Se cumplirán este sábado 50 años de la masacre de los curas palotinos en el barrio porteño de Belgrano. Justamente en estos días, el juez Daniel Rafecas llamó a indagatoria a cuatro policías acusados de liberar la zona. El único obispo que investigaba y denunciaba los asesinatos de los cinco monjes fue asesinado un año más tarde.
Por Carlos del Frade
(APe).- Este 4 de julio se cumplirán cincuenta años de la masacre de los monjes palotinos. El único obispo que llevaba la denuncia a todos lados era Carlos Horacio Ponce de León que, al momento de ser asesinado, el 11 de julio de 1977 en cercanías de Ramallo, provincia de Buenos Aires, tenía las carpetas sobre aquellos hechos y también las declaraciones de los familiares de los secuestrados en Villa Constitución, provincia de Santa Fe, el 20 de marzo de 1975. Vaya esta crónica como un módico homenaje para los palotinos como también para Ponce de León, cristianos verdaderos que supieron enfrentarse a los pilatos de tantas épocas.
Como cada domingo, Rolando Savino llegó antes de las 8 a la Iglesia de San Patricio, en el barrio de Belgrano, donde tocaba el órgano. En la mañana fría del 4 de julio de 1976, le pareció extraño que las puertas estuvieran todavía cerradas. Como nadie respondía, se trepó a los techos y desde una ventana quedó paralizado al ver aquel horror.
Tendidos en el piso estaban los cuerpos acribillados de tres curas y dos seminaristas.
En las paredes, los atacantes habían dejado escrita una leyenda: “Esto les pasa por envenenar la mente de la juventud”.
“La Masacre de San Patricio” fue el nombre con que se conoció aquel espanto. Sus víctimas fueron el padre Alfredo Leaden, de 57 años, delegado de la Congregación de los Palotinos Irlandeses; el padre profesor Pedro Duffau,de 65; el padre profesor Alfredo Kelly, de 40; y los seminaristas Salvador Barbeito, de 29 y Emilio Barletti, de 25.
Los curas fueron sorprendidos mientras dormían por un grupo de tareas. Eran cuatro hombres a bordo de un Peugeot negro. Primero, los religiosos fueron atados y golpeados. Luego, todos fueron fusilados por la espalda. Algunos de ellos recibieron más de setenta balazos. Nunca hubo una investigación judicial seria, a pesar de que la dictadura admitió que los asesinos podrían ser grupos militares “salidos de control”.
La Justicia nunca esclareció el hecho. Pero por declaraciones en la causa de autoridades de la comisaría de la zona, los autores habrían sido miembros de un grupo de tareas de la ESMA. Consta en la causa “abortada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final” que un patrullero vio el día anterior a un auto con ocupantes en actitud sospechosa cerca de la parroquia.
El juez eclesiástico interviniente en la causa que se acababa de iniciar, padre César Sturba, dijo que se estudiaría si los religiosos “murieron por difundir la fe encarnada en una expresión evangélica como bregar por el respeto a la dignidad humana, la igualdad y el desarrollo en paz”. En ese sentido, precisó que se cuenta con “muchos testimonios de la actitud siempre pacífica” de los religiosos asesinados.
El postulador de la causa “quien la impulsa por los palotinos”, padre Adrián Francioli, dio la apertura de la causa un sentido religioso: “Es fruto del Espíritu santo”, dijo.
El entonces presidente Néstor Kirchner, durante su visita al Vaticano en abril de 2005, en ocasión de la iniciación del pontificado de Benedicto XVI, visitó la parroquia de San Patricio de Roma y depositó una ofrenda floral en la placa que recuerda a los cinco religiosos.
De tal forma, los tres sacerdotes y dos seminaristas palotinos asesinados en la iglesia de San Patricio el 4 de julio de 1976 podrían convertirse en las primeras víctimas de la represión ilegal de la última dictadura en ser declarados beatos y hasta santos. El ex arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, acababa de autorizar el inicio del proceso de canonización que deberá determinar “luego de enjundiosos estudios en Buenos Aires y en El Vaticano” si los religiosos murieron como mártires.
La determinación de Bergoglio puede considerarse como histórica, ya que “si bien la Iglesia dice que se cumplieron puntillosamente los requisitos eclesiásticos para la apertura de la causa” contrasta con el débil papel que se le atribuye a quienes conducían el Episcopado luego del golpe del 76 “de fuerte perfil conservador” frente a las violaciones a los derechos humanos. De hecho, la comunidad palotina en el país venía reclamando desde hace tiempo esta medida.