La voz de los trabajadores de la Algodonera Avellaneda, parte del célebre Grupo Vicentin, que buscan solamente cobrar un seguro de desempleo o algo parecido a una indemnización resume, en su tono, la resignación que democratiza la impunidad de los delincuentes de guante blanco. Mientras tanto, la causa judicial es “es la nada misma”, según el juez Lorenzini.
Por Carlos del Frade
(APe).- –Quiero saber señor juez si puedo cobrar el seguro de desempleo – dijo un trabajador de muchos años de Algodonera Avellaneda, empresa textil del grupo Vicentin, una de las principales 32 firmas que componían el ecosistema cuando declaró el estrés financiero en diciembre de 2019.
La duda, cargada de tristeza y bronca, se escuchó el jueves 22 de octubre de 2026 en la audiencia pública que convocó Fabián Lorenzini, juez civil y comercial número dos de la ciudad de Reconquista, norte profundo de la provincia, cuna de aquella que fuera la primera exportadora de la Argentina.
Algodonera, como Vicentin, su empresa madre, entraron en un proceso de quiebra pero con continuidad laboral.
Trescientas familias dependen de su suerte aunque quedó claro que el tiempo se extenderá hasta tanto se logre “una mejor liquidación”, como sostuvieron los contadores a cargo.
De los 300 trabajadores, hay cien que ahora son presentados como “suspendidos”, que quedaron afuera de la fábrica en diciembre de 2025.
Fue allí que cobraron por última vez. Solamente 750 mil pesos. Diez meses atrás cobraron por última vez 750 mil pesos.
La voz de los trabajadores que buscan solamente cobrar un seguro de desempleo o algo parecido a una indemnización resume, en su tono, la resignación que democratiza la impunidad de los delincuentes de guante blanco.
El 8 de julio de 2020, el fiscal federal Gerardo Pollicita escribió que “una vez que los fondos se encontraban en la cuenta corriente de la firma en la misma entidad, los titulares de la firma Vicentín usaron parte del dinero para pagar gastos de la firma -tales como proveedores, impuestos, salarios- pero otra parte significativa de los fondos eran transferidos mes a mes a “cuentas propias” que la firma mantenía en otros bancos, por lo que el destino final de estos últimos resulta de momento desconocido”, decía aquella resolución.
El dinero del pueblo argentino iba a parar a una cuenta que tenía Vicentín sin “ninguna limitación” y desde allí, los señores empresarios, hicieron 1.418 transferencias a cuentas propias entre agosto de 2019 y enero de 2020.
Dinero del banco público para cuentas propias.
Un robo descarado al pueblo.
En la página 50 se informa que “de los casi de 800 millones de dólares y más de 2.000 millones de pesos que el Banco de la Nación Argentina a lo largo del período agosto a diciembre de 2019 tuvo en las cuentas en garantía de las deudas de Vicentín, al momento en que se efectuó la afectación de los fondos sólo se hallaron en las cuentas apenas poco menos de 8 millones de dólares, lo que demuestra la magnitud del daño ocasionado al patrimonio del Banco de la Nación Argentina”, dice Pollicita.
El jueves, cuando este cronista le preguntó al juez Lorenzini si podrían usar parte del dinero fugado por los entonces referentes de Vicentin tal como quedó demostrado en aquella causa federal, la respuesta fue demostrativa del poder de los filibusteros de cuello blanco.
–Esa causa es la nada misma…– fue la respuesta del juez.
Esa “nada misma” es responsabilidad de la cobardía política y judicial de distintos sectores que coronaron el carácter de intocables de aquellos empresarios que hoy se pasean sin problemas en la estragada geografía del norte santafesino.
La nada misma será pagada con el dolor de los trabajadores de Algodonera Avellaneda, los mismos que la hicieron grande y que hoy sufren formar parte del desprecio cotidiano de las minorías siempre protegidas por quienes deberían cuidar los derechos del pueblo.
Fuente: Audiencia Pública de la quiebra de Algodonera Avellaneda, Reconquista, jueves 22 de octubre de 2026; Requisitoria del fiscal a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal número 11, Gerardo Pollicita, del 8 de julio de 2020.