El Banco de la Nación Argentina anunció que “impugnará por abusiva y contraria a los intereses de la entidad una eventual decisión judicial de avalar la propuesta de pago” del directorio del grupo Vicentin y agregó que esa oferta empresarial es “extremadamente desfavorable para el banco” y que “el supuesto compromiso de pago por parte de la cerealera no representa ni siquiera un cuarto del dinero que la empresa le adeuda al Banco Nación”.
Ante estas declaraciones, el Directorio de Vicentin emitió un comunicado que no solamente difundió puertas afueras si no también al interior del grupo.
Sostiene ese documento que “en un escenario de no homologación -que descartamos- y ante la ausencia de una propuesta superadora, lo que devendría es el cierre definitivo de Vicentin que provocará los efectos conocidos: pérdida definitiva de los créditos para todos los acreedores, la pérdida de todos los puestos laborales, con la consecuente conflictividad social derivada y su posible extensión al sector agro exportador”.
Termina diciendo el directorio que “lo más conveniente para los acreedores minoritarios que no votaron la propuesta, entre los que se encuentra la porción quirografiada del Banco Nación, es proteger el recupero de sus créditos, que quedarán reexpresados en moneda fuerte y aseguran un rápido pago después de la homologación firme.
Por último, es también la mejor manera de garantizar y respetar los intereses de los acreedores pequeños y a los acreedores granarios que forman el corazón productivo de la Argentina”.
Es indispensable que los ministerios de Trabajo y de la Producción de la Provincia de Santa Fe sostengan los puestos de trabajo y difundan la realidad del consorcio empresarial fundado en Avellaneda a finales de los años veinte del siglo pasado.
El “cierre definitivo”, anunciado por el grupo genera mucha angustia en miles de familias santafesinas. Y tiene un profundo olor a extorsión que no se merecen ni las familias trabajadoras ni el pueblo santafesino en particular y argentino en general.