Se multiplicó la demanda de herbicidas, fertilizantes y semillas. Como contrapartida, un grupo de estudiantes terciarios se preguntan por qué el veneno tiene libertad de acción mientras las leyes que deben cuidar la vida se siguen incumpliendo.
Por Carlos del Frade
(APe).- Mientras los ríos crecen y empiezan a aparecer los primeros evacuados, “el niño” demuestra la consecuencia de una explotación irracional de los bienes comunes y hasta la increíble Suprema Corte de Justicia de la Nación condena las fumigaciones por sus efectos sobre la salud humana y el ambiente, las noticias hablan de otra cosa.
“En octubre explotó la demanda de herbicidas, fertilizantes y semillas”, tituló el diario “La Nación”, el sábado 17 de octubre de 2026.
A envenenar que se termina el mundo, parece ser la connotación de semejante información.
La noticia explica que “la demanda de insumos para siembra de granos gruesos funcionaba a ritmo de vals; desde fines de septiembre baila al ritmo de rock: “En las últimas cuatro semanas los pedidos explotaron y se concretan ventas por un volumen 50 por ciento superior a lo que correspondería a esta época”.
Habla de los valores constantes del glifosato a 4,40 dólares como si se tratara de una cuestión de negocios y nada más.
En un instituto terciario de la ciudad de Rosario, en la misma semana que surgió esta información, estudiantes preguntaron de qué manera se cuida la salud humana y el ambiente en relación a los pesticidas y qué se hace con los envases de agroquímicos cuando se desechan.
En la provincia de Santa Fe, más allá de la última resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que habla de la necesidad de prohibir las fumigaciones a menos de mil metros de los cascos urbanos, la ley vigente es del año 1995 y sostiene los 500 metros, distancia que difícilmente se cumpla porque se priorizn, como en la noticia, el interés económico por encima de las cuestiones ecológicas y sanitarias.
Las chicas y los chicos del terciario no terminan de comprender por qué razón el veneno tiene libertad de acción y las leyes que están hechas para cuidar la vida parecen tener una existencia virtual.
La democracia del veneno continúa vigente y goza de buena salud al mismo tiempo que las urgencias de sus consecuencias no suelen aparecer ni en los grandes medios de comunicación como tampoco en los principales proyectos políticos de los gobiernos provinciales o municipales.
La ley nacional 27.279 -que habla de la necesidad de cuidar lo que se hace con los envases fitosanitarios- tiene su correlato en la ley 13.842 de Santa Fe, sancionada en el año 2018 y depende del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático cuyo presupuesto es de apenas del 0,13 por ciento, es decir 13 centavos cada cien pesos.
La verdadera dimensión que la política le da a los temas está en el tamaño del número del presupuesto. Acá se terminan las bellas palabras.
Las estudiantes del terciario también querían saber sobre la ley nacional de sanidad animal y vegetal, la 27.233 y en ese sentido aparece la 12.923 santafesina de protección vegetal del año 2008. Pero la autoridad de aplicación es el Ministerio de Desarrollo Productivo.
Una señal inequívoca de lo que realmente le importa al sistema.
Por eso, en relación a la ley nacional 27.262, vinculado a las fumigaciones, tiene en Santa Fe aquella de 1995, la ley 11.273 que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Una definición política y filosófica clara y categórica. Lo ambiental está subordinado a los intereses productivos.
De allí que las noticias pasen por el valor del glifosato y la demanda creciente de herbicidas, fertilizantes y semillas.
Porque importa más el dinero que la salud y la naturaleza.
Aunque chicas y chicos que estudian en un nivel terciario no lo puedan creer.
Fuentes: “Campo. La Nación”, edición del 17 de octubre de 2026; entrevistas del autor y legislación de la provincia de Santa Fe.