (el gigante chino del sector) por ahora mira desde la tribuna pero no hay que descartar que pueda ingresar. El fondo financiero que armó el estado Chino en 2005 tiene dos billones de dólares. Dispone de una capacidad para financiar que es mayor a la de cualquiera multinacional. Ya compró Nidera, por ejemplo. Lo podrían hacer para asegurarse el manejo creciente en el mercado granario. China dejó de comprar aceite de soja, adquiere granos y ahora lo fabrican ellos”.

“Recuperar la existencia de una empresa de capitales nacionales en el mercado local me parece importante —planteó el además coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate)—. Pero no es lo mismo que la firma esté en manos de cualquiera. Todos hacen modelos de cancelación de deuda a largo plazo, al año 2036, cuando yo no me animaría a dos años vista”. 

“Además —continuó— al cierre del balance de octubre de 2021 la firma tenía un patrimonio neto negativo de 600 millones de dólares que hoy debe ser de 700 millones. Para reencausar la empresa necesitás esa plata, ¿quién la va poner? Y para volver a operar tenés que convencer que te vendan a vos en lugar de a otro. ¿Cómo? En el mercado eso es pagar antes y a mayor precio que los demás. ¿Bunge, por ejemplo, va ingresar a Vicentin para hacer eso si puede comprar por su lado en mejores condiciones?  Lo único favorable para ellos sería tener un uso privilegiado de la estructura de Vicentin y ponerse en posición para quedarse con sus activos”.

En el medio de eso, la Corte se mete, patea el tablero y abre la gran pregunta: ¿se avoca porque es insostenible que la Justicia penal califique de estafa lo ocurrido en Vicentin mientras que la rama comercial del mismo poder habilita un acuerdo encabezado por “delincuentes” o hay otros intereses detrás? 

No solo Vicentin, con sus balances fraudulentos y sus fugas de capitales, esconde un fraude. El título de esta nota encierra por lo menos dos engaños. No hay tres salidas para este laberinto sino muchas, múltiples y mezcladas. Y el misterio planteado no es uno solo. ¿Por qué Vicentin demora una salida a su propio concurso cuando el paso del tiempo no deja de agravar la situación patrimonial de la empresa? ¿Por qué y para qué el presidente de la Corte Rafael Gutiérrez tomo él —y no el tribunal en pleno— la decisión de meterse y obturar lo que parecía un inminente acuerdo? ¿Ese inminente acuerdo entre privados era tal? ¿A cambio de qué los bancos internacionales admitirían algún tipo de quita? ¿Cómo hará la nueva Vicentin, con o sin Estado, para recuperar los mercados locales y externos perdidos? ¿Es ese el objetivo de los privados interesados o buscan quedar primeros en la línea de favorecidos por un eventual desguace de la golpeada cerealera santafesina? Apenas una certeza: el tiempo lo dirá.