- Por Carlos del Frade para “Revista Crisis”
La violencia en Rosario es uno de esos problemas medulares de la Argentina contemporánea que aparecieron en carne viva ni bien comenzó la nueva etapa política. Rutinarios e inerciales, los medios de comunicación de alcance nacional cubren el conflicto con las mismas narrativas de siempre: el show policíaco, las intrigas de Palacio, la crónica amarilla. Pero en la principal ciudad de Santa Fe se vive esta nueva escalada como un punto de inflexión. ¿Cuáles son los actores principales? ¿Qué tabués hay que violar para atacar el corazón del asunto? ¿Y con qué fuerzas se cuenta?
El miércoles 18 de diciembre de 2019 el doctor Marcelo Saín, ministro de Seguridad del gobierno del peronista Omar Perotti, decidió el desplazamiento de treinta oficiales superiores de la Policía de Santa Fe (La Santafesina SA). También ordenó la intervención de la Unidad Regional XVII, en el departamento San Lorenzo, donde alguna vez iniciara su proyecto de liberación el correntino José de San Martín y por donde, en la actualidad, circula uno de los flujos de dinero más grueso de la Argentina: por allí se exporta el ochenta por ciento del cereal del país.
Un mes después, a 18 días de haberse iniciado el 2020, la ciudad de Rosario, ex geografía obrera, industrial y ferroviaria, presentaba 18 asesinatos en distintos barrios. La sucesión de los hechos ofrece una inocultable primera explicación: las bandas narcopoliciales lanzaron un contragolpe político mafioso contra las decisiones del Ministro y liberaron la zona para que distintas pandillas diriman sus cuitas a partir de ese otro negocio impune que es el contrabando de armas.
El gobernador, en tanto, aunque respalda la necesidad de profundizar la purga, tomó dos medidas acordes a la derecha cultural que alimenta grandes porciones del peronismo vernáculo y nacional: autorizar munición de guerra a los integrantes de La Santafesina SA y pedir el tercer desembarco de fuerzas federales al territorio en los últimos seis años, como si fueran ángeles incorruptibles portadores de la seguridad perdida.
la ruleta
El sábado 11 de enero cerca de las 22.30, en el mayor casino de América del Sur, el Citycenter, allí donde nace la autopista Rosario–Buenos Aires, fue asesinado el contador Enrique Encino. La víctima era titular del Banco Nación de la ciudad de Las Parejas, ubicada en el sudoeste de la Provincia. No existe relación alguna entre víctima y victimarios. La orden era tirar al casino sin importar si se mataba a persona cualquiera. Una vez más fue el Guille Cantero, desde el interior de un penal federal de la provincia de Buenos Aires.
La señal de alarma resultó inequívoca: por primera vez las bandas narcopoliciales mataban al voleo, lo que equivale a descender un escalón más en los círculos del infierno que imaginó Dante en La Divina Comedia. Un mensaje cercano al terrorismo, pues si se mata a cualquiera, cualquiera puede ser asesinado.
Las mayorías rosarinas, en tanto, hijas y nietas de generaciones de trabajadoras y trabajadores insistieron tozudamente con su apuesta por la pelea cotidiana y la tranquilidad. La vida colectiva no cambió a pesar de la seguidilla de crímenes. Hay prudencia pero no miedo. Los malos periodistas de Buenos Aires quisieron inventar una novela negra y amarilla, e incluso disfrazaron a sus cronistas con chalecos antibalas. Pésimo periodismo, mala literatura, perversos intereses.
el casino
El desarrollo del narcotráfico en Rosario es la síntesis de la destrucción del cordón industrial del Paraná, que en los años setenta era el segundo más importante en América del Sur, después de San Pablo. Cuando las fábricas cerraron en los barrios, los agujeros negros fueron ocupados por arterias que alimentan hace medio siglo el corazón despiadado del capitalismo: el narcotráfico y el contrabando de armas.
Pibas y pibes devinieron consumidores consumidos y esclavizados por esas mismas mafias narcopoliciales a ser vendedores encerrados durante horas o soldaditos inmolados en el altar del dios dinero. La otra cara de la misma moneda, siempre invicta e impune, es el lavado de dinero en bancos, clubes de fútbol o en el desarrollo inmobiliario, actividades que jamás sufren allanamientos, no solamente en Rosario sino en toda la Argentina.
Mientras miles de causas se abren por año en la provincia de Buenos Aires, la Capital Federal, Salta, Mendoza y Santa Fe (en ese orden numérico) por delitos contra la ley de estupefacientes, apenas algunas decenas van a parar a los despachos judiciales que intentan averiguar quiénes son los titiriteros de los negocios ilegales, los delincuentes de guante blanco. No en vano la ley de entidades financieras es la misma de la dictadura, la de 1977.
El único camino es profundizar el control político de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, no solamente desde los ejecutivos, sino también desde los cuerpos legislativos y el control ciudadano de esas fuerzas. La sangre derramada en Rosario es consecuencia de los negocios ilegales acumulados y disfrazados en el obsceno flujo de dinero legal que todavía nadie se animó a tocar en la provincia de Santa Fe en particular y en la Argentina en general.
Mafias o democracia parece ser la consigna en estos atribulados inicios de 2020.