El ecocidio original

Santa Fe ha perdido del 82 % de sus bosques y montes naturales, por el modelo extractivista basado en el sojalismo exacerbado. Avanzan la erosión y las sequías, no como castigos de dioses malvados sino de los intereses que alientan el proceso económico basado en la explotación irracional de la naturaleza.

humedales
Fotografía: Mauricio Centurión

La matriz del ecocidio de La Forestal sigue vigente en la provincia de Santa Fe, consecuencia de la resignación política ante el poder económico regional y multinacional. 659.438 personas empobrecidas en un territorio que produce 50 mil millones de dólares y exporta 20 mil millones de dólares por año.

Con el 38,6 por ciento sin cloacas; el 14,4 por ciento sin agua corriente a pesar de vivir en un mapa recorrido por más de ochocientos kilómetros por el río Paraná y 48,2 por ciento sin gas de red; tríptico que marca las condiciones socioambientales adversas para grandes sectores de la población.

Por otro lado la provincia ha perdido del 82 por ciento de sus bosques y montes naturales, consecuencia del modelo extractivista basado en el sojalismo exacerbado, mientras avanza la erosión y las sequías no como castigos de dioses malvados sino de los intereses que alientan el proceso económico basado en la explotación irracional de la naturaleza, otra pauta de la matriz de La Forestal.

En relación a la contaminación del Paraná, es necesario recordar la experiencia de la llamada Comisión Intermunicipal por el Medio Ambiente que reunía intendencias y comunas de la zona sur de la provincia de Santa Fe, con Rosario como corazón y que duró muy poco. En 1987 se presentó el primer y último informe firmado por el ingeniero químico Roque Macciarelli que destacaba todo lo que las grandes empresas, la mayoría de ellas multinacionales, le tiraban al agua del otrora caudaloso Paraná. Desde plomo a aceites varias, desde sustancias orgánicas a productos químicos, aquella lista marcaba el desprecio por la biodiversidad y la impunidad de las grandes empresas para violar cualquier tipo de ley, sea nacional o provincial.

paraná

Tres décadas y media después, desde el Instituto de Pensamiento Popular “Soberanía”, una investigación filmada revela que hay por lo menos cien caños entre Villa Constitución y Timbúes, con la Cuna de la Bandera en el medio, que vierten sus desechos en el río. El informe sostiene que desde “hace por lo menos dos años, el nivel del río viene descendiendo hasta llegar a un pico histórico de bajante este año. Según el Instituto Nacional del Agua (INA), toda esa extensión sufre la bajante más pronunciada desde 1944 y se presenta, especialmente, desde Corrientes hacia el sur, donde desemboca en el río de la Plata”.

El río, que “en promedio tiene un caudal de unos 17.000 metros cúbicos por segundo, este año cayó hasta los 7.000 m3/s, apenas por encima del valor mínimo histórico de 5.800m3/s, registrado en 1944. Por ese motivo, en julio pasado el Gobierno declaró la “emergencia hídrica” por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná. Pero además de los problemas ambientales, logísticos y de aprovisionamiento de agua, la bajante dejó al descubierto otra cosa. Decenas de caños por donde se vierten desechos al río que con los niveles normales estaban bajo el agua, ocultos a la mirada pública y lo que es aún más grave al control”, añade. Remarca que “los desagües en algunos casos son obras regulares, en otros casos chorrean directamente desde la barranca, se pueden observar caños, vertientes de cemento y hasta verdaderas cataratas de desechos. Según pudimos contabilizar existen cerca de 75 vertientes industriales y cerca de 25 cloacales. Por fuera de los desague cloacales y pluviales, decenas de empresas vuelcan residuos industriales al río. Entre las que pudimos observar y documentadas se encuentran: Acindar, ADM Arroyo Seco, Dreyfus Gral Lagos, Cargill Gral Lagos, Basf, Malteria Holandesa; Cargill Punta Alvear; Paladini; Swift; Matievich; Unidad 6; Terminal Puerto Rosario; Celulosa; Molinos; Vicentin; A.C.A; Axion Energy Destileria; YPF  Destileria; Bunge; YPF Fertilizante; Cofco ( ex Nidera); Renova y las centrales Termo eléctrica Vuelta de Obligado y General San Martín.

A esta contaminación que sufre el Paraná hay que sumarle el deterioro que sufren sus barracas como consecuencia de la profundización del dragado de la vía troncal, más pensada para las multinacionales que para las poblaciones que producen las riquezas que luego se exportan por allí.

Por otro lado la provincia sigue sufriendo la democratización del veneno: la Sociedad Argentina de Pediatría publicó una investigación titulada “Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil”, en junio de 2021. Sostiene que en los últimos años el mercado argentino de agroquímicos aumentó de 100 mil Kg/litros en 1996 a 520 mil para el año 2018 pero que los plaguicidas comenzaron a utilizarse en los años cincuenta, fundamentalmente los herbicidas como el 2,4 D y los insecticidas clorados como el DDT y el clordano, especialmente en la lucha contra la langosta. Se remarca que el “proceso de modernización de la agricultura se incluye dentro de un proceso más amplio que es el de Artificialización de la naturaleza”. Hoy los pesticidas inciden en la vida de 12 millones de personas, entre ellas, tres millones de niñas y niños.

En la Argentina del presente, pensada más de afuera que desde sus entrañas, hay 107 plaguicidas prohibidos en todo el mundo pero que se usan en estos atribulados arrabales del mundo.

En la provincia de Santa Fe, como en otros territorios argentinos, de los 5264 productos comerciales de agroquímicos 55 son clasificados con la categoría la, 20 son con la categoría lb, 1447 con la categoría II y 2290 con la categoría III; por lo que 3812 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto. Estos productos son vendidos en la Argentina por 338 empresas.

Por otro lado los responsables de los incendios en los humedales gambetean la acción de la justicia al mismo tiempo que la política santafesina impuesta por los grandes partidos que han gobernado los cuarenta años de la democracia no quiere tratar la prohibición de cualquier actividad económica que se quiera realizar en los terrenos que hayan sufrido incendios intencionales.

La más contundente confirmación de la resignación de la política al poder económico regional y multinacional, la continuidad de la matriz de La Forestal.

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