El Estado estúpido

Viterra, AGD, Molino Agro, Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco y ACA exportan el 94% del aceite

vicentin

“Esto lo va a resolver el mercado, no tenemos que meternos”. Era febrero de 2020, todavía no había señales de ninguna medida de aislamiento social por la crisis del coronavirus y faltaban cuatro meses para que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, improvisara en cámara un anuncio sobre la estatización de Vicentin. La cerealera ya estaba en situación de quiebra y en cesación de pagos. Algo había que hacer ante un desguace preanunciado y el enorme quebranto que quedaba para el Banco Nación.

Sin embargo, a principio de la gestión Fernández, su ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, había dado la directiva al BNA de no mover ninguna ficha. Se lo había comunicado directamente a Eduardo Hecker, titular del banco y hombre cercano al ex funcionario. La escena se completa con otro dato: dentro de la entidad habían quedado dos directores de la gestión macrista, presentados por Hecker como “conocedores del banco”, que colaborarían con la nueva gestión: Marcelo Pose y Javier Oceñuk, actores claves en el otorgamiento del ruinoso préstamo a Vicentin a días de la finalización del mandato de Macri. Cuando arreciaron las denuncias contra la cerealera, tuvieron que dar un paso al costado.

“Una empresa que sirva para dar señales, que sea testigo en el mercado de los alimentos”, había dicho Fernández el día en que anunció la intervención de la sociedad y adelantaba su idea de nacionalización sin tener redactado un borrador de proyecto ni una idea clara de cómo hacerlo. Una muestra de la falta de coordinación oficial que se impondría hacia adelante. Más de dos años después, Cristina Fernández de Kirchner le puso título a esta saga, aunque no hablara específicamente de esto: “Un Estado estúpido”.

Luego de que la Suprema Corte de Santa Fe resolviera meterse dentro del expediente de la quiebra para analizar lo actuado por el juez Fabián Lorenzini, Alberto Fernández volvió a instalar la idea de una empresa testigo en el mercado granario, un proyecto más que estratégico. Sin embargo, otra vez reinaron las caras de desconcierto.

Ante este nuevo limbo, el establishment se apuró a sacar sus tanques argumentativos. Los creadores del slogan “Todos somos Vicentin” no perdieron tiempo y empezaron a desempolvar carteles. La Cámara que nuclea a los grandes exportadores emitió un comunicado para decir que de ninguna manera se avalaría una empresa testigo “en un mercado muy transparente”, mientras que el Foro de Convergencia Empresarial reflotó un texto de 2015 para cuestionar toda injerencia del Estado en la actividad económica.

El goce de la concentración

El pasado 16 de junio, el juez de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe, Francisco Gutiérrez, primo del Lole Reutemann, emitió una resolución para meterse dentro del expediente del concurso y evaluar lo actuado por Lorenzini ante las reiteradas denuncias del Banco Nación sobre todo lo acontecido durante el proceso. El principal señalamiento es que los dueños de Vicentin propusieron una quita del 75% de lo adeudado a los diferentes acreedores más la venta de un activo clave, Renova, como forma de pago. El Banco Nación entiende que los activos de la compañía no podrían tocarse mientras siga el concurso.

El mismo día en que intervino la Corte santafesina, el abogado de Vicentin, Guido Ferullo, presentó ante Lorenzini la totalidad de los avales conseguidos hasta entonces: 996 conformidades por un total de 11.529.843.034 pesos. Es decir, construyó su mayoría para lograr que se apruebe su propuesta de desguace.

Una pregunta que se hacen los síndicos del Banco Nación que analizaron todo el proceso es qué harán los bancos internacionales. Un día antes de la decisión del supremo santafesino, el apoderado de la Corporación Financiera Internacional planteó que para votar la propuesta hecha por Vicentin debían renunciar al comité de acreedores que oportunamente había creado el juez del concurso. La jugada fue entendida como un aval a la propuesta de los privados. La CFI forma parte del Banco Mundial, por ende es de suponer que los bancos internacionales que forman parte del concurso se alinearán detrás de su decisión.

La estrategia de desguace tiene como socios principales a Viterra (ex Glencore, donde participa con un 6% de las acciones el fondo buitre BlackRock) y ACA, la cooperativa de Coninagro. La sociedad de los Perez Companc, Molinos Río de la Plata, se bajó de la jugada. Quien asomó su cabeza para quedarse con los activos de la concursada en reemplazo de Molinos fue Bunge, aunque todavía no hay nada formalizado.

El año pasado, Viterra (que antes del cambio de nombre operaba en el país como Oleaginosa Moreno) ocupó el puesto número uno en la exportación de aceites con más de 8,5 millones de toneladas, mientras que Bunge fue la quinta y ACA la octava.

“La agroexportación rechaza la creación de una empresa testigo. Las declaraciones presidenciales en relación al proceso judicial de la empresa Vicentin y del concurso de acreedores no se corresponden con las condiciones del mercado de granos en Argentina, donde tenemos el mayor grado de desconcentración de empresas exportadoras”, sostuvieron desde la cámara que nuclea a las cerealeras (CIARA – CEC).

En 2021, ocho sociedades concentraron el 94% de las exportaciones de aceites (Viterra, AGD, Molino Agro, Cargill, Bunge, Dreyfus, Cofco y ACA). A eso le llaman desconcentración, y por supuesto no quieren tener los ojos estatales cerca.

La mano del buitre

La propuesta de Vicentin, con una quita del 75% y con la venta de Renova para juntar recursos, no es una iniciativa para relanzar la empresa sino todo lo contrario. El sentido de todo concurso de acreedores es mantener a flote una sociedad, no liquidarla. Pero el escenario actual es de un desguace donde Glencore (Viterra) pasaría a quedarse con el mayor activo: Renova.

“Una empresa es capital acumulado y organizado para producir bienes y servicios, generar empleo, etc. En el concurso preventivo el Estado por medio de la ley de concursos le permite al deudor intentar un acuerdo con sus acreedores con quitas y esperas porque el fin de la ley es preservar la empresa. No liquidarla. Es un instrumento para preservar unidades productivas, no para que los deudores licúen deudas o defrauden a quienes confiaron en ella. Esto es un punto conceptual, no formal”, explica el abogado Enrique Hidalgo, autor de El Cohete. y concluye: “Para los que consideran que Vicentin podría ser una empresa testigo controlada por el Estado, sobre lo que no opino, deberían garantizarse de que hoy exista una empresa como tal”.

“En caso de que la Corte diga que está todo mal y se entierre lo actuado por Lorenzini, se abre la posibilidad del cramdown (que el Estado haga su propuesta de salvataje). Pero eso no alcanza. Si Alberto Fernández decidiera participar tendría que sumar a privados para no hacerse cargo del conjunto de las deudas y armar una estrategia de reconversión a largo plazo”, explica Sergio Arelovich, coordinador del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) y ex síndico del BNA dentro del concurso.

Esta semana, el BNA presentó un escrito en el que solicitó el inicio formal del cramdown. “El 28 de abril, la concursada, a través del presidente de su pretensamente remozado directorio, Omar Adolfo Scarel, procedió a aceptar la oferta de compra de acciones de Renova efectuada por Viterra, interesado estratégico del foráneo Grupo Glencore, pese a existir una interdicción vigente en sede penal al respecto”, puede leerse en la presentación del banco público. Es el detalle del desguace señalado por Hidalgo.

El desarme parece la metodología de los dueños de la cerealera. En 2019, a pocos días de que finalizara el gobierno de Mauricio Macri, Glencore/Viterra aumentó su participación en Renova y pasó a controlar el 66% de las acciones, a partir de un supuesto pago de 122 millones de dólares. Se sabe que BlackRock oficia de financista de Glencore desde hace años. El fondo que lidera Fink posee el 6% de las acciones de la suiza.

Parte del dinero que se pagó por esa operación quedó retenido por el Rabobank (26 millones de dólares), otro socio de BlackRock desde 2013, según consta en la auditoría forense realizada en el marco del concurso de acreedores. Las sumas de dinero adeudadas por Vicentin a Rabobank, según su propia presentación dentro del concurso, ascienden a los 23,6 millones de dólares. Uno de los últimos desembolsos del banco holandés tuvo como destino Glencore, transferencia solicitada por Vicentin Paraguay.

¿Qué hará la Corte de Santa Fe ante este escenario? Es una incógnita. La idea que prevalece en dicho tribunal es tomarse tres meses para ordenar todo lo actuado por Lorenzini y esperar que el magistrado “se aparte solo del expediente”. Si la jugada fuese esa, tal como la describió a este cronista el legislador provincial Carlos De Frade, el Estado tendría ese tiempo para concretar alguna propuesta un poco más robusta que la del 2020.

“El Estado tiene que meterse y producir esta idea de empresa mixta para hacer algo diferente, con participación ciudadana y de los productores. El Estado no debería poner un peso a partir de lo que Vicentin le debe al Banco Nación. Hay que hacer algo, sino el comercio de granos será cada vez más extranjero”, resume Del Frade.

Salida a la Pescarmona

Si bien Kulfas había abogado por una solución de mercado en los albores del comienzo de su gestión, las idas y vueltas con la empresa, sumadas a sus varias causas judiciales por estafa y lavado de activos, que incluyen la detección de la AFIP de maniobras de evasión por 111 millones de pesos a través de facturas y empresas apócrifas, llevaron a Desarrollo Productivo a pensar en una salida a la “Pescarmona”. Es decir, que el Estado pudiera capitalizar los derechos que tiene a través de los bancos públicos y quedarse con una parte de la sociedad, junto a un grupo de productores encabezados por el Grupo Grassi.

Tras la decisión de la Corte santafesina de analizar el proceso del concurso, Alberto Fernández volvió sobre el tema de la empresa mixta pero en el Banco Nación no tenían ninguna información al respecto. De hecho, sabían de la “salida a la Pescarmona” de Kulfas aunque nunca se colectivizó la iniciativa, que también debería involucrar al Ministerio de Agricultura, al menos en la búsqueda de avales entre productores y cooperativas.

“Esta discusión está en sede judicial. Cuando tengamos una resolución del proceso podría dar mi opinión. Sobre el Banco Nación hubo un problema de un crédito sin respaldo, las autoridades están defendiendo el patrimonio del propio banco. Cuando sepamos de qué se trata la situación, yo podría dar mi opinión sobre el tema”, respondió Julián Domínguez, ministro de Agricultura, tras ser consultado esta semana durante una exposición en la Cámara de Diputados.

Poner primera (o primerear)

Tanto Del Frade como Arelovich indicaron que el Estado debería poner primera, acelerar su propuesta de empresa mixta y buscar los consensos necesarios para evitar que los lobbistas del sector agropecuario concentrado saquen nuevamente sus carteles de “Todos somos Vicentin”.

El caso es mucho más que una posible quiebra societaria. Es un prisma para analizar la frase de CFK durante su discurso en Avellaneda. ¿Hay un estado estúpido con poca actitud para desarmar las diferentes estafas contra el pueblo? ¿El Estado recauda todo lo que puede por los derechos de exportación? ¿O las grandes cerealeras se valen de los precios de transferencia, las triangulaciones y la planificación fiscal nociva para pagar menos?