Batería de proyectos para pueblos fumigados

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La Multisectorial Paren de Fumigarnos expresó ayer su apoyo a un paquete de tres leyes que impulsa el diputado Carlos del Frade en la Legislatura para el salvataje de los pueblos fumigados de la provincia. “El problema es grave”, dijo el legislador. Por lo tanto, es urgente “regular la aplicación de agrotóxicos para garantizar el derecho a la salud y un ambiente saludable” en poblaciones sometidas a la “fumigación sistemática” por un “modelo productivos” de tres patas: siembra directa, semillas transgénicas y creciente uso de plaguicidas”. Una de las propuestas prohíbe las fumigaciones aéreas en Santa Fe y ordena una “zona de exclusión libre de plaguicidas” de 1.500 metros en áreas urbanas y de 2.000 metros de las escuelas rurales. Es una reforma a la ley 11.273, la mal llamada ley de fitosanitarios de los años ’90, que ya fue cajoneada en la Cámara, donde perdió estado parlamentario seis veces. La segunda fomenta la producción agroecológica y la tercera es una ley de Silos que regula los establecimientos “dedicados a la recepción, clasificación, acondicionamiento, acopio y conservación de granos”.

Del Frade insistió con los tres propuestas. La reforma a la ley 11.273 la presentó el 5 de mayo de 2022. Y las otras dos en las últimas semanas. La ley de Silos el 20 de marzo y la de fomento a la producción agroecológica, el 27 de marzo. Ambas complementan la ley de agrotóxicos que reforma la “vieja y desactualizada ley 11.273, mal llamada de fitosanitarios, del año 1995, que perdió estado parlamentario seis veces en la Legislatura. Actualmente, está en la comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados”, recordó la Multisectorial en un documento que tituló: “De venenos, silos y alimentos”.

“La aprobación de este paquete de leyes aportaría muchísimo al cuidado de la salud” de los pueblos del interior, en resguardo de “sus territorios y su biodiversidad”, agregó.

“El modelo de producción” que se aplica en Santa Fe “hace casi tres décadas, se profundiza de manera acelerada año tras año”, provoca “impactos irreversibles en el ambiente en general y en los cuerpos de las personas, como consecuencia del uso obsceno de millones de litros de venenos en los campos de la provincia”, advirtió.

“Sobran las evidencias científicas, documentos y testimonios, que dan cuenta de lo tremendo que significa sostener esta forma de producción basada en semillas transgénicas, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos”.

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“Las enfermedades se multiplican, así como los abortos espontáneos, las niñas y niños nacidas/os con algún tipo de malformación. Los desmontes no se detienen, provocando inundaciones y sequías. Las napas y cursos de agua se contaminan, mueren masivamente peces. Las quemas de humedales no se interrumpen”. Y se profundiza “el éxodo de personas hacia las grandes ciudades, donde engrosan los cordones de pobreza”.

“Es urgente, tratar los tres proyectos”, reclamó la Multisectorial. Por tres razones, que también mencionó:

*Alejar paulatina y paliativamente los tóxicos de las zonas urbanas, escuelas rurales y cursos de agua.

*Erradicar los silos de acopio instalados en el corazón de buena parte de las 365 localidades de la provincia.

*Y para que el Estado santafesino fomente la producción de alimentos sanos, soberanos y de cercanía para toda la población.

Del Frade coincidió que el problema de los pueblos fumigados es “cada vez más grave”. “Es urgente regular el uso de agroquímicos para garantizar el derecho a la salud y a un ambiente saludable” en pueblos sometidos a la “fumigación sistemática” por un modelo productivo de tres patas: siembra directa-semillas transgénicas-creciente uso de plaguicidas.

Ante la “magnitud del uso de agroquímicos” en Santa Fe y la “fragilidad de la salud” en los pueblos fumigados “es fundamental prohibir todo tipo de fumigaciones aéreas de plaguicidas en todo el territorio provincial”, planteó el legislador.

Y en el caso de las fumigaciones terrestres, “es imperioso dejar una zona de exclusión de libre de agroquímicos” de 1.500 metros en áreas urbana y de 2.000 metros en áreas de escuelas rurales.

Y también “prohibir la venta libre de estos productos agroquímicos nocivos para la salud y el ambiente ya que es costumbre de muchos ciudadanos utilizarlos de forma habitual para la aplicación doméstica, careciendo de la protección adecuada para la manipulación de estas sustancias, y de la información pertinente sobre su toxicidad y su implicancia en la salud, potenciando así el riesgo ya que estas aplicaciones son imposibles de ser controladas”, concluyó Del Frade.

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