- Publicado en Revista El Vecino
Después de la llamada “noche del apagón”, entre el 20 y 27 de julio de 1976, cuando desaparecieron decenas y decenas de trabajadores de los ingenios azucareros de las localidades de Libertador General San Martín y Calilegua, en la provincia de Jujuy, los dueños del Ingenio Ledesma, la familia Blaquier perfeccionó la sede de su administración en medio de su latifundio: la llamaron “la rosadita”.
Un edificio hecho a imagen y semejanza de la Casa Rosada, la sede del gobierno nacional, de la presidencia de la Nación, pero chiquito, a escala de lo que significaba para los grandes integrantes del poder económico la dimensión exacta de la conducción política.
Chiquita, “la rosadita”, era la administración de los Ledesma.
Símbolo del proyecto histórico de las grandes minorías, subordinar la política a sus intereses.
El 10 de junio de 2020, los directivos de Vicentin fueron recibidos por el presidente de la Nación, doctor Alberto Fernández, en la Quinta de Olivos, luego de conocido el decreto que impulsaba la intervención y el posterior proyecto de expropiación de la firma que ahora debía 1.400 millones de dólares.
El periodista Horacio Verbitsky, el 28 de junio, publicó en el portal “El cohete a la Luna”, una nota titulada “La Puntita”, en la que vuelca algunas observaciones y datos sobre aquella entrevista en Olivos.
“…el director ejecutivo del grupo, Máximo Padoan , nieto de Máximo Vicentin, aseveró en forma categórica que el plan de rescate del gobernador Omar Perotti “es mucho peor que el DNU de Alberto Fernández”: el Presidente dispuso la intervención por dos meses, el gobernador hasta la conclusión del concurso de acreedores. Por eso, el juez provincial Fabián Lorenzini no lo aceptó e insistió en mantener al directorio en sus puestos, si bien ha empezado a indagar sobre el patrimonio de algunos de sus integrantes”, sostiene la nota.
Agrega que se “demuestra que el gobierno no desea convertir la intervención a Vicentin en un casus belli con el sector agropecuario y mucho menos con el conjunto del patronato, que es lo que intenta la oposición pura y dura, y privilegiar otros temas que considera más importantes. Pronunciamientos categóricos en favor de la intervención por parte de gremialistas campestres, como el presidente de la Sociedad Rural de Córdoba, el ganadero Pedro Salas, desaconsejan emblocar a todo el sector como enemigo, cuando no lo es. Salas le dio un paseo inolvidable en una entrevista por radio a un vocero del oportunismo propatronal. “Hay que estar alucinado para comparar esta situación con la de Venezuela. ¿Usted sabe que Venezuela importa alimentos?”, le dijo. Nunca esta veleta había recibido semejante sopapo que le hiciera dar varias vueltas en redondo”.
“…Quedan de todos modos muchas preguntas por hacer. Por ejemplo:
— ¿Alberto no sabía que el anuncio le vendría como anillo al dedo al ala dura del PRO?
—No.
— ¿Cómo es posible?
—El gobernador de Santa Fe le había transmitido que cuando se supiera que el gobierno se haría cargo del rescate del grupo económico transnacionalizado Vicentin, habría expresiones de júbilo en su provincia.
“Las reacciones siguieron distintas líneas. En el norte santafesino, donde Vicentin tiene su sede histórica, sus directivos se cuidaron de pagar todos los granos recibidos de los productores y el banderazo tuvo inserción social, lo mismo que en las comunas más prósperas de la Ciudad Autónoma. En la zona de Rosario y el sur de la provincia, donde los hermanos Nardelli y Beto Padoan dejaron un tendal, nadie los considera víctimas de la voracidad estatal.
“Otro de los errores fue disponer en el DNU que la expropiación alcanzaría a la sociedad Vicentin SAIC, lo cual implicaría asumir también sus pasivos, en vez de circunscribirse a sus activos.
“La relación de Vicentin con el ex Presidente Maurizio Macri tiene una dimensión oculta que es conocida por los demás actores del negocio de cereales y oleaginosas. La compañía de los hermanos Nardelli y Padoan era el instrumento mediante el cual Macri intentaba controlar el principal negocio de exportación de la Argentina. Macri y sus empresas, no el Estado.
“Una de las constataciones más llamativas es que la capacidad de crushing de la cerealera concursada creció en forma notable durante los cuatro años del gobierno de Macri, pese a que en el conjunto del mercado había importante capacidad ociosa. La producción local de soja ronda los 50 millones de toneladas y el volumen de procesamiento posible es casi 50% mayor. Con capacidad para moler 50.000 toneladas diarias entre sus distintas plantas, Vicentin llegó a representar el 24% de la molienda en el país.
“Su expansión se realizó sobre la base de crédito de la mesa de dinero del Banco Mundial, de bancos agrícolas europeos y de bancos locales, comenzando por los públicos (Nación, Ciudad y Provincia de Buenos Aires).
“El Nación es su principal acreedor y le estuvo practicando reanimación cardiopulmonar financiera cuando sus signos vitales ya se habían extinguido.
“Como un vulgar esquema Ponzi, la pirámide se derrumbó en cuanto les Fernández derrotaron a Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales de octubre pasado. Los accionistas de Vicentin habían sido los principales aportantes de la fórmula Macri-Micky Vainilla. Luego de recibir un último y suculento crédito del Banco Nación, al margen de las relaciones técnicas que sus autoridades estaban obligadas estatutariamente a seguir y de ceder la mayoría accionaria de Renova a la suiza Glencore (entre cuyos accionistas se destaca el fondo BlackRock), Nardelli, Padoan y sus familiares más próximos emprendieron una veloz operación de insolvencia programada, vendiendo y donando propiedades, para no responder ante los acreedores estafados, en la fila donde comparten penas proveedores de granos, trabajadores y bancos. La línea de tiempo elaborada por Berco para sus Brotes Verdes a partir de los datos del expediente judicial no deja lugar a dudas. Tampoco las tienen el Banco Mundial y los otros acreedores internacionales, que pidieron que un juzgado de Wall Street investigue donde fueron a parar mil millones de dólares que desaparecieron de la vista entre julio pasado, cuando Vicentin presentó estados contables rozagantes, y diciembre, cuando se declaró abatida por el stress financiero.
“En marzo, cien días después de la cesación de pagos, Gustavo Nardelli fue detenido por la Prefectura, que le secuestró su yate Champagne, cuando navegaba por el río Paraná en violación de la cuarentena, en compañía de una mujer. El yate, de casi 20 metros, está tasado en más de un millón de dólares.
“El 4 de diciembre de 2019, el conglomerado se declaró en cesación de pagos, el 6 le ofreció al Presidente electo el 60% del paquete accionario, siempre que permitiera a los Nardelli-Padoan conservar el 40% y eludir la responsabilidad por el ostensible vaciamiento.
“En la segunda reunión con los nietos de los fundadores, el ya Presidente Alberto Fernández dijo que, mirando la documentación del caso, le llamaba la atención la cantidad de empresas del grupo familiar. El almirante de aguas turbias Nardelli respondió con displicencia: “Esos son sellos que creamos para contraer deudas”. El cinismo de la expresión ante la pregunta presidencial describe la calaña de su interlocutor.
“Estos entretelones no son conocidos por el conjunto de la sociedad, porque Alberto trató de no profundizar la polarización con un sector que en la Ciudad Autónoma y en el centro del país está dispuesto a creer que el Presidente huele a azufre y que su Vice tiene pezuñas”, escribió Verbitsky.
Tiempo después, el abogado rosarino Gustavo Feldman tomaría esa nota para profundizar su denuncia contra las maniobras implementadas por el directorio de Vicentin y citaría al mismísimo presidente de la Nación, Alberto Fernández, a profundizar aquellos dichos.
“El viernes 9 de octubre el Fiscal de la Provincia de Santa Fe Miguel Moreno, emitió un decreto por el cual convoca al Presidente de la Nación, Alberto Fernández a prestar declaración testimonial en el marco de la investigación penal que se lleva a cabo en la ciudad de Rosario, a instancias de la denuncia que patrociné a fines de julio de este año, representando a algunos acreedores del Grupo Vicentin”, escribió Feldman.
“En nuestra presentación ante la Fiscalía provincial de Rosario, al momento de radicar la denuncia, dijimos: El 4 de diciembre de 2019 Vicentin se declara en default. Los directivos y/o controlantes de Vicentin sabían que no iban a poder cumplir y aún así siguieron adelante con el plan que, de manera previa y acordada, diseñaron para, por un lado seguir tomando deuda a través de la recepción de cereal, y por otro continuar con un discurso y una conducta asociada demostrativa de normalidad con la que se pretendía evidenciar solvencia. Resulta palmario que la conducta tuvo un diseño asociacionista porque si no hubiera resultado imposible que cientos y cientos de casos como el nuestro se repitieran con un plexo factico idéntico o muy parecido. En efecto, la conjunción de circunstancias previas a la comunicación de default, denotarían que la misma ha sido meticulosamente orquestada, y premeditadamente direccionada a que todos los referentes del grupo desgranaran un mismo discurso y desplegaran un mismo accionar”, agrega.
“Ahora bien, entre la distribución de tareas dentro de la asociación descripta hubo algunas más relevantes que otras, como por ejemplo la desplegada por algunos referentes del grupo como Sergio Nardelli, procurador de la impunidad de los involucrados, quien el 6 diciembre (esto es dos días después de declarar la cesación de pagos) le ofreció al Presidente electo Alberto Fernández, el 60% del paquete accionario, siempre que permitiera a los Nardelli- Padoan conservar el 40% y eludir la responsabilidad por el ostensible vaciamiento.
“En una segunda reunión con los “nietos de los fundadores”, el ya Presidente Alberto Fernández dijo que, mirando la documentación del caso, le llamaba la atención la cantidad de empresas del grupo familiar. Nardelli respondió: “Esos son sellos que creamos para contraer deudas”, todo ello conforme lo expresado en la nota periodística que se ofrece como prueba informativa”.
“Ahora el acusador público, el Fiscal ha hecho suya como medida de investigación, entre otras tantas, lo que fue en su momento nuestra propuesta. El sistema de investigación y persecución penal santafecino es de tinte acusatorio; es el Fiscal quien investiga, y la figura del juez opera como resguardo de las garantías de los sujetos a esa investigación. Es así, que la potestad de convocar a alguien a deponer como testigo es del Fiscal, lo que conlleva una obligación legal de declarar, y de hacerlo con la verdad, del citado o convocado. El testimonio ordenado resulta clave para buscar de acreditar uno de los extremos fácticos que permitieron la toma de deuda de Vicentin en condiciones verdaderamente anómalas”.
“Este accionar podría ser el configurativo de la estafa y de la asociación ilícita, que permitió llevar al estado de cosas calamitosas en el que hoy está inmerso el Grupo Vicentin y los miles de acreedores que confiaron en él. Operaciones millonarias entre Glencore y Vicentin quedaron en la mira de EE.UU. La presunción de la existencia de la trama delictual se ha visto fortificada hace poco con la presentación efectuada por los bancos internacionales, también en el marco de la causa penal abierta por nuestra denuncia. Los bancos sospechan que Vicentin les ocultó el inminente default y la enorme deuda con los acreedores locales para seguir percibiendo los créditos que estos les otorgaban”.
“El testimonio del Presidente será crucial entonces para terminar de desentrañas uno de los aspectos sustanciales de todo el plan estafatorio de Vicentin; la creación de “sellos” para facilitar la toma de deuda y de cereal, sin pagarlo; sin intención de pagarlo nunca. También a pedido del Fiscal Miguel Moreno, Juez Nicolás Foppiani ordenó la inhibición general de un numeroso grupo de empresas asociadas o allegadas a Vicentin, anotándose a través de un cuerpo de oficiales de Justicia, dicha interdicción en los libros de accionistas de cada una de esas empresas. El Banco Nación va a la Justicia para evitar el vaciamiento del Grupo Vicentin Creemos fundadamente que la palabra presidencial corroborará lo que venimos sosteniendo desde hace meses: lo de Vicentin no fue casual, no fue un descuido, ni un infortunio. Lo de Vicentin se trata de otra cosa. La Fiscalía rosarina va en pos de averiguarlo”, terminaba diciendo Feldman, mostrando que, en realidad, aquella reunión en Olivos todavía no terminó.