- Publicado por Aire de Santa Fe
El titular de la Comisión de Seguimiento de Vicentin de la Cámara de Diputados de Santa Fe, Luis Rubeo, presentó ante el resto de los legisladores el informe elaborado sobre la reunión mantenida con el fiscal federal de Reconquista, Roberto Salum. En ese encuentro, el fiscal informó que tiene probado que la exportadora presentó facturas falsas ante Afip por 140 millones de pesos. Fue durante los años 2016, 2017 y 2018.
Además, el legislador reveló que el Banco Nación mantiene su postura favorable respecto de la figura del cramdown (salvataje) y la creación de una empresa mixta. Esa figura jurídica generó algunos roces entre legisladores, que la calificaron de “desprendimiento forzoso de la empresa”. También se le solicitó a la Corte provincial que decida cuantes si intervendrá en este caso o no lo hará.
Al hacer ingreso del informe, Rubeo precisó que en la reunión con los diputados, el fiscal Salum reveló que directivos de la firma presentaron facturas falsas, en concepto de reintegro por exportaciones. En cuanto a la reunión que mantuvieron con el directorio del Banco Nación, el legislador señaló que “la posición es la misma que había en la gestión anterior del banco. Rechazar la propuesta del directorio porque estaba viciada de nulidad, ya que se pedía el retiro de las garantías. Además, el banco cobraría la acreencia en 80 años”.
“Le pedimos a la Corte que termine con el proceso de avocamiento” y advirtió que “el Banco Nación, los acreedores, trabajadores y cooperativas tiene los plazos suspendidos. El 31 de diciembre vencen los contratos a fasón que tiene el grupo y significaría que lo que se usa para el pago de salarios podría terminar y eso sería perjudicial para los trabajadores”, destacó. Asimismo, Rubeo remarcó que el Banco Nación “tiene la decisión política de participar del proceso de salvataje y la conformación de una empresa mixta”.
El legislador del PJ también trajo a la discusión al gobierno provincial. Al respecto, apuntó que “es indispensable que el gobierno de Santa Fe se ponga al frente del proceso. No puede ser que el gobierno esté ausente amparándose en que es un tema estrictamente judicial. Hay una situación eminentemente política que puede terminar en un enorme conflicto”, dijo.
“Desprendimiento forzoso de la empresa”
La polémica en torno al tema Vicentin en la sesión estuvo centrada en los dichos de la diputada de la UCR, Marlen Espíndola, quien expresó su desacuerdo con la figura jurídica del cram down (salvataje), se preguntó de dónde saldrá el dinero para mantener a la firma activa y manifestó su preocupación por los puestos laborales.
Espíndola aclaró, en primer término, que “en cuanto a lo penal, no tenemos nada que objetar. Compartimos plenamente que los que fueron responsables de hechos ilícitos deben responder ante la Justicia”. Sin embargo, reconoció que “sí preocupa” la reunión con las autoridades del Banco Nación.
Al respecto, la diputada expresó: “Vicentin tiene relevancia para toda la provincia. Entendemos que la empresa se venía manejando dentro de la ley de concursos y quiebras, viene cumpliendo con los pagos de los sueldos con las cargas fiscales correspondientes y sin tomar empréstitos. Además, no han despido a ningún trabajador y es para remarcar, porque muchas empresas concursadas no siempre pueden mantener los puestos laborales”.
La legisladora sostuvo que “el proceso concursal se realizaba conforme a la ley” y disparó: “El cram down tiene una naturaleza jurídica clara y específica. Básicamente, implica desprender a los dueños forzosamente de la empresa, eso es el salvataje. Es desprendimiento forzoso de la empresa al Estado”.
Otras de las dudas planteadas por la diputada radical tuvieron que ver con los recursos que necesita la empresa para seguir funcionando. “Entendemos que la deuda con el Banco Nación es de 300 millones y para que la empresa funcione se necesitan 800 millones: 500 para el trabajo y 300 para inversión. Me pregunto, ¿el Banco Nación va a poner estos 800 millones para que la empresa funcione? ¿Cómo van a garantizar, desde el Banco Nación o la empresa estatal, que los empleados cobren los sueldos, que se hagan los aportes y que se siga trabajando con la misma cantidad de gente? ¿Quién va a pagar estos 800 millones?”, cuestionó.
A su vez, Espíndola se refirió rol político de la comisión y la de Cámara baja. “No es una cuestión que podamos dar respuesta desde esta Cámara. Si desde esta Cámara avalamos el cram down y la conformación de esta empresa, estaríamos interviniendo desde la política en la justicia”.
“La única propuesta concursal existente es el desguace de la empresa”
El primero en responder a los dichos de la legisladora de la UCR fue el diputado del bloque Igualdad, Rubén Giustiniani, quien aclaró que “el proceso concursal llegaba a su término con la propuesta concursal. La única participación del Estado en la cuestión es la deuda de Vicentin con el Banco Nación, de 340 millones. Aparte está la deuda con los acreedores privados”. Respecto a la propuesta, el diputado indicó que “fue rechazada por sectores importantes de los privados” y remarcó que “no tiene en cuenta al norte, ni a la algodonera ni a la aceitera”.
“La única propuesta concursal existente es el desguace de la empresa. Esa propuesta si es aceptada, los puestos de trabajo del nodo norte desaparecen”, adelantó.
Giustiniani también reclamó celeridad la Corte. “Le pidió al juez Lorenzini el expediente y estamos esperando que la Corte, antes de la feria, diga si devuelve el expediente o si se avoca al concurso”.
En respuesta a los planteos de Espíndola, el diputado integrante de la comisión de seguimiento explicó que “si se rechaza la propuesta, recién ahí se inicia el proceso de cram down. No tiene nada que ver el Estado con la apertura de ese proceso. Es la misma dinámica de la ley de concurso”. A su vez, precisó que la participación del Estado en la empresa mixta sería respecto a la acreencia que tiene de 340 millones.
“A los únicos que nos les interesa el ingreso al cram down es a los directivos de Vicentin, responsables de ir a un pasivo de 1350 millones, que es la estafa más grande de la historia de la provincia y de la Argentina”, remarcó el diputado.
“Acá los únicos que tuvieron un plan de despojo fueron los directivos de la empresa Vicentin”
El diputado de la UCR y también integrante de la comisión de seguimiento, Fabián Palo Oliver, fue un poco más vehemente en la respuesta a los cuestionamientos de Espíndola. En primer lugar, subrayó que la única propuesta que el juez Lorenzini podría homologar o no, “tiene para la terminal norte, de Avellaneda, un plazo de vida de 18 meses. En el plan de negocios no está incluido, no le interesa. Lo ha planteado en la propuesta y lo han manifestado en diferentes reuniones”. De todos modos, sobre ese punto, aclaró que la situación de los trabajadores del norte “deberá ser abordado por el Estado nacional” y admitió que “ese abordaje del Estado nacional se puede hacer con este plan de salvataje”.
“Con relación al despojo, acá los únicos que tuvieron un plan de despojo fueron los directivos de la empresa Vicentin. Los mismos que hace dos años decían que el tema se dejara en manos de la justicia, hoy hay tres causas con todo el directorio procesado por maniobras delictivas por parte de este empresariado”, le contestó a la diputada de la UCR. Y agregó: “Ojo con lo que se pretende instalar. Los únicos responsables de esta situación tienen nombres y apellidos. Hay una lista de 18 empresarios procesados por maniobras que afectaron al Estado y a privados”.
Sobre el rol de la Cámara de Diputados, Palo Oliver aclaró que “esta legislatura no interviene ni en el proceso concursal ni en la justicia penal” y recordó que “quien tomó la decisión de intervenir en el expediente fue el presidente de la Corte con la figura del avocamiento”.
“No estamos despojando a empresarios de sus bienes y tampoco estamos tomando medidas que atenten contra la propiedad privada”, reiteró el exintendente de Santo Tomé y aseguró que “la matriz de la comisión fue de mucho respeto y de tomar cada una de las decisiones y de elaborar los informes por unanimidad”.
Palo Oliver consideró que “llegó el momento de tomar decisiones, o por los menos, de tener definiciones políticas” y afirmó que “la comisión sabe de qué lado quiere estar: el de la justicia, de que los defraudadores paguen después del proceso judicial, que los trabajadores mantengan su fuente de trabajo y que se creen las condiciones para que no se extranjerice la empresa y quede en manos de empresarios nacionales y si ex mixta, mejor”.
Por último, advirtió: “Espero que no haya algún vivo o algún trasnochado que, cuando llegue el momento de que el juez Lorenzini apruebe o no la propuesta, quiera volcar la responsabilidad política a esta comisión o en esta Cámara. En todo el proceso, la responsabilidad de construir un acuerdo que beneficie a la mayoría es del directorio. Hasta el momento, eso no sucedió”.
“Es fundamental que se descubra dónde está el dinero”
Por último, el diputado del Frente Social y Popular e integrante de la comisión, Carlos Del Frade, dejó en claro que la problemática no gira en torno a los recursos. “El dinero que Vicentín necesita -esos 800 millones de dólares- responden a los 791 millones que 14 directivos de la empresa se llevaron en más de 4000 transferencias bancarias del Banco Nación de Reconquista. Se la llevaron a paraísos fiscales”, remarcó.
Del Frade recordó la audiencia llevada a cabo en el recinto de la Cámara de Diputados con la presencia de los directivos de Vicentin. “Nos dijeron en esta Legislatura que necesitaban esa cantidad de dinero, les dijimos que traigan la plata que se fugaron. Vicentin fue vaciada desde adentro con complicidad de funcionarios corruptos del Banco Nación y del Banco Central”, recordó.
Por último, explicó que la empresa, por su capacidad de producción y exportación, “en un mes podría saldar la deuda, si es que quisiera. La firma ha llegado a facturar por trimestre 4000 millones. No es problema de dónde sale el dinero”.