- Por Nahuel Lag / Agencia Tierra Viva
La veda de pesca en el río Paraná fue un tema central en el debate público de Santa Fe en los últimos días del 2020, pero el gobierno provincial consiguió en la primera semana del año revertir una fallo de primera instancia (que había prohibido la pesca deportiva y comercial hasta el 31 de marzo) y obtuvo una resolución de la Cámara de Apelaciones, que ordenó una veda parcial. La resolución favorable al Ejecutivo provincial llegó sin debate público, desoyendo las advertencias científicas, sin convocar ni a organizaciones ambientales ni pescadores ni diputados provinciales, que llevaban meses solicitando una veda para proteger el bien común pesquero en riesgo por una bajante histórica. Tampoco se debatió la cuestión de fondo: un sistema extractivista que los gobiernos de Santa Fe y nacional dejan en manos de una docena de frigoríficos.
En la cuenca del río Paraná de Santa Fe y Entre Ríos se obtiene el 90 por ciento de la pesca de agua dulce de Argentina. De esa cuenca se exportan entre 10.000 y 20.000 toneladas de pescado de río al año, según la temporada, con sólo un cinco por ciento de retenciones, que quedan en las arcas del Estado. Un caso atípico a nivel mundial que perjudica a los pescadores (4200 registrados en Santa Fe), sin voz para fijar precios ni contratos de trabajo ni permisos para vender lo que obtienen fuera de la provincia; y perjudicial para el conjunto de la población que no ve en su mesa el alimento de un río que es depredado sin registros claros.
Humo sobre el agua
El humo de los incendios en el Delta del Paraná cubrió desde principios de 2020 el cielo de Rosario y planteó el debate sobre la protección de los humedales, ley nacional que aún espera ser tratada en el Congreso, a pesar de los reclamos y los cortes del emblemático puente Rosario-Victoria.
Se explicó que el motivo central de los incendios eran las quemas intencionales para la cría de ganado o la especulación inmobiliaria, pero también estaba la bajante del río que dejaba descubierta vegetación para alimentar las llamas. ¿Y qué pasaba en el agua?
La bajante de las aguas del Paraná lleva tres años y, en 2020, el registro marcó la baja más importante en los últimos 50 años, según la Universidad Nacional del Litoral. Datos del Instituto Nacional del Agua (INAI), en una comparativa con los niveles del río entre 1974 y 2020, indicaron que este año el cauce medido en Rosario y Santa Fe capital mostraron marcas por debajo del nivel en el 90 por ciento de las mediciones.
Y durante este verano, según el INAI y el Servicio Meteorológico Nacional, no habrá lluvias que reviertan la bajante. En esas condiciones, el delta se seca, los arroyos y lagunas desaparecen. Esos espacios son vitales para la reproducción de las 240 especies de peces que habitan el río y también para las especies que se explotan comercialmente: boga, sábalo, pacú, tararira, dorado, armado, bagre de río, manduví, surubí y manguruyú.
Un informe técnico, fechado el 30 de abril de 2020, del proyecto de “Evaluación Biológica y Pesquera de especies de interés deportivo y comercial en el río Paraná (Ebipes)”, advirtió que “entre los impactos que pueden preverse debido a la bajante se encuentran los cambios en la abundancia total de peces”. El Ebipes está a cargo de aportar el informe técnico, que permite definir los cupos de pesca, ante la Comisión de Pesca Continental, máximo órgano de decisión en la órbita del Ministerio de Agricultura en el que participan autoridades nacionales y de todas las provincias de la cuenca del Paraná.
El informe agregaba que, por la bajante del río, el alimento para los peces es escaso, que se acumulan en el canal central, lo que aumenta el número global de capturas, entre ellos los peces fuera del tamaño reglamentario; y convocaba a monitorear la presencia de especies juveniles para proteger la “gravitación en la pesquería de los próximos años”.
En ese sentido, el informe precisaba, solo en el caso del sábalo, que la última campaña exitosa de reproducción se dio en la campaña 2015-2016. Para otras especies como surubí, manguruyú, armados, manduví y dorados, la información aún es escasa, por lo que la Comisión de Pesca Continental definió no habilitar las capturas para exportación. Sin embargo, se vieron imágenes de capturas de grandes surubíes en el canal central del Paraná.
Un Estado provincial con veda para escuchar
Toda esa documentación estuvo en manos del Poder Judicial en mayo del año pasado con la medida cautelar presentada por las organizaciones ambientales Identidad Ecológica, Amigos del Zoo y El Paraná No Se Toca. “Queríamos poner en el tapete la situación de la fauna ictícola, los biólogos estaban dando alerta y nadie se hizo eco porque no estaba en la agenda”, apunta Romina Araguas, abogada de El Paraná No Se Toca.
En paralelo, un grupo de 14 diputados de distintos partidos políticos lograron aprobar tres proyectos de comunicación y dar media sanción a un proyecto de ley para declarar la veda de pesca en el Paraná por 90 días y convocar una audiencia pública que analiza la situación de la fauna ictícola.
El proyecto no avanzó en el Senado provincial ni el Gobierno respondió a las comunicaciones, por lo que en junio avanzaron también con una presentación judicial. “No quisimos llegar a esta instancia, pero proteger los recursos naturales es proteger a nuestra generación y las futuras”, dijeron en conferencia de prensa. En paralelo, la Cámara de Exportadores de Pescado de Río –que reúne a 7 frigoríficos– se encargó de denostar el reclamo del grupo de diputados y el pedido de veda, y dijo públicamente que una veda “generaría más pobreza”.
“Nosotros, desde fines de 2017, fuimos los primeros en reclamar al Gobierno que le prestara atención a la bajante. Estamos en el agua todos los días, qué le voy a consultar a un técnico en una oficina”, apunta Nelson Yapura, pescador con 34 años de experiencia y asesor de la Asociación Civil de Pescadores de Alto Verde, que reúne a 1600 pescadores. Yapura destacó que llevan tres años solicitando al gobierno provincial, primero al socialista Miguel Lifschitz y ahora al peronista Omar Perotti, que repongan la veda de pesca ordenada por la Ley 12.212, que protege a la temporada reproductiva de noviembre a enero, y está levantada desde 2012.
La inevitable veda de pesca en el Paraná
El gobierno provincial no desconocía la situación de la bajante y la situación crítica de la fauna ictícola, no solo por los reclamos de organizaciones ambientales, legisladores provinciales y pescadores y la documentación científica, sino que fue el propio Ejecutivo provincial que en la Comisión Continental de Pesca, bajo la órbita del Ministerio de Agricultura nacional, solicitó en mayo pasado un reducción del 50 por ciento del cupo de exportación. En julio, en la orilla de enfrente, en Entre Ríos, la Justicia había fallado por una veda parcial de pesca, ordenado convocar una mesa de diálogo y acordar pautas similares con Santa Fe. Pero la veda en la orilla santafesina no se declaraba.
Con la documentación del INAI, el Ebipes y otras fuentes aportadas por las organizaciones ambientales, a tres días de que finalice el 2020, el juez en lo Civil y Comercial Luciano Carbajo consideró que “el Delta del Paraná es un ecosistema vulnerable que necesita protección” y ante la “ante la falta de información adecuada que existía sobre el recurso pesquero” priorizó el “principio precautorio” de la Ley General de Ambiente (25.675) y declaró la veda total de pesca entre el 29 de diciembre de 2020 y el 31 de marzo de 2021.
La Provincia respondió que el recurso pesquero estaba “estable”, a pesar del informe de Ebipes, y consideró que el aislamiento a causa del Covid-19 había reducido la cantidad de capturas por la caída del consumo y la merma de la pesca deportiva.
En las calles el conflicto se agitó por la reacción de los pescadores que salieron a cortar las rutas. “En febrero comienza la temporada alta de pesca y entramos en la época de cuaresma, cuando el consumo sube y el pescador espera para hacer la diferencia que le cubra las deudas”, explica Yapura.
Sobre ese conflicto en las calles se montó el debate público para sintetizarlo en una pelea entre “ambientalistas y pescadores”. El Gobierno apeló la medida del juez Carbajo calificándola de “irrazonable” y consiguió un fallo de la Cámara de Apelaciones que tildó de “desproporcionado” la sentencia de primera instancia y limitó la veda a martes, viernes, sábado, domingos y feriados. “No nos escucharon cuando pedíamos reponer la veda legal de noviembre a enero y no nos escucharon con la veda parcial, porque nosotros pedimos poder trabajar días corridos”, lamenta el pescador del norte santafesino.
Fallos, vedas y consejos que no funcionan
El fallo de Cámara agrega algunos puntos para morigerar la veda, que no estaban en la sentencia de primera instancia, y pide al gobierno provincial que cumpla con la legislación provincial y convoque al Consejo Provincial Pesquero, incluyendo en esa convocatoria a pescadores, frigoríficos y organizaciones ambientales para asignar vedas y montos de captura. Si el gobierno provincial cumpliera con esa medida activaría un Consejo que, como denuncian organizaciones ambientales, legisladores y pescadores, no funciona y deja el control de los montos de pesca y precios en manos del mercado frigorífico.
Para la abogada de El Paraná No Se Toca el fallo de primera instancia fue “ejemplar en materia ambiental” y lamenta la polémica generada en los medios provinciales sobre un enfrentamiento con los pescadores: “Estamos protegiendo el recurso de los pescadores, queremos que sigan pescando, lo que está en juego es la sustentabilidad del recurso. En ambos fallos quedó claro que el río tiene la capacidad de autogenerarse, pero hay que darle un descanso”.
Además, las organizaciones llevaron una propuesta a la mesa de negociación para crear un fondo anticíclico en el que los frigoríficos depositarán dinero para sostener económicamente a los pescadores en épocas de veda extraordinaria.
Yapura señala que ni el Gobierno ni la Justicia los escuchó en el momento adecuado y que ya era tarde en diciembre para la veda y para alternativas como el pago de un subsidio por veda, que, según el pescador, no supera los 5000 pesos.
El diputado provincial Carlos del Frade recuerda que desde la Legislatura se pidió, desde mayo, una mesa entre Gobierno y pescadores para ver la forma de cubrir las necesidad económicas ante una posible veda para proteger a la fauna. “No hay manera de defender el ambiente si no se tienen en cuenta los derechos laborales, los derechos de la clase trabajadora”, sostiene el diputado.
“La Cámara trató de solucionar un inconveniente político sin un fundamento ambiental, mientras que el Gobierno salió a negar todo, nunca nos acercaron una propuesta y nos enteramos de la resolución de la Cámara por los medios de comunicación”, lamentó la abogada Araguas, que anticipó que no se recurrirá el fallo de Cámara y se seguirá exigiendo un plan integral de pesca.
“Los fallos son todos parches porque lo estructural es un debate sobre la realidad pesquera a nivel provincial y nacional. Los mayores depredadores son los frigoríficos y hay que regularlos”, advierte el diputado Del Frade.
Los frigoríficos o La Forestal en el río Paraná
El gran actor ausente del conflicto legal, presentado por el gobierno provincial y los grandes medios locales como una pelea entre “pescadores y ambientalistas”, fueron los frigoríficos. Un sistema que no cuenta con barcos propios sino con cámaras de acopio, faena y producción, y una flota de camiones para retirar lo que los pescadores sacan del río en los 16 puntos de fiscalización ubicados en los 700 kilómetros de costa santafesina.
“Los puntos de fiscalización son administrados por los municipios y cumplen con un horario, mientras que los puertos permanecen abiertos toda la noche. Los pescadores no tienen horario y las camionetas de los frigoríficos se mueven las 24 horas. Declaran que sacan diez toneladas y dos las pasan en negro”, denuncia Yapura.
Otro problema para el control de lo que se extrae del río es la falta de transparencia en la cantidad de frigoríficos que funcionan en las costas de Santa Fe y Entre Ríos –única dos provincias junto a Buenos Aires que tiene permiso del gobierno nacional para exportar pescado de río–, según denuncian los distintos actores sociales del conflicto. Se estima que funcionan entre 12 y 17 en las costas de santafesinas.
La cámara de exportadores santafesina reúne a 7 frigoríficos ubicados en las localidades de Helvecia, Los Zapallos, dos en la ciudad de Santa Fe, Coronda, Puerto Gaboto y Arroyo Seco. Los nombres de los frigoríficos con permiso de exportación que surgen de los registros provinciales son Pez Pez, Don Quito, Mario Fabrizi, Horacio Ángel Bruno, Congelados Mareasol, Ictícola Coronda, Marfig y El Timón
Del Frade presentó en mayo pasado un pedido de informes al gobierno provincial en el que solicitó: detalles de las supuestas 17 empresas frigoríficas radicas en la costa santafesina, nombres de las mismas y controles ejercidos por los organismos provinciales, dinero aportado a la provincia vía impuestos y volumen de pesca y ganancias declaradas por las empresas. Ninguna de esas consultas fue respondida hasta la fecha.
En ese pedido de informe, Del Frade se hace eco de proyecciones hechas por la organización Ríos Sanos, con las que se puede dimensionar el negocio instalado en las costas del Paraná a mediados de la década del ‘90, con la llegada de los primeros frigoríficos. Según el informe:
- El 90 por ciento de la pesquería continental de Argentina proviene de la cuenca del Paraná.
- En 2016 se comercializaron 31.659 toneladas anuales extraídas de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
- Entre 2007 y 2020 salieron más de 230 mil toneladas de pescados de río.
- El 51 por ciento de esas toneladas lo aportan las empresas radicadas en Entre Ríos y Santa Fe.
- El 74 por ciento se destina a la exportación y el 26 por ciento al mercado interno.
“¿Cómo es la contabilidad de las empresas? ¿Cuánto se saca del río para exportar? Los frigoríficos tienen alrededor de 500 trabajadores en las plantas de acopio, pero la Provincia no regula la relación entre los pescadores que son los que les entregan la mercadería: ¿cuántos son los les venden a los frigoríficos? ¿Dónde están registrados? Este tipo de cosas, alguna vez, hay que blanquearlas”, denuncia Del Frade, quien también advierte que esas empresas no participan del virtual Consejo Provincial Pesquero, favorecidos por el limbo jurídico entre el estado nacional que autoriza los cupos de exportación y la Provincia que controla la explotación.
“Son los que ponen las reglas porque son los que pagan y se quedan con el fruto de la pesca. Hay concentración de riqueza en unos pocos, pauperización en la mayoría de los pescadores y explotación de los bienes comunes. Es algo así como repetir el modelo de La Forestal en el río Paraná. Tiene que ver con el sistema extractivista feroz que estamos padeciendo desde hace tiempo”, lamenta el diputado provincial.
Oración del remanso
“La relación es siempre tirante”, califica Yapura a la situación en la que quedan los pescadores frente al poder de los frigoríficos sin que el estado provincial convoque al Consejo provincial, en los que deberían acordarse las condiciones de pesca.
Las plantas de acopio de las empresas están en el norte de Santa Fe. Allí el pago a los pescadores es entre 25 y 35 pesos la pieza; mientras que en el sur, los mismo frigoríficos pagan por kilo entre 35 y 45 pesos.
Las exportaciones se realizan en dólares, pero el pago para los pescadores no se actualiza con la suba de la divisa norteamericana, algo que sí ocurre con las herramientas de pesca. En los últimos cuatro años, los frigoríficos actualizaron el pago solo entre un 15 y 20 por ciento. “En 2015, un motor de 40 hp costaba 45.000 pesos, cuando terminó el gobierno de Mauricio Macri ya costaba 400 mil pesos, y todo sigue subiendo. Con el costo de las herramientas de trabajo y el combustible para el motor, hay que sacar entre 3000 y 4000 pesos de pescado por día (diez kilos aproximadamente) para poder quedarse con 1500 pesos en el bolsillo”, calcula Yapura, conocedor de la situación en toda la cuenca, ya que también es delegado de los pescadores salteños.
En el caso de que el pescador no llegue a cubrir los costos o reponer alguna de sus herramientas de trabajo, los frigoríficos le ofrecen todo lo que necesite, pero “es como La Forestal, cuando ellos empiezan a darte herramientas, tenés que trabajar gratis para ellos”, vuelve a aparecer la comparación con el modelo extractivo que se reinó en el norte de Santa Fe a principio del siglo pasado.
Los pescadores que no le venden a los frigoríficos son los pocos menos de 1000 que están registrados como “pesca de subsistencia” y aquellos que deciden salir a vender al costado de las rutas provinciales, algo que no es una opción para quienes viven delta adentro. Pero en caso de que los pescadores quisieran organizarse para vender el pescado que sacan del río, no podrían: “Los frigoríficos ingresaron de la mano con la Ley de Tránsito Federal y sólo a ellos se les otorga la licencia, que sale un millón de pesos, para poder transportar pescado fuera de la provincia. Es un problema que le planteamos a los gobiernos socialistas durante doce años y ahora al peronismo”, apunta Yapura.
El representante de los pescadores también propone un modelo para salir de la dependencia y del modelo extractivo de los frigoríficos: “Hay que empezar a achicar los cupos de exportación, en un período de cuatro a cinco años, y luego cerrar la exportación para abrir el mercado interno. Tenemos 45 millones de argentinos a los que proveerle pescado de río. Muchos ni lo conocen y si lo comen lo pagan fortunas. También podrían las cooperativas de pescadores abastecer a los comedores escolares, municipios y gobiernos, no hace falta matar tanto pescado para proveer el mercado interno, que consume calidad y no cantidad. Mientras que el mercado de la exportación no tiene fin”.