En 1991, Carlos Menem impulsó el primer pacto fiscal basado en ese mismo argumento y desde entonces, con algunas excepciones, las provincias no cobran ingresos brutos a las empresas que usan todos los recursos que cada uno de los llamados estados subnacionales ponen, todos los días, a disposición de estas firmas, muchas de ellas multinacionales.
Mientras el gobierno nacional del ingeniero Mauricio Macri impulsa la eliminación total de los ingresos brutos que representan el 73 por ciento promedio del dinero de cada provincia, en Santa Fe avanza la llamada transición entre el gobierno de Miguel Lifschitz y la administración de Omar Perotti.
En estas semanas, mientras el gobernador del Frente Progresista Cívico y Social niega 60 millones de pesos para la realización de la prueba del turismo carretera al intendente de la ciudad capital, en forma simultánea aprueba el aumento del 23 por ciento en las tarifas de los servicios interurbanos, un fenomenal golpe a las economías familiares santafesinas.
También en estos días, el senado provincial aprueba la adhesión a la ley nacional de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo que solamente le sirve a estas empresas y a los patrones que se niegan a invertir lo necesario para proteger la salud de quienes realmente crean la riqueza que son, obviamente, los trabajadores.
No hay opiniones que se conozcan, por lo menos públicamente, que el gobernador electo esté en contra del sablazo a los bolsillos que representa el aumento del colectivo ni tampoco sobre la subordinación de la salud de los trabajadores a los intereses de las grandes empresas.
Igualmente se conoce, a través de los medios de comunicación regionales, que se llevan adelante las reuniones entre los equipos de Lifschitz y Perotti en relación a la promocionada transición.
Al mismo tiempo se conocieron los balances del año 2018 de las mil empresas que más venden en la Argentina crepuscular del tercer milenio.
Las trece empresas exportadoras vinculadas especialmente a los cereales y sus derivados facturaron 515.163 millones de pesos, prácticamente el doble del presupuesto provincial de 2019 (267 mil millones de pesos).
Pero estas poderosas trece empresas están exentas de pagar ingresos brutos por aquella vieja idea nacida en la guerra del Paraguay.
La valentía que falta para cobrarles a estas trece empresas es inversamente proporcional a la decisión de trasladarle a las familias santafesinas un mayor costo en el transporte urbano e interurbano de pasajeros, en los servicios de luz y agua y en los peajes de las rutas provinciales.
Una cobardía que cada día le cuesta más caro al pueblo de la provincia de Santa Fe.
Una vergüenza.
A lo que hay que sumar la inmovilidad política del gobierno de Lifschitz y lo no dicho en ningún momento por Perotti en torno la fenomenal deuda que tiene el estado nacional con las familias santafesinas.
De tal forma, cuando Vicentín, empresa número siete entre las mil que más venden, factura 118 mil millones de pesos anuales, a razón de 224.453 pesos por minuto y no paga ingresos brutos por semejante operatoria que se hace gracias a todo lo que pueblo de la provincia le pone a disposición sin pagar algo en comparación a lo que usa; son las grandes mayorías las que deben resignarse a la vida como fiesta para unos pocos.
No se trata de una cuestión económica, se trata de un mínimo de dignidad política al servicio del pueblo santafesino.
Carlos del Frade
Presidente del bloque de diputados provinciales del Frente Social y Popular.