Fuente: La Capital
El diputado provincial Carlos Del Frade (Frente Social y Popular, FSP) presentó un pedido de informes para que la Casa Gris, a través de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), siente posición respecto del informe final elaborado por el cuerpo de auditores forenses de Vicentin(en concurso preventivo), presentado el 16 de junio pasado.
“En su contenido, a lo largo de 256 páginas, el informe deja constancia de las innumerables irregularidades en el manejo comercial, las inconsistencias entre la situación patrimonial hasta fines de 2018 respecto de la del año posterior, cuando Vicentin Saic entra en cesación de pagos al tiempo que cambiaban las condiciones políticas del país, con la salida de Mauricio Macri del gobierno”, indicó el legislador.
Asimismo, el diputado indicó: “El informe consta de once capítulos. Los primeros dos contienen el resumen ejecutivo y la descripción del objeto del trabajo y la documentación analizada. El resto es una radiografía del funcionamiento y desvíos de la que fuera una de las primeras cerealeras exportadoras del país durante más de una década y que llegó a ser la líder en exportación de aceites y harinas. De allí pasó a ser la responsable de lo que los propios bancos acreedores extranjeros describieron, en medios especializados de Estados Unidos, como «posiblemente la mayor estafa en la historia del comercio de granos»”.
Radiografía
Del Frade también resaltó que el estudio “hace una precisa descripción de la relación y el funcionamiento de la concursada Vicentin Saic y el grupo de empresas satélites”.
“Hay que recordar que el juez (del concurso) Fabián Lorenzini rechazó en forma persistente considerar al conjunto de empresas como un mismo grupo, eludiendo extender a las satélites las mismas inhibiciones que ordenaba sobre la principal”, advirtió.
Además, el diputado enfatizó que “el sobreendeudamiento autoinfrigido, el desvío de recursos a empresas satélite, aumentos en el giro de negocios pero cada vez con un menor margen de utilidad, son los elementos a partir de los cuales una investigación encargada por el directorio del Banco Nación (BNA) planteó la sospecha de «maniobras de vaciamiento» y encubrimiento de fuga de capitales en la operatoria de Vicentin, utilizando incluso fondos públicos para su ejecución”.
“La deuda concursal con el Banco Nación se eleva a 300 millones de dólares. Los elementos aportados por la auditoría forense abonan esa hipótesis con mayor abundancia de información. Y no es él único aspecto en el que los supuestos delitos se ponen de manifiesto”, añadió.
En ese sentido, destacó que “se hace referencia a compensaciones entre empresas del grupo, especialmente entre Vicentin Saic y vinculadas en Uruguay”.
“Según los auditores, en muchas de esas transferencias no queda claro si se trata de venta de mercaderías, prestación de servicios, préstamos u otro tipo de transacción. Pero hay operaciones por montos millonarios”, agregó Del Frade.