Por Carlos del Frade.
Los fundamentos de la resolución 572 del pasado 13 de mayo de este año, sostienen que declaran a Rosario como “zona sujeta a investigación especial” de las fuerzas de seguridad federales como consecuencia de “información de la DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA CRIMINAL dependiente de esta Cartera Ministerial y que tiene carácter secreto, en la Ciudad de Rosario operan organizaciones criminales que desarrollan conductas vinculadas con los delitos contemplados en el artículo 2° de la Ley N° 27.786 y que esas organizaciones actúan bajo modalidades coincidentes con las contempladas en el artículo 3° de esa misma norma”. Y agrega el documento del Ministerio de Seguridad de la Nación que “la complejidad y el alcance del abordaje de las conductas criminales ligadas al crimen organizado demandan un esfuerzo a nivel nacional para concebir estrategias de intervención adecuadas que permitan la optimización en la asignación de recursos y contribuyan a la mejora de los resultados de las investigaciones”.
El carácter “secreto” de esa “información de la Dirección Nacional de Inteligencia” debe tener un peso contundente porque tanto la administración de Javier Milei como de Maximiliano Pullaro y Pablo Javkin se ufanaban del descenso de los homicidios y las supuestas buenas consecuencias del combate contra las bandas tanto adentro de las cárceles como en las calles. Algo pasó. Más cuando se menciona que estas “organizaciones criminales” actúan con las modalidades descriptas en el artículo 3 de la ley 27.786, la llamada “antimafia”, que habla hasta del riesgo de la toma de una parte del territorio de la geografía por este tipo de asociaciones ilícitas. Parece una desmesura. Salvo que la intervención de la Unidad Regional II de la Policía de Rosario genere semejante cimbronazo en el entramado de la seguridad que parecía funcionar muy bien pero que ahora, después de esta resolución, resulta frágil y trémulo. Es una gran contradicción.
La otra cuestión es saber qué fuerzas llevarán adelante esta “investigación especial”: Gendarmería Nacional que tiene nichos de corrupción a cielo abierto en las fronteras, Prefectura Naval Argentina que deja entrar y salir cargamentos de media tonelada de cocaína del puerto de Vicentin sin decir nada pero que se especializa en reprimir jubilados todos los miércoles en la Plaza de los Dos Congresos en Buenos Aires o la Policía Federal que brilló por su dramática ausencia en las calles rosarinas desde 2014 en adelante cuando arreciaron los homicidios vinculados a las bandas narcopoliciales.
El descenso de homicidios era real según los números pero algo pasó para exagerar esta intervención federal, salvo el desplazamiento de la cúpula de la UR II y las investigaciones sobre las cajas negras siempre existentes.
La ley antimafias de Estados Unidos, matriz de esta modalidad argentina, es de 1970 y sirvió para producir más narcotráfico en todo el continente americano, convertir a los ejércitos de Colombia, México y Brasil en los principales carteles del continente regulados por la DEA y la CIA y llenar las cárceles de pobres o desaparecerlos. Una excusa para generar control social y dejar que el flujo de dinero grande del narcotráfico y el contrabando de armas sigan invictos a través de grandes empresas y bancos. Una observación más: la ley argentina antimafia dice en su artículo 15 que las provincias deben ser invitadas a adherir a la misma y nunca pasó por la Legislatura de Santa Fe ni tampoco se supo si fue pedida por el gobernador o algún juez federal como dice su texto.