Fue hace 40 años. Robaron los expedientes de las causas de lesa humanidad y balances de empresas que fogonearon la desaparición de trabajadores. Mucho de este presente cruel y doloroso tiene origen en impunidades como ésa.
Por Carlos del Frade
(APe).- El 8 de octubre de 1984, los tribunales provinciales de la ciudad de Rosario fueron robados.
Se llevaron documentos que demostraban la participación civil en el terrorismo de estado pero no solamente por personas que integraban los grupos paramilitares si no también los balances de empresas que colaboraron con la desaparición de obreros molestos, como tanta veces se ufanaba el ex dueño de la vida y la muerte, Leopoldo Fortunato Galtieri cuando fue el comandante del segundo cuerpo de ejército con jurisdicción en Santa Fe, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Gracias a varias de esas empresas que tenían esos balances, el entonces mimado por los Estados Unidos creyó que tomaría las Malvinas sin represalia alguna del imperio y que semejante jugada lo ungiría como primer presidente electo después de la noche carnívora.
Cuarenta años después la mayoría del pueblo rosarino todavía no sabe que Galtieri fue el mayor asesino de santafesinos ni tampoco que detrás de los torturadores estuvieron los intereses de las grandes empresas que necesitaban disciplinar a los trabajadores y demoler el derecho laboral.
Por eso es necesario volver a hablar del robo a los tribunales rosarinos.
En la actualidad, la Justicia Federal elevó parcialmente a juicio la causa del copamiento de los Tribunales Provinciales de octubre de 1984, donde fueron robados expedientes de la causa Feced y de los archivos de inteligencia secuestrados en allanamientos producidos a requerimiento de la Delegación Rosario de la Conadep.
En la causa están imputados los coroneles (RE) Héctor Fructuoso Funes y Luis Américo Muñoz, quienes al momento del robo a la fecha de los hechos Jefe de Inteligencia del Estado Mayor de Comando del II Cuerpo de Ejército, y segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, respectivamente.
La investigación continúa en la Unidad de DDHH de Rosario para establecer demás autorías materiales, complicidades y encubrimiento del hecho. Muñoz y Funes fueron procesados en 2019, 35 años después de la operación de inteligencia que ahora se les atribuye, consistente en planear y ejecutar el robo de expedientes vinculados a la investigación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante la última dictadura ocurridas en Rosario.
El pedido de juicio oral fue formulado por el fiscal a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por Violaciones a los Derechos Humanos en Rosario, Adolfo Raúl Villate, en octubre de 2021.
En 1984, cuando ocurrió el robo de esos expedientes, Muñoz era el segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario y Funes era jefe de Inteligencia e integrante del Estado Mayor del Comando del II Cuerpo de Ejército, con asiento en la ciudad. Muñoz vive actualmente en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, y Funes en la ciudad de San Luis.
Villate considera a Muñoz y Funes responsables de una operación de inteligencia destinada a robar los expedientes judiciales abiertos a partir de denuncias radicadas por la Delegación Rosario de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep). Dicha operación se ejecutó alrededor de la 1.45 de la madrugada del 8 de octubre de 1984.
De acuerdo al escrito en el que pidió la elevación a juicio, Villate considera responsable a Muñoz de haber amenazado de muerte con armas de fuego a la custodia policial del edificio de los Tribunales provinciales de Rosario, a cargo del sargento Demetrio Flores y el agente Juan José Aguirre, ambos de la policía santafesina, y de haberlos reducido para quitarles sus armas y cargadores. Luego ambos fueron maniatados y encerrados en la guardia policial del edificio, situación en la que permanecieron hasta las 5 de la mañana, cuando comenzaron a llegar sus relevos.
También responsabiliza a Muñoz de haber sustraído la casi totalidad del material secuestrado por la Justicia provincial en relación con las denuncias radicadas por la Conadep, que dieron lugar a la formación en el Juzgado de Instrucción de la 10° Nominación de Rosario, a cargo en aquel momento de Francisco Martínez Fermoselle, del expediente caratulado “Feced, Agustín y otros s/ Privación Ilegítima de la Libertad, Homicidios y otros”.
Además lo acusa de haber sustraído los tres cuerpos del expediente, que estaban en el despacho del juez Martínez Fermoselle, luego de haber forzado las cerraduras de la puerta de ingreso al juzgado y la puerta de ingreso a la oficina del magistrado.
Días antes del robo en los Tribunales, a pedido de la Delegación Rosario de la Conadep se habían practicado diversos allanamientos donde se había secuestrado prueba documental incriminatoria para personal militar y policial que había actuado en Rosario en la denominada “lucha contra la subversión”, producto de lo cual se había iniciado una causa en el juzgado de Martínez Fermoselle para investigar los hechos denunciados.
La investigación del robo de los expedientes no prosperó por años, hasta que el fiscal Villate la reactivó. Ese nuevo impulso resultante que en 2019 el juez federal Carlos Vera Barros ordenara la detención de Muñoz, Funes y Pino Cano, quien murió en mayo de este año. Ahora el propio Villate acaba de pedir la elevación a juicio del proceso contra los dos primeros y el siguiente paso será que la Justicia federal decida la fecha del juicio oral y público.
Por eso es fundamental, a cuarenta años del robo de los tribunales provinciales rosarinos, saber qué medidas tomó el estado santafesino para dilucidar diferentes responsabilidades policiales y políticas en estas cuatro décadas de impunidad.
Muchas de las crueldades del presente tienen sus orígenes en esas impunidades, entre ellas, el robo de los tribunales rosarinos