Día el ambiente en Santa Fe

LA CONTINUIDAD DE LA FORESTAL

  • Por Carlos del Frade

La matriz del ecocidio de La Forestal sigue vigente en la provincia, consecuencia de la resignación política ante el poder económico regional y multinacional.

659.438 personas empobrecidas en un territorio que produce 50 mil millones de dólares y exporta 20 mil millones de dólares por año.

Con el 38,6 por ciento sin cloacas; el 14,4 por ciento sin agua corriente a pesar de vivir en un mapa recorrido por más de ochocientos kilómetros por el río Paraná y 48,2 por ciento sin gas de red; tríptico que marca las condiciones socioambientales adversas para grandes sectores de la población.

Por otro lado la provincia ha perdido del 82 por ciento de sus bosques y montes naturales, consecuencia del modelo extractivista basado en el sojalismo exacerbado, mientras avanza la erosión y las sequías no como castigos de dioses malvados sino de los intereses que alientan el proceso económico basado en la explotación irracional de la naturaleza, otra pauta de la matriz de La Forestal.

En relación a la contaminación del Paraná, es necesario recordar la experiencia de la llamada Comisión Intermunicipal por el Medio Ambiente que reunía intendencias y comunas de la zona sur de la provincia de Santa Fe, con Rosario como corazón y que duró muy poco. En 1987 se presentó el primer y último informe firmado por el ingeniero químico Roque Macciarelli que destacaba todo lo que las grandes empresas, la mayoría de ellas multinacionales, le tiraban al agua del otrora caudaloso Paraná. Desde plomo a aceites varias, desde sustancias orgánicas a productos químicos, aquella lista marcaba el desprecio por la biodiversidad y la impunidad de las grandes empresas para violar cualquier tipo de ley, sea nacional o provincial.

Tres décadas y media después, desde el Instituto de Pensamiento Popular “Soberanía”, una investigación filmada revela que hay por lo menos cien caños entre Villa Constitución y Timbúes, con la Cuna de la Bandera en el medio, que vierten sus desechos en el río. El informe sostiene que desde “hace por lo menos dos años, el nivel del río viene descendiendo hasta llegar a un pico histórico de bajante este año. Según el Instituto Nacional del Agua (INA), toda esa extensión sufre la bajante más pronunciada desde 1944 y se presenta, especialmente, desde Corrientes hacia el sur, donde desemboca en el río de la Plata”.

El río, que “en promedio tiene un caudal de unos 17.000 metros cúbicos por segundo, este año cayó hasta los 7.000 m3/s, apenas por encima del valor mínimo histórico de 5.800m3/s, registrado en 1944. Por ese motivo, en julio pasado el Gobierno declaró la “emergencia hídrica” por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná. Pero además de los problemas ambientales, logísticos y de aprovisionamiento de agua, la bajante dejó al descubierto otra cosa. Decenas de caños por donde se vierten desechos al río que con los niveles normales estaban bajo el agua, ocultos a la mirada pública y lo que es aún más grave al control”, añade. Remarca que “los desagües en algunos casos son obras regulares, en otros casos chorrean directamente desde la barranca, se pueden observar caños, vertientes de cemento y hasta verdaderas cataratas de desechos. Según pudimos contabilizar existen cerca de 75 vertientes industriales y cerca de 25 cloacales. Por fuera de los desague cloacales y pluviales, decenas de empresas vuelcan residuos industriales al río. Entre las que pudimos observar y documentadas se encuentran:

Acindar, ADM Arroyo Seco, Dreyfus Gral Lagos, Cargill Gral Lagos, Basf, Malteria Holandesa; Cargill Punta Alvear; Paladini; Swift; Matievich; Unidad 6; Terminal Puerto Rosario; Celulosa; Molinos; Vicentin; A.C.A; Axion Energy Destileria; YPF Destileria; Bunge; YPF Fertilizante; Cofco ( ex Nidera); Renova y las centrales Termo eléctrica Vuelta de Obligado y General San Martín.

A esta contaminación que sufre el Paraná hay que sumarle el deterioro que sufren sus barracas como consecuencia de la profundización del dragado de la vía troncal, más pensada para las multinacionales que para las poblaciones que producen las riquezas que luego se exportan por allí.

Por otro lado la provincia sigue sufriendo la democratización del veneno: la Sociedad Argentina de Pediatría publicó una investigación titulada “Efecto de los agrotóxicos en la salud infantil”, en junio de 2021. Sostiene que en los últimos años el mercado argentino de agroquímicos aumentó de 100 mil Kg/litros en 1996 a 520 mil para el año 2018 pero que los plaguicidas comenzaron a utilizarse en los años cincuenta, fundamentalmente los herbicidas como el 2,4 D y los insecticidas clorados como el DDT y el clordano, especialmente en la lucha contra la langosta. Se remarca que el “proceso de modernización de la agricultura se incluye dentro de un proceso más amplio que es el de Artificialización de la naturaleza”. Hoy los pesticidas inciden en la vida de 12 millones de personas, entre ellas, tres millones de niñas y niños.

En la Argentina del presente, pensada más de afuera que desde sus entrañas, hay 107 plaguicidas prohibidos en todo el mundo pero que se usan en estos atribulados arrabales del mundo.

En la provincia de Santa Fe, como en otros territorios argentinos, de los 5264 productos comerciales de agroquímicos 55 son clasificados con la categoría la, 20 son con la categoría lb, 1447 con la categoría II y 2290 con la categoría III; por lo que 3812 tienen toxicidad más peligrosa que el Roundup de Monsanto. Estos productos son vendidos en la Argentina por 338 empresas.

El problema es político y queda resumido en los anoréxicos números del presupuesto destinado al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático.

Los presupuestos provinciales destinados al cuidado del ambiente y la biodiversidad en Santa Fe, desde 2018 a 2023, marcan una constante: siempre son partidas que representan entre el 0,10 y el 0,12 por ciento del total de gastos anuales.

Entre diez y doce centavos cada cien pesos.

Cifra anoréxica que releja la subordinación de lo ambiental ante los mandatos de la producción del modelo extractivista.

En 2018 hubo 228 millones 946 mil pesos, un 0,11 por ciento del total.
En 2019, 289 millones 97 mil pesos, un 0,10 por ciento.
En 2020, 452 millones 210 mil pesos, 0,10 por ciento.
En 2021, 719 millones 272 mil pesos, 0,13 por ciento.
En 2022, mil 92 millones 818 mil pesos, 0,12 por ciento.
En 2023, 2 mil 375 millones 174 mil pesos, 0,12 por ciento
.

Dentro de este presupuesto 2023, se destacan los 387 millones 200 mil pesos vinculados a la “atención de la gestión de los residuos sólidos urbanos”.

Para la “acción climática”, 239 millones de pesos.

Lo relacionado a “bosques nativos”, 236 millones 926 mil pesos, suma de dinero que no parece detener la desaparición de los montes y bosques naturales que desde 1914 al presente ya alcanza al 90 por ciento de lo que existía en aquellos momentos iniciales del siglo pasado. Para una “misteriosa” evaluación ambiental existen partidas por 164 millones 926 mi pesos. En “Educación e investigación ambiental” solamente 111 millones 926 mil pesos. Con respecto a la “conservación de la fauna silvestre”, 49 millones de pesos. Para “control ambiental” 42 millones de pesos. ¿Cuántas personas serán las encargadas de controlar el ambiente santafesino?. Esto también es un enigma. Y la asignatura “plantar el futuro”, 38 millones de pesos.

Las cifras del presupuesto son el verdadero tamaño de la importancia que los gobiernos le dan a los temas, las cosas y las personas.

Mientras tanto avanzan los proyectos inmobiliarios sobre zonas protegidas como “Damfield” en plena presa retardataria del arroyo Ludueña que sigue sufriendo contaminaciones permanentes.

En San Jorge, en tanto, más allá de la decisión del principio precautorio de no fumigar a menos de 800 metros del casco urbano como definió el juez Tristán Martínez en 2008, las aspersiones se hacen a doscientos metros, imponiéndose los intereses de ciertos productores a los fallos judiciales como también ocurre en Sastre y Ortiz.

La idea de generar una reserva nacional en Jaukanigás, en el norte provincial, es rechazada por los propietarios de tierras que, además, exigen respetar sus supuestos derechos sobre tierras fiscales en la zona de islas, remarcando el concepto de la explotación irracional de los bienes comunes en pos de intereses individuales.

Por otro lado los responsables de los incendios en los humedales gambetean la acción de la justicia al mismo tiempo que la política santafesina impuesta por los grandes partidos que han gobernado los cuarenta años de la democracia no quiere tratar la prohibición de cualquier actividad económica que se quiera realizar en los terrenos que hayan sufrido incendios intencionales.

La más contundente confirmación de la resignación de la política al poder económico regional y multinacional, la continuidad de la matriz de La Forestal.

Un ambiente sano será consecuencia de una política soberana en lo económico, político, intelectual y ambiental para lograr democratizar la felicidad.

  • Carlos del Frade, diputado del Frente Social y Popular


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