Los abogados solicitan que al menos los trabajadores no deban pasar por las comisiones médicas. El 15 de marzo se manifestaron frente a la sede de Rosario
- Publicado por UNO Santa Fe
La Asociación de abogados laboralistas de Rosario viene realizando en los últimos meses diferentes acciones para oponerse a la adhesión de la ley de ART que se sancionó durante el gobierno de Mauricio Macri y a la que la provincia adhirió el 22 de octubre de 2020. La implementación efectiva de la norma se produjo en mayo del año pasado y a partir de allí los letrados se quejan de las dilaciones que existen para que los trabajadores puedan hacer llegar su reclamo a la Justicia.
El secretario de la Asociación, Sebastián Serrano Alou, dialogó con UNO Santa Fe y describió la situación como “un embudo” que tiene como objetivo dilatar los tiempos de los reclamos de los trabajadores. Eso provoca el efecto de que muchos opten por atenderse con sus obras sociales y que en ocasiones desistan de ejercer sus derechos antes de llegar a la instancia judicial.
Para visibilizar estas dificultades la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario realizó el 15 de marzo pasado una manifestación ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en la ciudad del sur provincial. Además, realizó una presentación en la Federación de Colegios de Abogados de la provincia para que acompañen este reclamo que busca derogar la Ley 14.003 por la cual la provincia adhirió a la ley nacional de ART.
Serrano Alou dijo que en el transcurso de este año intentarán que se presente un proyecto de ley para derogar la ley que rige desde mayo del año pasado. El letrado dijo que hubo tres diputados provinciales que acompañaron el reclamo y que se mostraron dispuestos a trabajar en el tema. Son las diputadas Matilde Bruera y Paola Bravo y el diputado Carlos del Frade. “La idea es derogar la ley o, al menos, su primer artículo que exige el trámite administrativo en las comisiones médicas”, explicó.
El abogado rosarino explicó que lo que pretende la asociación es que cambie el sistema de ley de enfermedades y accidentes de trabajo, que data de mediados de la década del 90 con la Ley 24.557. Esa ley ya establecía la obligatoriedad de las comisiones médicas. Sin embargo, la Corte Suprema Nacional, con otra integración, entre el 2004 y el 2014, declaró la inconstitucionalidad de varios aspectos de esa norma.
Pero con el proyecto que Mauricio Macri envió al Congreso, se aprobó y que en febrero de 2017 se publicó en el Boletín Oficial, volvió a instaurarse el requisito administrativo de las comisiones médicas antes de llegar a la instancia judicial. La Corte Suprema actual convalidó la obligatoriedad del sistema. A esa ley, la 27.348, es a la que adhirió Santa Fe y que los abogados laboralistas rosarinos quieren dejar sin efecto.
“Esto implica que los trabajadores tengan que transitar esta instancia administrativa previa antes de poder llevar los reclamos a los jueces de trabajo”, explicó Serrano Alou y agregó: “El objetivo es generar malestar, cansancio y que desistan, de ser posible, de reclamar lo que les corresponde. Además, como esto demora mucho, también sucede que los trabajadores terminan atendiéndose por sus obras sociales cuando las que tienen que dar la respuesta son las ART”.
Luego señaló: “Por eso pedimos que se derogue la ley o que se ponga fin a la obligatoriedad del paso previo por comisiones médicas. Esta es una primera medida para buscar que el sistema gire en torno a la prevención de los accidentes y enfermedades del trabajo y no a una reparación que muchas veces es negada y que cuando se da se lo hace tarde y normalmente no es lo que sería justo sino que es una reparación menguada”.
Los abogados se quejan de los tiempos
Según Serrano Alou, en la actualidad aún no están funcionando todas las comisiones médicas que fueron creadas por ley –ocho fijas y cinco móviles. Aunque el abogado señaló que ese no es el problema de fondo, sino que mientras no se les dé importancia al trámite de los reclamos por enfermedades –que son la mayoría de los problemas que tienen las personas que trabajan pero, a su vez, la menor cantidad de reparaciones que hay de parte de las ART– siempre se va a terminar en el mismo resultado.
“Se va a la comisión médica y se pierde el tiempo. En todos los casos que inicié el año pasado, en ninguno siquiera se revisó a la persona damnificada, ni se la convocó a una junta médica. Entonces pasaron los 60 días hábiles que marca la ley de adhesión para pedir un pronto despacho por 10 días hábiles más que se cumplieron y recién ahí pude iniciar la acción judicial. Pero como son días hábiles pasaron casi cinco meses de pérdida de tiempo porque no tuvimos una mínima respuesta”, se quejó el letrado y aseguró que la mayoría de sus colegas y los trabajadores damnificados pasan por la misma situación.
El abogado también relató la experiencia de tramitar un caso y dijo que muchas veces se dilatan los tiempos porque se aduce que no se cumple algún requisito, se archiva el trámite y hay que empezarlo todo de cero. “También nos cambiaron las reglas en el camino porque lo que antes se presentaba en forma virtual después se pasó a hacerlo en forma presencial y eso requería conseguir un turno. Ahora logramos que a partir de abril se saque el turno. Como mínimo son cinco meses, pero ese es el mejor de los casos”, aseguró.
Al ser consultado sobre si a partir de la implementación de la ley disminuyó la judicialización de casos, Serrano Alou dijo no tener cifras, aunque estimó que “seguro que disminuyeron las presentaciones judiciales porque se produjo un efecto de embudo”. En ese sentido advirtió: “Una vez que se rompa ese embudo las causas van a ir a parar al Poder Judicial. Hay una demora de entre seis y doce meses para iniciar una causa y como esta ley entró en vigencia en mayo del año pasado hay muchas causas que se van a iniciar después de todas estas demoras. Es una baja de presentaciones judiciales ficticia, porque todavía no pudieron llegar a la Justicia”.
Para el secretario de la Asociación de Abogados Laboralistas de Rosario “ese es el objetivo que perseguía la ley, que se demore el trámite”. Serrano Alou dijo que después “habrá que ver cuántos trabajadores terminan desistiendo de realizar el trámite” porque “se cansaron o porque tuvieron algún problema en su trabajo”.
“A veces, cuando se los cita, se les obliga a iniciar un trámite distinto por cada dolencia. Mientras que en el Poder Judicial se podía iniciar una demanda con todas las dolencias juntas por lo que un trabajador que tenía problemas de vista, de columna y de audición podía hacer una sola demanda”, explicó.
Eso permitía que el trabajador vaya por única vez a una junta médica junto a un perito oficial y que se realice una sola audiencia. “Ahora, en la Superintendencia hay que iniciar un trámite por cada dolencia del trabajador, no se considera a la persona como un ser integral. Se consideran los accidentes y enfermedades como algo abstracto y que cada una requiere un trámite distinto. Hay trabajadores que tienen que pedir tres veces permiso en el trabajo para hacerse estudios, para ir a una junta médica y eso les genera problemas. Algunos terminan desistiendo”, graficó.
El diputado Carlos del Frade, quien acompañó el reclamo de los abogados, reflejó los números oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo correspondientes a 2020. Ese año en la provincia hubo 31.811 accidentes laborales y enfermedades laborales, lo que significa un promedio de 87 por día. Además, fallecieron 37 trabajadores.
