Organizaciones sociales y políticas nucleadas en el Foro por la recuperación del Paraná realizaron una radio abierta donde participaron, entre otros Mempo Giardinelli, Alcira Argumedo, Luz Olazagoitía y Luciano Orellano
- Fuente: “La Capital“
La recuperación del río Paraná y su soberanía económica fue la convocatoria que reunió a un grupo de organizaciones políticas y sociales este lunes en Rosario, a través de una radio abierta que busca poner en debate el futuro de la hidrovía Paraná-Paraguay a pocos días del vencimiento del contrato de concesión de la operatoria de dragado y balizamiento de la vía navegable, que operar{a el próximo 30 de abril.
En el marco de la actividad, convocada por el “Foro por la recuperación el Paraná” y definida como “un río de voces”, el escritor y periodista Mempo Giardinelli -integrante junto a un numeroso grupo de intelectuales y políticos del espacio Manifiesto Argentino- reiteró el pedido al gobierno nacional para la realización de una consulta popular con carácter vinculante para decidir sobre el futuro de la vía navegable. “Creemos que el 80% de los argentinos estará de acuerdo con preservar la soberanía”, dijo.
La discusión sobre el avance en el llamado a licitación iba a continuar hoy en Rosario, donde estaba convocado el Consejo Federal Hidrovía conformado por los gobernadores de las siete provincias que lo integran, ministros nacionales, asociaciones, universidades, entidades, cámaras y gremios. Sin embargo, el encuentro fue suspendido hasta nuevo aviso por la Secretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante debido al fallecimiento del ministro de Transporte, Mario Meoni.
“Ojalá Rosario haga punta en la lucha contra los que quieren privatizar el río, que es una estafa”, dijo Giardinelli en la radio abierta conducida por el diputado provincial del Frente Social y Popular, Carlos del Frade, y la concejala de ese espacio Luz Olazagoitía.
“La riqueza argentina es robada, esquilmada, sacada de manera vil cuando podríamos simplemente, con un buen manejo del Paraná, pagar nuestra deuda en 10 años y vivir tranquilos”, indicó Giardinelli y consideró que el gobierno “no la ve clara”.
Del Frade explicó que durante el año 2020 por las cinco Aduanas de Santa Fe pasaron 21 mil millones de dólares, mientras que en paralelo hay 212 mil personas empobrecidas en el Gran Santa Fe y 506 mil en el Gran Rosario. “Se llevan la riqueza y nos queda la pobreza, por es es fundamental discutir quién se queda con las ganancias que salen del Paraná”, apuntó.
En ese marco, Giardinelli arremetió contra lo que llamó “la privatización del Paraná”, que arrancó con la concesión del dragado, balizamiento y peaje durante el gobierno de Carlos Menem a partir de 1995. “Hace seis meses nadie sabía nada de esto, era un tema escondido y algunos pioneros se dieron cuenta y lo advirtieron”, agregó al referirse no sólo a su labor sino además al que hicieron “la senadora nacional por Santa Fe, María de los Angeles Sacnun, quien señaló en el Congreso la necesidad de revisar la concesión, y luego su colega Jorge Taiana, quien planteó la recuperación del Canal Magdalena como complemento necesario para la plena soberanía nacional sobre la mal llamada hidrovía”, dijo.
También se refirió a la labor de la intelectual y ex diputada Alcira Argumedo y otros especialistas como el ingeniero Horacio Tettamanti y en Rosario, Luciano Orellano y el propio Del Frade.
“Hay que acabar con esto y sentar soberanía en términos tanto fluviales como marítimos”, sostuvo Giardinelli y añadió: “Estamos luchando por esto y para que las compañías que están beneficiándose de manera abusiva trabajen y paguen sus impuestos tanto nacionales como provinciales (ingresos brutos) y se sometan a las leyes argentinas”.
En ese punto, la socióloga Alcira Argumedo recordó que el proceso de privatizaciones iniciado en los 90 estuvo acompañado no sólo de la concesión de la hidrovía, sino “de la destrucción de la flota mercante argentina y de los ferrocarriles”, un proceso “devastador” que le dio “impunidad a los grupos exprotadores que hacen que quieren y resisten cualquier cambio”.
Por eso, para Argumedo repensar el modelo para la hidrovía “no es solo soberanía sino de supervivencia”.
Marcha y contramarcha
Para Giardinelli es clave dar marcha atrás con el decreto 949/20 que firmó el presidente Alberto Fernández y se publicó el 26 de noviembre del año pasado, por el cual se dispone el llamado a licitación pública para la realización de obras con peaje en la hidrovía, “vía navegable comprendida entre el kilómetro 1.238 del Río Paraná y el kilómetro 239 del canal de Punta Indio, en el Río de la Plata”.
Esa decisión echó por tierra el anuncio que meses antes había realizado Fernández en Punta Quebracho, quien firmó con los gobernadores de siete provincias el acuerdo federal por la hidrovía. En ese momento anunció junto a los mandatarios de Santa Fe, Buenos Aires, Chaco, Formosa, Misiones, Corrientes y Entre Ríos la creación de una sociedad del Estado, con participación de esas provincias, para llevar adelante la licitación a través de la cual se contratará al nuevo concesionario del servicio de dragado y balizamiento del río Paraná desde Santa Fe hasta el Océano.
Para Giardinelli es clave volver a esa idea original y pensar este proceso desde otro lugar. “Hay tiempo de tomar una buena decisión que es crear ese ente nacional donde participen todas las provincias, para generar trabajo argentino, recuperar la industria de astilleros y el dragado”, indicó y “todos los barcos que ingresen al país bienvenidos sean, pero pagando impuestos y siendo sometidos al control de la UIF, del Senasa y de las Prefectura Naval”.
“Tengo la ilusión y no descarto que el presidente vuelva atrás y recupere su idea anterior”, agregó.
Luciano Orellano, dirigente nacional y del regional Santa Fe del Partido Comunista Revolucionario (PCR) y autor del libro “Argentina sangra por las barrancas del río Paraná”, señaló que el país “no controla su comercio exterior y al no hacerlo queda totalmente en manos extranjeras”.
Orellano indicó que “si no controlamos nuestro comercio exterior no tenemos soberanía monetaria ni sobre nuestras riquezas y nuestro río”. Recordó que “la gran autopista fluvial por donde entran 5.000 buques al año y se mueven 127 millones de toneladas de cargas, está en manos de una empresa belga (Jan de Nul) y acá no queda nada”.
Por eso interpeló tanto al gobierno nacional, como provincial y municipal a analizar este tema, y apuntó que en cuencas similares como las del Mississippi en Estados Unidos, el control del dragado y balizamiento lo realiza la Marina de ese país. “No hay imperio que no quiera la Cuenca del Plata y no sabemos por qué aún no tenemos una propuesta para recuperarla”, dijo el dirigente al hacer un pedido expreso al gobernador Omar Perotti en este sentido.
En ese punto, Argumedo insistió con la idea de revisar la salida indiscriminada de riquezas del país. Recordó el trabajo realizado por sociólogos tucumanos, el cual permitió comprobar cómo la compañía Minera La Alumbrera (con puerto en el Gran Rosario) “realiza declaraciones juradas por la salida de tres metales cuando en rigor son 28 metales, muchos de ellos más valiosos que el oro como son las tierras raras, insumos clave para productos de tecnología avanzada”, dijo, generando un “contrabando anual de 8.200 millones de dólares”, agregó. Una empresa, que además, tiene como accionista al fondo de inversión BlackRock que es uno de los principales tenedores de la deuda argentina.
Argumedo planteó que esos procesos de subfacturación también se repiten en agroexportadoras, como el caso de Vicentin. “Todas esto representa una vena abierta en un país que pasó del 6% de pobreza en 1974 a tener un 60% de niños pobres en la actualidad”, dijo y concluyó: “Si no frenamos esto, no tenemos futuro”.
María Rosa Carreño, dirigente de ATE, trabajadora de Construcciones Portuarias, hoy Dirección Nacional de Vías Navegables, dependiente de la delegación Paraná inferior, calificó como “un proceso de vaciamiento” al que se sometida la dependencia estatal tras la concesión en los años 90.
“Trabajo hace 40 años y nos fueron despojando de todo”, dijo la trabadora quien relató que en los años 80 había 325 agentes en esa dependencia y hoy apenas son 12, que tienen a su cargo las tareas de balizamiento que consiste en mantener las boyas de iluminación en el tramo navegable; el control de la altura del río y de la red troncal. “Son las únicas funciones que nos dejaron”, dijo y agregó que hoy son “casi un ente residual” con personal que está contratado. “Hay cinco agentes, que son los inspectores que hacen los relevamientos y el balizamiento y cuatro están bajo un contrato de renovación trimestral”, indicó la dirigente de ATE.
Para Carreño, “nadie se ocupó de reflotar todo esto y nosotros estamos en condiciones de hacer la tarea”. Dijo al respecto que “la empresa Jan de Nul tiene nuestra draga y con los años se llevó parte del personal flotante que teníamos, con lo cual, nos fueron desmantelando desde todos los lugares”, planteó.
En función de que el contrato de concesión a cargo del consorcio que conforman la empresa belga Jan de Nul y la local Emepa finaliza a fin de mes, fuentes vinculadas a las provincias atravesadas por la hidrovía señalan que es muy probable que en las próximas horas el Poder Ejecutivo Nacional prorrogue el contrato por entre tres meses, para dar forma al llamado a licitación, situación que se complejizó con la muerte del ministro Meoni que tenía a su cargo esa tarea.
La semana pasada, las entidades que representan al sector industrial y agroexportador le manifestaron al fallecido funcionario su “preocupación” por “la falta de información pública” sobre cómo se garantizará la navegabilidad en el Sistema de Navegación Troncal (SNT) de los ríos Paraná y del Plata a pocos días del vencimiento del contrato de concesión con la empresa Hidrovía SA, que tiene a su cargo las tareas de dragado y balizamiento de la traza.