La Legislatura suspendió e inició un juicio político contra el fiscal Gerosa

Gerosa

La Legislatura santafesina aprobó por amplia mayoría (con el rechazo de los legisladores Nicolás Mayoraz y Sebastián Julierac) la suspensión por tiempo indeterminado y el inicio de un trámite adminsitrativo contra el fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Aldo Gerosa.

La acusación estuvo a cargo de la diputada socialista Érica Hynes, integrante de la Comisión de Acuerdos que emitió la propuesta. Por ello, detalló los motivos del juicio político cursado contra el funcionario judicial oriundo de Avellaneda.

“Pedimos la suspensión preventiva de Gerosa porque entendemos que la continuidad en su cargo de fiscal podría poner en peligro la investigación que llevamos adelante”, señaló Hynes en principio.

Luego recordó que “los hechos por los que se lo acusa tienen que ver con la revictimización de una joven víctima de violencia de género de índole sexual” y que por eso “aparece como razonable que no continúe al frente de su cargo mientras se desarrolle la investigación”.

El decreto incluyó la quita del 50 por ciento de su sueldo y la prohibición de pisar “toda dependencia pública” dependiente del MPA. Ambas aristas se mantendrán vigentes durante el curso del proceso político. 

Al tomar la palabra, el diputado Fabián Palo Oliver destacó que Gerosa “formó parte de una trama de protección para atenuarle la condena a Galaz”. La querella había pedido una condena de 32 años por los delitos detallados más abajo.

“Si él no hubieste tendio vinculación con la política, su condena hubiese sido mucho mayor a la de siete años”, agregó Palo Oliver sobre la pena finalmente impuesta a quien se desempeñó como secretario municipal de Dionisio Scarpin en el Municipio de Avellaneda.

También quedó pegado a la causa el senador radical Ofilio Marcón, quien estuvo presente en el Recinto. A él se le cuestiona el haber mantenido reuniones con Galaz durante el transcurso del proceso judicial, y que podría haber intercedido para que obtuviese una condena baja.

“Acá no estamos evaluando responsalidades judiciales, sino la relación del poder político con el poder judicial”, agregó a su turno el diputado Carlos del Frade.

El descargo de Marcón

A su turno, el senador radical Ofilio Marcón se refirió a las expresas acusaciones en su contra por las reuniones que mantuvo con Galaz.

“Estoy siendo objeto de acusaciones a las que nunca respondí porque no tengo responsabilidad de lo que se me acusa”, comenzó aclarando el legislador.

Se explicó: “En un momento me encontraron junto a otra persona que justo salía del Palacio de Justicia, cuando yo ingresaba, y se señaló que estuve ahí por el caso GalazPero nunca apañé ni apañaré a un violador, pese a que haya personas que se organizan para hacerme ver como un encubridor.”

Yo respeto, respeté y respetaré a muchas mujeres que trabajaron conmigo. Pueden preguntarles”, sostuvo.

También planteó: “Atendemos a linyeras (sic), a gente que no puede pagar la luz, a gente que no tiene colchones o para comer, a empresarios, a productores agropecuarios, a los legisladores que fueron a visitarme. Mis puertas están abiertas siempre, y un día el doctor Gerosa empezó a pedirme una entrevista, fue en este marco que lo recibí.”

“Gerosa me contó sus pareceres sobre los muchos concursos en los que había participado y no quedaba. Yo solo lo escuché. Pero no pedí menos pena para Galaz”, detalló sobre el encuentro.

“Nunca fui a la oficina del doctor Gerosa. Quiero aclarar que soy docente técnico, no profesional del derecho”, completó el senador Marcón.

La causa

Marcelo Galaz fue funcionario municipal del senador Dionisio Scarpin y está acusado de abusar de su sobrina cuando ésta era menor de edad. La causa apunta a la corrupción de menores y al perjuicio contra la salud de la joven, además de otros delitos menores, cargos que el acusado reconoció y por los que se pidieron 32 años de condena.

Sin embargo y por cuestiones pocos claras para la familia de la damnificada, Galaz acordó con la querella (a cargo del fiscal del MPA, Aldo Gerosa) una pena de solo siete años, más una multa económica de seis millones de pesos.

En este cuestionado acuerdo aparece vinculado la figura del senador radical Ofilio Marcón como pieza clave para llegar al abreviado.

En el marco de esta causa, además, el procurador Jorge Barraguirre comenzó además una investigación por las actuaciones del juez penal Santiago Banegas, a cargo del caso y quien aceptó una pena menor contra el exfuncionario radical.

Tal es el contexto utilizado por la legisladora socialista Erica Hynes para pedir la remoción del fiscal, a la que se sumó un informe del auditor del Ministerio Publico de la Acusación, Leandro Mai, donde pide que se avance en el proceso para sancionar al magistrado.

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