- Publicado por “Página/12“
Con la intención de contribuir al esclarecimiento de la violencia sexual padecida durante la infancia y adolescencia en todos los ámbitos del territorio provincial, desde la Legislatura promueven un proyecto para crear “Comisiones de la Verdad” que investiguen y den a conocer casos de abusos sexuales que se encuentran ocultos para luego elevarlos a la justicia. La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Claudia Balagué junto a sus colegas Carlos del Frade y Palo Oliver en base a la experiencia desarrollada en una decena de países en el mundo. Al mismo tiempo, el proyecto provincial contempla un reclamo a nivel nacional para lograr la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores.
Al igual que la CONADEP en 1983, la cual se constituyó para investigar delitos de lesa humanidad durante la dictadura, el proyecto presentado en la Legislatura santafesina busca crear una “Comisión investigadora independiente de la Verdad y Reparación” para contribuir al esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos relacionados a delitos tipificados que constituyen violencia sexual padecida durante la infancia y adolescencia en todos los ámbitos del territorio provincial.
“Desde hace casi un año venimos trabajando con la asociación civil Aralma, que está muy en contacto con otras organizaciones que tratan el tema de los abusos sexuales en niños y niñas y también con otras organizaciones internacionales que abordan el mismo tema en distintos países”, comentó a Rosario/12 la diputada socialista Claudia Balagué. En ese sentido, la legisladora explicó que la idea fue tomada en base a la experiencia en países como Alemania, Australia, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Escocia, Finlandia, Francia, Islandia, Irlanda, Nueva Zelanda, los Países Bajos, Polonia, Suecia y Suiza.
En relación al funcionamiento de esta Comisión, la autora del proyecto detalló que su finalidad sería la de llevar a cabo “investigaciones a gran escala que responden a situaciones que tienen relatos múltiples, en los que los hechos se niegan o cuya información no es fácilmente accesible o incluso se oculta deliberadamente”. A través de estas comisiones, “las víctimas y la sociedad en general podrán saber, mediante un relato explicativo y datos concretos, qué pasó, cómo y dónde ocurrieron los hechos que se ocultaron o desmerecieron”.
La iniciativa contempla que la composición de la Comisión sea de nueve miembros, cumpliendo la paridad, que serán elegidos y designados por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica, con probada trayectoria en el trabajo, escucha y recuperación del abuso sexual infantil no menor a 10 años de trabajo. Entre sus funciones, los integrantes podrán recibir los antecedentes que le proporcionen las posibles víctimas, sus representantes, sucesores o parientes; tomar medidas para resguardar la identidad de quienes le proporcionen información; analizar el material recibido; coordinar abordajes interdisciplinarios con equipos asistenciales, de soporte y apoyo, planes y programas para el acompañamiento de las víctimas; e incluso formular denuncias ante el Ministerio Público de la Acusación.
Una vez elaborado el informe final, que será la síntesis de todo el trabajo realizado por la Comisión, la investigación realizada será presentada al Poder Ejecutivo Provincial en conocimiento público “a fin que adopte las decisiones o iniciativas que aconsejen y que se estimen pertinentes, desde las medidas judiciales hasta medidas de reparación para las víctimas”. A partir de esto, la Comisión terminará su cometido y quedará automáticamente disuelta, creándose luego un observatorio independiente para la sistematización, análisis y producción de información sobre las violencias que recuperen los relatos de las y los sobrevivientes.
Si bien se trata de un proyecto de alcance provincial, Balagué explicó a este medio que paralelamente vienen trabajando con una asociación que lleva adelante este mismo proceso a nivel nacional, sumándole una exigencia que resulta trascendental para la causa: lograr que se sancione la imprescriptibilidad de los delitos sexuales a menores de edad, tal como ocurre con los delitos de lesa humanidad que no tienen prescripción legal. “En la provincia también hay que trabajar en el Código Procesal Penal y en las Comisiones por la Verdad, las cuales pueden tener distintas jurisdicciones. Puede haber nacionales, como fue el caso de la Conadep en su momento, o puede haber provinciales. En el caso de Australia, que es uno de los países que estamos tomando como ejemplo, todo el proceso comenzó con una ley provincial, donde se generó la primera comisión, y finalmente se logró un proceso nacional”, aclaró la también pre candidata a renovar su banca en la Cámara de Diputados de Santa Fe.
La ex ministra de Educación de Santa Fe también hizo referencia a su trabajo con esta temática durante sus años de gestión, sorprendida por el número de casos detectados: “Cuando estuve al frente del Ministerio, gracias a la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI), encontramos entre 400 y 500 casos de abuso sexual infantil por año en la provincia de Santa Fe. Es impresionante. Lo detectábamos mediante la ESI y los denunciábamos a la justicia pero también en otros casos eran en las escuelas para adultos, los EMPA y las escuelas nocturnas donde recordaban procesos que vivieron en su infancia y que obviamente los marcaron para toda la vida. Por eso es tan importante estos procesos, sea cual sea el periodo en el que se dio el abuso infantil”.
Con respecto a la continuidad de ese tipo de políticas públicas, Balagué fue crítica de la gestión de Omar Perotti: “Nosotros habíamos desarrollado un proceso de formación docente, de acompañamiento a las escuelas con equipos especializados en el tema que recorrían permanentemente la provincia. Incluso entraron en un proceso de titularización para que quedaran permanentemente en el Ministerio de Educación. Todo eso se paralizó bastante en el gobierno de Perotti y la verdad que si bien muchos docentes ya estaban formados y preparados y los seguían abordando, entendemos que tiene que ser una política pública activa permanente, porque si no se empieza a caer. Hay presiones de las familias, hay presiones de ciertos grupos de las Iglesias, entonces la política tiene que ser muy activa y permanente”, evaluó la diputada provincial.