El gobierno nacional transfiere las riquezas al extranjero y les tira las obligaciones a las provincias. El dinero que falta implicará dolorosos costos. Y profesionales y familiares de personas con discapacidad afirman que no quieren ser Esparta donde la leyenda afirma que a las personas que nacían con discapacidades se arrojaba al mar.
Por Carlos del Frade
(APe).- La gente que trabaja con personas con discapacidades de distintas edades en está angustiada y desesperada.
El incumplimiento del gobierno de Javier Milei supone la falta de fondos para seguir adelante con esos lugares en que ese universo de mujeres y hombres siente que son seres humanos. Sin ellos será un infierno, una condena. También habrá cientos de profesionales y asistentes terapéuticos que quedarán en la calle.
El dinero que falta tendrá un costo social y humano que explotará en las provincias y los municipios. Es imprescindible que haya mecanismos de política pública que, por primera vez, busque los recursos en quienes les sobran.
Es una cuestión humanitaria. Psicólogas, contadores, trabajadores sociales, mamás y papás de chicas y chicos, no tan chicas ni tan chicos también, lloran de bronca e impotencia. Y, en Santa Fe, demandan al gobierno provincial si está o no del lado de la administración colonial y cruel o se jugará a favor de los más excluidos entre los excluidos.
No es sencillo mantener distancia con el llanto de mujeres y hombres que, desde hace décadas, le ofrecen un espacio humano a gente que no es tratada como tal. Que dicen y sostienen que no quieren ser Esparta donde la leyenda afirma que a las personas que nacían con discapacidades se las tiraba desde un monte para que mueran ahogadas en el mar. Sin dinero ni compromiso, el modelo de Milei garantizará la demencial democratización de Esparta.
-Nos reunimos hoy no para informar una situación difícil, sino para alertar sobre una crisis terminal. La deuda que Incluir Salud de la Nación mantiene con las instituciones que atendemos a personas con discapacidad no es un problema administrativo de trámites demorados: es una sentencia de cierre ejecutiva. Si en agosto no se regularizan esos pagos, ALAS cierra. Y no somos los únicos, en esta sala hay otras instituciones que atraviesan la misma cuenta regresiva. El tiempo se agotó. Cualquier discusión que no parta de esa urgencia es, en los hechos, una forma de postergar el cierre de quienes ya no tienen margen para esperar – decía el principio del documento leído por una compañera que hace años trabaja para con las personas discapacitadas en la ciudad de Rosario, otrora corazón del segundo cordón industrial más importante de América del Sur después de San Pablo.
Agregaba el documento: “No estamos discutiendo fondos. Estamos discutiendo si 30, 50 o 1000 personas con discapacidad severa en Rosario y Santa Fe van a tener, en septiembre, un lugar donde ir. Estamos discutiendo si sus familias van a seguir teniendo contención o si van a quedar solas ante un sistema de salud que ya les negó lo que estas instituciones les daban…”, decía el escrito.
El gobierno nacional transfiere las riquezas al extranjero y les tira las obligaciones constitucionales y legales a las provincias.
La Nación se disuelve y detrás de la palabra ajuste convierte a los gobiernos provinciales en cómplices de un fenomenal crimen social del estado conducido por Javier Milei y asociados.
-No queremos ser Esparta – dicen mamás y papás, profesionales y trabajadores que desde hace años intentan darle una vida humana a las personas con diferentes capacidades y discapacidades.
Los gobiernos provinciales tienen la obligación de defender los derechos sociales en la Argentina que desaparece cada día.
La sentencia ya fue declarada.
Fuente: Asamblea de entidades que asisten a discapacidades en el Colegio de Psicólogos de Rosario; documento de “ALAS”, difundido en esa misma reunión y entrevistas del autor de esta nota.